Transparencia corporativa: la regla del oro (negro)

El reciente caso de Oro Negro pone en evidencia la existencia de vacíos de gobernanza que premian la trampa y sancionan la honestidad. Sobre esta línea, una política de transparencia corporativa ayudará a fortalecer la legitimidad de estas empresas frente a los inversionistas.

Por: Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) y Marco Ramos

 

En abril de 2018, The Wall Street Journal reseñó que la batalla legal que se libra entre la compañía de perforación petrolera Oro Negro y la empresa productiva del Estado (EPE), Petróleos Mexicanos (Pemex),  pone a prueba las promesas de la reforma energética mexicana en materia de transparencia y competencia económica. Oro Negro, por un lado, acusa a Pemex de destruir el valor de su inversión al desconocer de forma arbitraria los términos de cinco contratos, relacionados con arrendamientos de plataformas de perforación petrolera de la empresa entre 2015 y 2017, hasta el punto que tuvo que declararse en quiebra. Esta semana, en un desplegado publicado en el New York Times, los accionistas estadounidenses y europeos de Oro Negro acusan a Pemex de mentir en cuanto a sus promesas de trato justo y transparente, así como de conspirar en su contra, solicitar sobornos, y favorecer  a otros contratistas. Pemex, por su parte, ha respondido a la acusación desvinculándose de estar involucrada en la problemática corporativa de Oro Negro, y cuestionándola también sobre su falta a la transparencia al no revelar supuestas grabaciones telefónicas que probarían, quizá, que personal de Pemex cometió actos de corrupción que perjudicaron a la contratista. Por otro lado, es sabido que la dueña de Oro Negro, Axis Capital, propiedad de Gonzalo Gil White -persona políticamente expuesta (PEP)[1]levantó capital por más de 6,500 millones de pesos a través de un CKD[2] que podría estar entre los activos de varias Afores. Otro problema, porque además de la volatilidad en los mercados financieros y petroleros, las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores) que confiaron en el modelo de negocio de Oro Negro, tendrían que asumir una súbita caída en sus rendimientos en perjuicio del valor de los ahorros de miles de trabajadores.

Más allá de los dimes y diretes de esta saga petrolera, llaman la atención los numerosos rasgos de opacidad que se revelan a lo largo de las acusaciones mutuas entre dichos antagonistas. Pareciera que los más altos fines de la transparencia como vehículo para la rendición de cuentas y la sana competencia quedan como una utopía, un sueño de justos escrito en un lugar muy lejano de nuestra Constitución Política. Y es que la transparencia por sí misma, aunque esté regida por leyes específicas, palidece frente a los fuertes incentivos que brindan los vacíos en la gobernanza de las corporaciones.

Nos parece que el problema subyacente a la falta de transparencia –con sus efectos de corrupción y abuso de poder- es más una cuestión de fondo en materia de gobierno corporativo que, si se arregla desde sus orígenes, puede modificar diametralmente los incentivos perversos que premian la falta de integridad. A su vez, esto permitiría voltear radicalmente la cultura hacia una práctica sana de rendición de cuentas, particularmente a todos los actores interesados en el desempeño empresarial. En un contexto institucional débil, en primer lugar, los incentivos perversos extralegales se imponen a la buena gobernanza de las empresas; en segundo lugar, los mecanismos de transparencia no funcionan como deberían, por lo que ésta pierde su capacidad de hacer frente al problema. Por ejemplo, en el caso de Oro Negro, podríamos preguntarnos ¿qué hubiera pasado si desde el inicio se hubieran manejado de mejor manera los conflictos de interés y el tratamiento a contratistas con PEP? Es decir, en el fondo se trata de un problema de gobernanza.

Este problema no es endémico. En el ámbito global, podemos ver que la falta de transparencia corporativa y buena gobernanza es también un problema urgente de atender. En 2016, por ejemplo, Transparencia Internacional publicó un estudio sobre prácticas de transparencia en 100 empresas multinacionales en el que solamente 25 compañías globales calificaron en términos de incluir en sus gobiernos corporativos políticas de integridad elementales como: prohibir sobornos, reportar continuamente regalos recibidos y conflictos de interés, o facilitar mecanismos de denuncia y protección a denunciantes. En 2017, el Natural Resource Government Institute (NRGI) elaboró un índice global de gobernanza –evaluando 81 países donde operan empresas petroleras y mineras- en el que hizo notar que solamente 9 empresas calificaron con buenos estándares de transparencia y rendición de cuentas. Por ello, el NRGI publicó una Guía para la difusión en empresas extractivas de propiedad estatal en la que sugiere a las empresas a tomar en serio la transparencia como una ventana de la buena gobernanza para el ejercicio de la rendición de cuentas.

En México, a partir de la Reforma Energética, Pemex, en su calidad de empresa, no transparenta sus operaciones de la misma forma en que lo hacía cuando era un órgano descentralizado de la administración pública federal. Ya bajo su régimen especial, mantiene el derecho a reservar información que considera estratégica por secreto comercial o seguridad nacional; por ejemplo, información financiera segmentada o sobre la actividad de sus empresas filiales, muchas de ellas residentes en el extranjero e, incluso, en paraísos fiscales. Sin embargo, al continuar siendo un ente público y al ser el Gobierno federal quien actúa como su propietario en representación del Estado Mexicano –o sea, de todos los ciudadanos-, Pemex sí está sujeta a lo establecido en las leyes aplicables en materia de transparencia y acceso a la información, fiscalización y rendición de cuentas y combate a la corrupción. Por lo anterior, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -que goza del mismo régimen jurídico- se enfrentan a un apasionante dilema, pues están obligados a informar al Ejecutivo federal, al Congreso de la Unión y al público en general del estatus que guarda su desempeño y su gobernanza.

Gracias a que estas empresas siguen siendo sujetos obligados dentro del régimen de acceso a la información, medios de comunicación y asociaciones civiles han revelado noticias de corrupción en ellas. Con frecuencia, muchas de esas notas se refieren a actos graves como: ocultamiento de información financiera de empresas subsidiarias en paraísos fiscales; transferencias no reveladas de recursos económicos de Pemex al Gobierno federal; funcionarios con conflictos de interés involucrados en transacciones comerciales; complicidades entre funcionarios y criminales para el robo de gasolina o de electricidad; y excesivas adjudicaciones directas a proyectos, muchas veces realizadas en condiciones no justificadas de opacidad. Sin embargo, también sabemos que los escándalos que rodean a estas empresas, principalmente a Pemex, provienen de un sinnúmero de informantes filtran información a los medios de comunicación, a veces con dolo, a veces por un deber moral frente a la carencia de mecanismos efectivos de control interno que faciliten la denuncia, protejan a los denunciantes y propicien la  investigación y sanción ejemplar a los responsables. Lo que la ciudadanía observa es que los incentivos se encuentran invertidos: se premia la opacidad y la falta de integridad mientras que se castiga la buena voluntad y la ética personal.

La política de transparencia puede servir como un mecanismo de prevención. Más allá de ideologías o modelos económicos, una política de transparencia corporativa efectiva en Pemex y CFE ayudará a fortalecer no sólo la eficiencia y funcionamiento de estas empresas, sino su legitimidad frente a inversionistas y frente a la ciudadanía. En el caso Oro Negro-Pemex, sabemos que serán los jueces y árbitros los que tendrán la última palabra. Pero también sabemos que si hubieran existido más controles y prácticas de buen gobierno y transparencia corporativa en Pemex, muchas malas prácticas se hubieran evitado, y estas empresas no estarían en el punto de no retorno en el que actualmente se encuentran. Se observa a primera vista que faltaron controles en materia de conflictos de interés y personas políticamente expuestas en el proceso de contratación, mecanismos de denuncia efectivos, controles para inhibir la participación de funcionarios proclives a solicitar sobornos, y criterios de transparencia en los términos de contrataciones. Finalmente, el hecho de que parte de la inversión de Oro Negro provenga de recursos de las Afores, añade un riesgo adicional en términos de interés público. Mecanismos de rendición de cuentas serían de gran utilidad para la acción colectiva en este último aspecto. En víspera del cambio de Gobierno federal, nos encontramos ante un momento crítico para apuntalar los mecanismos de transparencia en los gobiernos corporativos de Pemex y CFE, de forma que casos como Oro Negro-Pemex no se repitan.

 

* Ana Lilia Moreno y Marco Ramos son investigadores del área de Competencia y Regulación de México Evalúa.

 

@mexevalua

 

Referencias:

[1] De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera para Lavado de Dinero (GAFI), iniciativa del G7, el concepto se refiere a individuos (incluyendo sus familiares o asociados) que realizan relaciones comerciales o de negocios y que en su haber desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas.

[2] Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), instrumentos de inversión de largo plazo. Como una estrategia de diversificación, las Afores invierten en instrumentos inversión como los CKDs, fideicomisos  de infraestructura, bienes raíces, salud, y energía.

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