El buen juez por ser independiente empieza

Una de las causas de la debilidad del gobierno judicial en México es la intervención del Ejecutivo local en la designación de los magistrados. En 25 estados, el proceso para llenar una vacante de magistrado prevé que el gobernador proponga al Congreso un candidato para su ratificación o una lista de candidatos para su consideración.

Por: Laurence Pantin

Un joven juez le pidió consejo a un colega más experimentado sobre un asunto muy “delicado” que le tocaba resolver. Le comentó que recibió la visita de uno de sus compañeros de la carrera, quien representaba a una de las partes, y le pidió que decidiera en favor de ella, a lo cual accedió por la larga relación de amistad que llevaban. Pero al día siguiente se presentó en su oficina uno de sus maestros de la universidad, quien le dijo representar a la otra parte en el mismo asunto y le pidió decidir a su favor, lo que se comprometió a hacer por todo el respeto que le tenía a quien fuera su mentor. “¿Qué puedo hacer?”, le preguntó el joven juez a su compañero. “No te preocupes”, le contestó el otro. “En caso de duda, siempre puedes recurrir al derecho”.

Relatada por un abogado para ilustrar la falta de independencia que caracteriza las resoluciones de algunos jueces y magistrados en el país, esta anécdota refleja la desconfianza que tienen casi 45 % de los mexicanos hacia los jueces[1].

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Justicia realizada en 2015 por la UNAM, la deficiencia en la impartición de justicia se presenta bajo una multitud de síntomas: 70.3 % de los encuestados señaló la corrupción, 42.9 % la injusticia, 29.5 % la desigualdad, 17.5 % los procesos tardados y 16.5 % el tráfico de influencias.

Desde México Evalúa nos parece entonces que deberá ser una prioridad para la próxima administración elevar la calidad de la impartición de justicia, tanto a nivel federal como local, como lo argumentamos en el libro Léase si quiere gobernar (en serio).

¿Cómo lograrlo? En el mundo entero se han conformado distintos tipos de instancias de gobierno judicial para velar por la independencia, eficiencia y transparencia de la justicia. Para llevar a cabo esta tarea en México, se creó en 1994 el Consejo de la Judicatura Federal, el cual se ha replicado hasta la fecha en 29 entidades[2]. Sin embargo, estas mismas instituciones no han tenido la independencia ni la fortaleza suficientes para resolver los grandes pendientes de la impartición de justicia.

Una de las causas de la debilidad del gobierno judicial en México es la intervención del Ejecutivo local en la designación de los magistrados. En 25 estados, el proceso para llenar una vacante de magistrado prevé que el gobernador proponga al Congreso un candidato para su ratificación o una lista de candidatos para su consideración. Ya que los magistrados son quienes se encargan de designar al presidente del Tribunal Superior de Justicia (quien funge a su vez como presidente del Consejo de la Judicatura cuando éste existe), es alta la probabilidad de que el Ejecutivo local influencie también esta selección. Si la cabeza del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura debe su nombramiento al gobernador en turno, es natural pensar que estará dispuesta a devolverle favores.

Al respecto, es importante señalar que en abril de 2016 el presidente Peña Nieto presentó ante el Senado una iniciativa de reforma constitucional que prevé, entre otras cosas, la obligación para todos los estados de contar con un Consejo de la Judicatura. Si bien nos parece fundamental que se garantice la existencia de  una instancia de gobierno judicial, nos preocupa que el modelo de Consejo de la Judicatura y de organización de los Poderes Judiciales promovido en esta iniciativa no garantice su independencia, ya que prevé que el Ejecutivo local intervenga en el nombramiento de los magistrados y que el presidente del Tribunal Superior de Justicia integre el Consejo de la Judicatura.

Como consecuencia de lo anterior, en la gran mayoría de los estados la llamada “carrera judicial” (es decir, el servicio profesional de carrera en el Poder Judicial) existe en el papel, pero no se ha podido implementar sino de manera incipiente. Como ya lo vimos, en el caso de los magistrados los nombramientos dependen del Ejecutivo en 25 estados y del Legislativo en los siete restantes. En el caso de los jueces, si bien los 32 estados mencionan que los aspirantes deberán someterse a un concurso o examen, en muchos casos éste no es determinante para obtener el cargo.

Por ello consideramos indispensable reformar los procesos de designación de los magistrados y de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, para unificarlos y desvincularlos completamente de los Ejecutivos estatales.

También coincidimos con la necesidad para los estados de contar con una instancia encargada del gobierno judicial, que pueda no solamente elaborar y administrar el presupuesto del Poder Judicial, así como establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, sino implementar una sólida carrera judicial. Sin embargo, antes de imponer a los estados un modelo específico de Consejo de la Judicatura, como lo plantea la iniciativa del Ejecutivo federal, consideramos indispensable contar primero con una evaluación de los diseños y del funcionamiento de los Consejos de la Judicatura existentes, con el fin de determinar si han contribuido a mejorar el gobierno y la administración judiciales e identificar mejores prácticas tanto nacionales como internacionales.

La debilidad de muchos Poderes Judiciales y Consejos de la Judicatura a nivel estatal también proviene del desequilibrio que se observa en las cargas de trabajo y los recursos de los cuales disponen los Poderes Judiciales a nivel federal y estatal. Así, en 2016, mientras los tribunales locales atendieron 64.2 % de los asuntos que ingresaron a los Poderes Judiciales del país[3], solamente dispusieron de 35.9 % de los recursos totales ejercidos por el conjunto de los Poderes Judiciales de ambos niveles[4].

Ante esta realidad, proponemos garantizar la autonomía financiera de los Poderes Judiciales estatales. Recomendamos que se desarrolle un mecanismo en este sentido, como podría ser que se incluya en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Los Municipios la obligación para cada entidad de asignar cada año a su Poder Judicial una cantidad mínima de recursos “preasignados”, cuyo monto sería determinado por una instancia de coordinación entre los Poderes Judiciales de los diferentes niveles como el indispensable para permitir a ese Poder Judicial cubrir sus gastos corrientes.

Si estas acciones no forman parte de la agenda de la próxima administración, difícilmente podremos aspirar a una justicia independiente, eficiente y transparente. Es decir, algunos jueces seguirán viendo el derecho como una herramienta que les puede llegar a ser de utilidad para tomar una resolución cuando todos los demás “recursos” se han agotado.

 

* Laurence Pantin es coordinadora del programa de transparencia en la justicia y de proyectos especiales de México Evalúa. Agradece los comentarios y sugerencias de Cecilia Román.

 

Referencias: 

[1] De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), en 2017 44.9% de los entrevistados tenía poca o nada de confianza en los jueces.

[2] En realidad, 30 entidades contaban con un Consejo de la Judicatura o Consejo del Poder Judicial hasta el 4 de abril de 2018, cuando entró en vigor una reforma constitucional aprobada por el Congreso del estado de Morelos, que eliminó la figura del Consejo de la Judicatura en esa entidad para crear una Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial con las mismas atribuciones. Las otras dos entidades que no cuentan con Consejo de la Judicatura o su equivalente son Colima y Zacatecas.

[3] Cálculo propio con base en los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2017 y del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2017 publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

[4] Cálculo propio realizado el 27 de noviembre de 2017 a partir de los montos pagados por el Poder Judicial registrados en las Cuentas Públicas 2016 de la Federación y de los estados, cuando estaban disponibles. Si en algún estado no estaba disponible, se usó el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre de ese año. Ya que, en la fecha en que se realizó este cálculo, el estado de Guerrero no había publicado su Cuenta Pública ni su cuarto informe trimestral, se usó el presupuesto aprobado.

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