Gastar mejor: ¿quién dice yo?

Una postura firme sobre la urgente regulación del Ramo 23 sería una señal tangible de seriedad de los potenciales titulares de la administración pública federal.

Por: Mariana Campos (@mariana_c_v), Liliana Ruiz (@Liliana_Ruzi)  y Alejandro García (@myosus)

Quien sea que triunfe en la elección presidencial de julio va a requerir recursos públicos para llevar a cabo sus promesas. Especialistas del tema, como la OCDE, estiman que un paso que debe dar una nueva administración será llevar a cabo una Reforma Fiscal, pero la realidad es que no habrá recaudación de impuestos que alcance si se continúa con las malas prácticas en el ejercicio de los recursos. Una reforma de esta naturaleza no hace sentido económico si no se acompaña de mejoras en el manejo del gasto.

De esta forma, el “Ramo 23” Provisiones Salariales y Económicas, puede servirnos como primer punto –básico – que debamos exigir a los candidatos presidenciales. Una postura firme sobre la urgente regulación de este cajón de gasto sería una señal tangible de seriedad de los potenciales titulares de la administración pública federal.

¿Por qué es tan importante un compromiso con cerrar esta llave de gasto? Como ya es sabido, este Ramo no está reglamentado en la ley y por lo tanto, no tiene un objetivo claro. Eso por sí mismo ya es un tema que prende focos rojos. En el Ramo 23 hay programas sin reglas de operación a través de los cuales se gastaron 318 mil millones de pesos en los cinco años que lleva está administración[1]; se trata de un monto equivalente al 30% del aumento en los ingresos tributarios motivado por la reforma hacendaria y el aumento en los impuestos a las gasolinas. Además, el incremento de presupuesto hacia estos programas ha ocurrido sin el respaldo de una evaluación del desempeño que justifique los recursos adicionales. Un requisito que, por cierto, la ley llama a cumplir en materia de asignación y reasignación del presupuesto[2].

En este contexto los programas de subsidios son proclives a utilizarse de manera política. En la “Arquitectura del Ramo 23” describimos cómo los recursos de estos se llegan a utilizar para favorecer a entidades de un mismo color partidista en tiempo electoral o para engrasar la maquinaria reformista del Gobierno federal.

Así, no sorprende que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya encontrado irregularidades y observaciones graves en su revisión del gasto de estos programas sin reglas de operación.

Quizá lo más preocupante de este panorama es que la ASF sólo ha revisado 8% de lo gastado en estos tres programas entre 2013 y 2017. Este porcentaje corresponde a una muestra de convenios por 26 mil millones de pesos a través de 49 auditorías.[3] Los resultados arrojaron que el 59% (15 mil 552 millones de pesos[4]) de lo fiscalizado tuvo observaciones por falta de claridad en la comprobación del gasto[5] o porque la ASF presume que existió un presunto daño al erario[6]. ¿Qué habrá sucedido con el ejercicio del gasto del restante 92%?

¿Qué destaca en los hallazgos de la ASF?

Uno de los estados en el cual se detectó un presunto daño al erario de mayor gravedad fue Veracruz, con más 3 mil millones de pesos como presunto daño al erario en 2015. En ese año se retiraron los recursos de la cuenta específica y exclusiva del programa “Contingencias Económicas”, no quedó claro en qué se utilizaron[7] y no fueron reintegrados al erario público.

Por lo menos 22 estados más tuvieron observaciones de 2013 a 2016 en estos programas, siendo las más comunes:

  1. No se acreditó el uso de recursos. Es decir, no hay documentos que comprueben que los recursos se gastaron para el fin del programa.
  2. No se reintegraron a la Tesorería (Tesofe), aun cuando la ley establece que si un programa no gasta los recursos que se le asignaron en el año, éstos deben devolverse a la Tesofe.
  3. No existe evidencia de la ejecución de los trabajos.
  4. No llevaron a cabo una adecuada planeación de la ejecución del contrato de obra pública.

Como resultado de estas observaciones, la ASF solicitó información respecto al objetivo de dichos programas así como los resultados obtenidos. La respuesta de la SHCP podría definirse como un “cantinfleo”.

  • ASF: “Se recomienda informar sobre el destino, aplicación y resultados obtenidos, conforme a las disposiciones aplicables….”
  • Hacienda contestó: “En Contingencias Económicas y en los Programas Regionales se realizó atendiendo a los propósitos de dichos recursos que corresponden a subsidios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general.”

Ante esta contestación, no terminó de quedar claro el uso y destino final de los recursos. A solicitud de la ASF, la SHCP respondió que no era su responsabilidad dado que los recursos ya se transfirieron a las entidades federativas, por lo que son ellas las responsables. Por su parte, ninguna de las entidades federativas presentó información en cuanto al destino de los recursos [8].

Además, los daños llegan más lejos. El gasto no presupuestado y de dudosa calidad en estos tres programas sin reglas de operación desplaza recursos de sectores prioritarios, como es el gasto en salud, educación e inversión en infraestructura –tres funciones cuyo gasto respecto al PIB se ha reducido en la presente administración-. En 2012, el gasto en inversión, salud y educación era 4.3%, 3.6% y 2.8% del PIB, respectivamente. En 2017 los tres bajaron: a 2.6% (inversión), 3.2% (educación) y 2.5% (salud).

Todo esto contribuye al deterioro de la calidad o composición del gasto público que se ha observado en los últimos años.

En el contexto de las elecciones, debemos cuestionar a los candidatos presidenciales sobre su disposición a emprender acciones concretas para gastar mejor. Para que a las promesas no se las lleve el viento, las campañas deben ser el momento de exigir un compromiso real con transformar el marco institucional bajo el que se decide cómo, quién y por qué gasta. Las figuras discrecionales como los programas sin reglas de operación del Ramo 23 son un buen lugar para empezar a evaluar cómo gobernaría nuestro próximo presidente.

 

* Mariana Campos es Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de @mexevalua. Es licenciada en Economía por el ITAM y graduada con honores como Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon. Liliana Ruiz es economista por la Universidad Iberoamericana, maestra en políticas públicas por la Universidad de Chicago. Alejandro García es economista por el ITAM. Ambos investigadores del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa.

 

 

[1] Los tres programas de subsidios sin reglas de operación de este Ramo han acumulado un sobregasto de 296 mil millones de pesos desde el 2013 a 2017 (14 veces por arriba de su presupuesto aprobado por los Diputados en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación). Estos 3 programas fueron: Programas Regionales, Contingencias Económicas y Fortalecimiento Financiero (Fortafin).

[2] Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) Art. 25, 42, 85, 110 y 111.

[3] Se consideraron las auditorías revisadas de 2013 hasta la tercera entrega de 2016. Fecha de revisión 10 de marzo de 2018. Se considera el porcentaje revisado del total del gasto de 318 mil 465 millones de pesos en el periodo 2013-2017.

[4] 3 programas de subsidios del Ramo 23 sin ROP, Contingencias Económicas, Fortalecimiento financiero y Programas Regionales.

[5] En la solicitud de aclaración la ASF requiere a la entidad fiscalizada que documente y respalde operaciones y montos observados no justificados o no comprobados durante la revisión.

[6] El presunto daño al erario es el monto en dinero que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estima con base en las auditorías que realizó en cada año y en las que determinó si el uso y/o comprobación de los recursos tenían alguna de las siguientes irregularidades: 1) Usar el dinero etiquetado para otro fin, 2) Pagar sobrecostos no justificados, 3) No comprobar el gasto público con la documentación debida, y 4) Otros.

[7] Programa Contingencias Económicas, auditoría de 2015 para el estado de Veracruz.

[8] Auditoría financiera y de cumplimiento núm. 69 del año 2015, observación al cuarto trimestre de 2015.

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