Guerrero asediado (Parte 1)

Médicos Sin Fronteras interviene en 11 comunidades de Guerrero cuyos servicios médicos se han visto afectados por el conflicto territorial entre grupos criminales. Esta es la primera parte de una serie de tres textos con testimonios sobre la violencia que amenaza con destruir su tejido social.

Tierra Caliente, Norte y Centro son, junto con la ciudad de Acapulco, las zonas más violentas del estado de Guerrero (y, por ende, de las más violentas de México). MSF trabaja en ellas -Acapulco incluido-, en once comunidades que, víctimas de la criminalidad y la falta de recursos, no disponen de suficiente cobertura médica. Son territorios disputados por grupos del crimen organizado por el control de las carreteras, las cabeceras municipales, el sometimiento de la población, a la cual extorsionan con pagos de piso, reclutamiento forzado o cobros de “impuestos”. Territorios que han visto, unos, cómo se cerraban sus escuelas. Y que también han visto, otros, cómo sus médicos se iban para no regresar más. En ellos se respira la voluntad de conquista de los grupos criminales, se vive la presencia de hombres armados como policías comunitarios, y la tensión y el miedo prevalentes amenazan con destruir su tejido social. Territorios sumidos en la desconfianza y el silencio, omertá (‘ley del silencio’), requerida para seguir con vida.

Los siguientes testimonios se recogieron bajo pseudónimo y sin cámaras, a petición de los entrevistados (*).

El estado de Guerrero es conocido desde hace años como una de las zonas de México donde se registra mayor violencia en el país. Foto: Juan Carlos Tomasi.

“No podemos salir con libertad o hablar libremente. Vemos las cosas, pero no las podemos decir. Nos asaltaron la casa hace unos meses, entraron armados, estaban los niños, de diez y once años. Desde entonces miran con temor. No los podemos ya dejar solos”. Juan, de 61 años, es agricultor. Desde hace meses su pueblo está bloqueado: el transporte público ha sido amenazado por los narcos, que pretenden desviar toda actividad económica hacia sus dominios en Arcelia, cuando la cabecera de la que depende el pueblo (para ir al hospital, para cobrar apoyos, resolver papeles) se encuentra al sur. “Si hay una emergencia médica, ahora tenemos que pagar hasta 1,500 pesos para ir en camioneta privada, cuando la tarifa pública es de 60 o 100 (y cuando un jornal en el campo se paga entre 120 y 200 pesos). Se siente feo, nadie quiere hacer las tres horas y media de camino para poder llegar al transporte público, y de noche ni pensarlo, con el riesgo de que te asalten en los caminos”.

“Cada rato aparecen muertos. Sufres por ver cómo la gente es descuartizada. Sí, yo lo he visto. Estábamos jugando al baloncesto. Llegó un grupo armado. Nos corrieron a balazos. Nos tiraron al suelo. Nos quitaron los teléfonos, las cadenas, el dinero. Nos pegaron con los machetes. Entonces cogieron a mi amigo. Lo mocharon. Primero, le cortaron la pierna. Luego, el brazo. Ya se desmayaba cuando le cortaron la cabeza”. El asesinato en la cancha hace tres años, -un acto de reafirmación del narco de su control sobre el pueblo-, traumatizó el pequeño pueblo. Los comunitarios luego se hicieron fuertes allí y dicen que ahora está más tranquilo, pero se sigue hablando de “lo que pasó en la cancha” en susurros. Abel, un joven en la veintena, lo explica porque pronto emigrará a Estados Unidos. No aguanta más. La falta de oportunidades, la pobreza, el riesgo de que lo recluten los narcos para ser un halcón (vigilante) primero, sicario después, lo abocan a la huida. Ser un hombre joven en Guerrero confiere un estatus de vulnerabilidad más elevado.

Guerrero exporta mariguana y amapola, pero también exporta seres humanos, como Abel. El concepto de pueblos fantasma, desolados, abandonados a la fuerza, está a la orden del día. De muchos pueblos se han ido yendo ya familias enteras o los jóvenes. Pero en San Felipe de Ocote, por ejemplo, ya sólo quedan los animales. San Felipe se levantó en armas en enero para defenderse del crimen organizado, cuya última fechoría, la gota que colmó el vaso, fue que “secuestraron al conductor de una excavadora que estaba arreglando la carretera. No se ha vuelto a saber más de él”, explica Estefanía, una vecina. Pero los de San Felipe no aguantaron el embate de los narcos cuando estos llegaron con refuerzos. Ante el riesgo de morir en el combate o ser represaliados luego, los 600 habitantes decidieron huir. Con lo puesto. Caminando, en coches, en tractor, en mulas. Se encuentran en Apaxtla, en un centro social, durmiendo en las aulas. Creen que ya nunca podrán regresar a sus casas y demandan un pedazo de tierra donde asentarse.

Los desplazados de San Felipe de Ocote piden terrenos para poder construir viviendas y cultivar. Creen que no podrán retornar a su pueblo. Foto: Juan Carlos Tomasi.

La inseguridad y los picos de violencia tienen afectación directa en la atención médica en las poblaciones rurales. Muchos pueblos pueden darse por afortunados si disponen de una enfermera (por lo general sola, por lo general en la veintena, destinada a un centro de salud en el que también duerme). Pero si la situación se tensa más de lo debido, los centros de salud también se cierran (en localidades del municipio de Heliodoro del Castillo, por ejemplo, durante más de dos meses a fines de 2017). Son estas enfermeras las que, con falta de medios, llevan el peso de la salud en las comunidades. Las visitas mensuales de los equipos de MSF, también les sirven de apoyo. Bruno, un vecino, explica: “los médicos ya no quieren venir, las enfermeras sí, menos mal, casi obligadas si quieren entrar en el servicio público. Nos han llegado a decir que busquemos nosotros al médico, a algún conocido o a algún amigo de algún familiar. Llevamos cuatro años sin un médico, así que las visitas de MSF son muy necesarias, claro”.

Algunas poblaciones disponen de una única enfermera del servicio público, a las que las visitas de MSF también sirven tanto para una mayor capacitación como para el abastecimiento de medicamentos básicos. Foto: Juan Carlos Tomasi.

Desde el comité de salud de otro de los pueblos de Tierra Caliente, que ayuda a la enfermera en lo posible, comentan: llevan cuatro años también sin médico y si la enfermera se tiene que ausentar, “para llevar informes o para lo que sea”, se quedan sin nadie. Ahora, con el servicio de transporte suspendido, “si pasa algo por la noche, ya nos podemos morir”. Piden que les envíen un médico, “pero nos dicen que no hay recursos”.

El comité de salud organiza una reunión con una docena de mujeres (algunas del comité de salud anterior, dado que rota cada año) que explican cómo la inseguridad ha afectado al pueblo: “hay temor, hay desconfianza, ya no hay alegría, antes salías por la noche sin problema, ahora en cuanto anochece, ya estamos en casa. Te acuestas y ya no sabes qué va a pasar”, apunta una de las integrantes. Hay ansiedad: “somos un grupo de pollos en el corral, no sabes cuál va a ser jalado para la olla”, dice otra. Las reuniones del comité sí sirven para que ellas, al menos, puedan tejer complicidades. “Pero aun así hay desconfianza. Incluso aquí, ahora, con lo que decimos. No sabes quién va a malinterpretar lo que se ha dicho y a quién se lo va a explicar”, concluyen. Se miran y asienten. Omertá.

 

(*) Los testimonios se recogieron durante las clínicas móviles que realiza MSF y que les lleva a las poblaciones de Tetela del Río, Huautla, Puerto Colorado, Las Margaritas, Pueblo Viejo, Buenavista del Aire, Buenavista de Guadalupe, Totoltepec, Santo Tomás, Campo Morado y Coronillas. Juan y Abel terminaban su consulta con los psicólogos de la organización. Bruno llevaba a su nieto al médico. Los de San Felipe, en una visita de seguimiento, después de que los equipos realizaran actividades psicológicas con los desplazados, recién llegados a Apaxtla.

 

@MSF_Mexico

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