Reguladores energéticos que rindan cuentas

¿No le interesa al nuevo gobierno tener un Estado fuerte frente a empresas privadas en una actividad estratégica para nuestra economía? La existencia y autonomía de los reguladores son importantes para ello. La especialización permite autonomía en sus decisiones operativas y presupuestarias.

La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), recientemente presentada por el grupo parlamentario de Morena, ha causado revuelo por los diferentes cambios que propone. El caso de los reguladores económicos no es la excepción. La sectorización que se plantea de los órganos reguladores coordinados del sector energético hacia la Secretaría de Energía ha suscitado la molestia de muchos expertos e interesados en el tema por la afectación a la autonomía de estos organismos.

Entonces, si no se está cambiando el modelo energético, ¿cómo explicar que se plantee este cambio en su diseño institucional? Si atendemos a la exposición de motivos de la iniciativa de reforma a la LOAPF, no encontramos ninguna mención específica a estos órganos. Únicamente se señala que la Secretaría de Energía debe contar con atribuciones que le permitan realizar mejor sus funciones para dar mayor transparencia en la supervisión y vigilancia de la explotación de los recursos estratégicos de la nación. Sin embargo, no se reconoce la diferente función y naturaleza que estos organismos realizan.

La razón de ser de estos órganos atiene en gran medida a la especialización que se requiere para la intervención del Estado: ante un mundo cada vez más dinámico por el desarrollo tecnológico es importante tener órganos técnicos y especializados que se aseguren de prever y resolver riesgos que se dan en mercados específicos. ¿No le interesa al nuevo gobierno tener un Estado fuerte frente a empresas privadas en una actividad estratégica para nuestra economía? La existencia y autonomía de los reguladores son importantes para ello. La especialización requiere que puedan tener autonomía en sus decisiones operativas y presupuestarias.

Además, para inversionistas y jugadores de un mercado es fundamental saber que se puede confiar en el árbitro que media entre las partes, en este caso el regulador. Por ello es tan importante que la función reguladora del Estado sea distinta a la de la Secretaría de Estado. Si SENER va a dirigir a las empresas estatales del sector, la política pública energética y la función reguladora, no se dará la objetividad que se requiere para la certidumbre que los mercados buscan. Recentralizar el diseño institucional y mezclar estas diferentes funciones del Estado no funcionarán en una economía abierta.

Desde luego, no todo es blanco o negro. También hay que reconocer que la autonomía en papel es un elemento necesario, pero no suficiente para el buen funcionamiento y resultados de estos organismos. Si atendemos a la preocupación general del funcionamiento de la Administración Pública Federal que se plantea en la iniciativa de Reforma a la LOAPF destacan los siguientes puntos: la necesidad de generar un cambio en la forma en que el Gobierno federal se vincula con la sociedad y los ciudadanos; en asegurar que se respeten los derechos de los ciudadanos, se mejoren las condiciones de vida y de trabajo y cómo para ello se debe ser más eficientes, más eficaces y austeros y dar resultados efectivos a la ciudadanía.

Ante esto, surge la pregunta: ¿es relevante para el buen gobierno de órganos reguladores energéticos la forma en que éstos se vinculan con la sociedad y los ciudadanos, así como la efectividad de sus resultados para la ciudadanía?  Me parece que sí. Y ello debe incentivarse no mediante la sectorización, sino fortaleciendo los mecanismos de participación, y rendición de cuentas. La transparencia, la inclusión de diferentes grupos e intereses y la colaboración interinstitucional son todas herramientas para una rendición de cuentas que pueden mejorar la gobernanza y el desempeño de los reguladores, sin coartar su autonomía.

Como árbitros, los reguladores deben asegurarse que se estén allegando y ponderando los intereses de los diferentes grupos. De esto dependerá la calidad regulatoria. Por ello, se requiere una amplia participación y representación de diferentes intereses en la creación de la regulación.

Su papel como reguladores también dependerá de la efectividad en la verificación de la regulación y los resultados que se obtengan de la aplicación de ésta. A nivel internacional se dan interesantes discusiones sobre cómo se tienen que replantear las actividades de verificación y la forma en cómo se miden los resultados regulatorios.

En México nos hemos quedado en la autonomía por la autonomía. Es momento de plantear diferentes medidas para tratar de cumplir con objetivos de mayor inclusión y participación en la creación e implementación de la regulación respetando la autonomía y atendiendo a la especialización que caracteriza a estos órganos. Estos pueden ser mecanismos de participación en los procesos de creación de normas; la generación, uso y difusión de información para reducir asimetrías de información en los mercados en beneficio de los consumidores y de una competencia efectiva; la evaluación del impacto que tiene la política regulatoria en rubros de crecimiento y productividad, entre otros.

Por ello, como parte de las propuestas que México Evalúa presentó a los candidatos presidenciales antes de las elecciones en el libro “Léase si se quiere gobernar en serio”, se apunta a organismos que ya existen dentro de la Administración Pública Federal que pueden ser un mecanismo de monitoreo y vigilancia para mejorar la operación y resultados de los regímenes regulatorios, entre otros, del sector energético.

Por un lado, la recién creada Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) es fundamental para buscar transparentar y lograr que la regulación sea producto de una discusión abierta e inclusiva. Esta instancia también podría tener una importante labor durante la implementación de la regulación y sus resultados, puesto que las evaluaciones de resultados o ex post de la pueden ayudar a legitimar su utilidad e incentivar que los reguladores tengan claridad sobre cuáles son los resultados regulatorios que derivan de su función y cómo ser más efectivos en generarlos. Por su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) también puede jugar un papel central como contrapeso y generar incentivos para que el regulador procure la creación de un ambiente propicio para la competencia en beneficio de los consumidores.

 

@mexevalua

 

Referencia:

[1] OCDE. (2016). Being an Independent Regulator: The Governance of Regulators (Rep.). Paris: OCDE publishings.

 

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