NAIM: El mandato no es un cheque un blanco

López Obrador decidió cerrar el proyecto del NAIM sin probar que era un proyecto inviable. Así, la próxima administración evidenció que se vale tomar decisiones de manera discrecional, que la rendición de cuentas no es una prioridad, incluso en temas tan polémicos o delicados.

Por: Mariana Campos

Las condiciones en torno a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) implican dos escenarios posibles, ambos negativos. Si la decisión de cerrar el proyecto se tomó sin haber realizado un estudio de impacto presupuestario, es en principio un acto irresponsable porque sugiere un proceso de toma de decisión desinformado. Lo menos que debió hacerse es calcular de manera precisa el monto de recursos públicos que se van a desechar con el cierre del proyecto. No obstante, si la decisión se tomó habiendo realizado un estudio de impacto presupuestario pero sin haber compartido sus resultados con el público, entonces esto sugeriría que hubo opacidad en relación con esa información.

El proceso de toma de decisión tiene un sinfín de implicaciones en diversos ámbitos de la vida democrática de México y en el combate a la corrupción. En primera instancia, impide entender qué administración metió la pata. No sabremos si era necesario cancelar el proyecto y denunciar a la administración actual por haber emprendido un proyecto mal resuelto, o bien, si el proyecto está resuelto y se cerrará a ojo de buen cubero, sin probar su inviabilidad, por lo cual la administración entrante tendría que responder.

El hecho es que AMLO decidió cerrar el proyecto del NAIM sin probar que el aeropuerto era un proyecto inviable. Así, la próxima administración evidenció que se vale tomar decisiones de manera discrecional, que la rendición de cuentas no es una prioridad, incluso en temas tan polémicos o delicados. Esta manera de tomar decisiones genera incertidumbre y desconfianza, pone en riesgo las expectativas de un nuevo régimen que prometió poner en el centro al ciudadano, ser honesto y no permitir la corrupción.

Sin detallar cómo se integra y cuál es el monto al que va a ascender el costo hundido del NAIM, el presidente electo anunció el cierre del proyecto. A grosso modo, se ha estimado un costo de entre 120 y 175 millones de pesos, pero cuando se trata de un monto de esta dimensión es necesario hacer un estudio de impacto presupuestario para calcular con precisión las consecuencias de cerrar el proyecto y las fuentes con las que se va a financiar.

¿Qué nos permitiría saber un estudio de este tipo? 1) El monto de recursos que ha sido devengado en el desarrollo del NAIM; 2) cuánto de este monto ya sido efectivamente pagado a los contratistas y cuánto resta por pagar; 3) a cuánto asciende el monto por liquidar de los bonos (deuda) del NAIM; 3) cuántos presupuestos serán afectados por ese motivo, y 3) cuáles serán las fuentes de ingreso para financiarl dicho (s) pago (s). También estimaría el costo de reacondicionamiento del lugar así como los costos derivados de multas por ejercer la opción de cancelar contratos y bonos.

Además, hacer el estudio es consistente con los principios que el artículo 134 de la Constitución plantea deben estar presentes en el ejercicio del gasto público; es decir, que en todos los casos el ejercicio del gasto público se hará cumpliendo con los principios de transparencia, honestidad, efectividad, eficiencia y economía.

Cabe anotar que el desarrollo del NAIM nunca estuvo libre de tropiezos, desde antes de que el tema se volviera parte de la discusión electoral. Sin mencionar la herencia de lo sucedido en el sexenio de Fox, este proyecto en específico enfrentó críticas y cuestionamientos múltiples y permanentes acerca de los riesgos no controlados del proyecto.

Por mencionar un ejemplo de los temas no resueltos, cito el tema hídrico, que en mi opinión era el más importante de atender. Se cuestiona que con esta obra se elimina la posibilidad de ampliar la provisión de agua en Ciudad de México –una megaurbe gravemente amenazada por su escasez- al clausurar la posibilidad de revivir al lago en ese terreno. Esto al mismo tiempo eliminaba la posibilidad de sacar el agua de lluvia de la ciudad, al no poder almacenarla en ese espacio.

La administración saliente posiblemente no resolvió de manera efectiva, al menos en la opinión pública, dichos cuestionamientos. Por su parte, antes de consultar el cierre de NAIM, era necesario documentar y dictaminar si los riesgos señalados eran manejables o no, y de serlo, cuánto costaría controlarlos. Tampoco promovió una discusión objetiva al respecto. Finalmente, una consulta irregular fue útil para diluir la posible responsabilidad de dos administraciones sobre el destino del NAIM.

Ahora, una vez tomada la decisión de cerrar el proyecto, la etapa que sigue no debe estar exenta de rendición de cuentas. El mandato no otorga un cheque en blanco. Previo al cierre material y al proceso de liquidación es necesario que el nuevo gobierno al menos lo haga con el estudio de impacto presupuestario en la mano. Debe transparentarse el monto al que asciende el costo hundido y lo que resta por pagar del mismo.

También es importante preservar las prácticas de transparencia que el proyecto operó durante su gestión: se publicaron más de 400 contratos junto con sus convenios modificatorios, algo que ningún otro proyecto ha logrado en México. Bajo estos mismos estándares de transparencia se espera que opere el cierre y liquidación de los montos cada contrato y de los bonos. No debe haber pactos entre el poder político y el económico que los ciudadanos no podamos o debamos conocer.

La prosperidad se construye en la confianza, pues es el ingrediente indispensable para que las relaciones humanas, los emprendimientos y la gobernabilidad sean posibles. La sociedad mexicana demanda cantidades crecientes de certidumbre por parte de sus gobernantes. Está por verse es si existe una oferta para atender tal demanda.

 

* Mariana Campos es coordinadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas en México Evalúa (@mexevalua).

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