Las grietas de una nueva ley: el fin de los privilegios

La propuesta de reducir los salarios a funcionarios públicos suena bastante razonable en términos de justicia social. Sin embargo, el problema va más allá de una promesa hecha por la búsqueda del voto. Lo importante será crear una política pública concreta, factible, viable y creíble.

Durante su campaña por la presidencia, Andrés Manuel López Obrador prometió reducir el sueldo y las prestaciones de los servidores públicos. Este fue uno de sus caballos de batalla durante las elecciones: la política de austeridad. Desde el punto de vista mediático plantear esta medida le funcionó muy bien. Atiende a una demanda ciudadana con respecto a los privilegios de la alta burocracia y de la clase política de México. Sin embargo, vale la pena preguntarse si desde el punto de vista presupuestario esta disposición es útil y eficaz.

En días recientes, exactamente el jueves 13 de septiembre, durante la conmemoración de la muerte de los 6 cadetes mexicanos que fallecieron en la batalla de Chapultepec en 1874, la Cámara de Diputados, que se lanzó como Juan Escutia envuelta en la bandera de la justicia, votó a favor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos con 433 votos a favor, 9 en contra y una abstención en lo general, y en lo particular con 246 votos a favor, 111 en contra y cero abstenciones.

En días recientes, Mario Delgado, coordinador de los Diputados de Morena (que ahora son mayoría), ha dicho que con la aprobación de esta ley en la que, como ya se sabe, se estipula que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la república, “llegan a su fin los excesos de la alta burocracia”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, también se ha pronunciado constantemente al respecto de este tema. En Nayarit, la primera parada de su gira de agradecimiento, comentó: “Les dije que iban que bajar los sueldos de los altos funcionarios y vamos a cumplir: ya se aprobó la ley reglamentaria”. Después aceptó que, en efecto, no a todos les ha gustado esta decisión, y comparó el salario que ganan los altos funcionarios con los de la gente que vive con el mínimo: “Yo sé que hay algunos que no les gustó que se aprobara esta Ley, porque piensan que no es justo, deben también pensar que el campesino y el obrero cuando tienen trabajo, el salario mínimo es de 88 pesos”.

En relación a esto, es necesario partir del principio. ¿Qué es el salario y cómo se determina? De forma general se puede decir que el salario es el pago que recibe una persona, de manera periódica, por la realización de cierto trabajo, y que éste se determina por su nivel de productividad. En teoría, el trabajo remunerado debe estar relacionado directamente con lo que el empleado genera: número de ciertos productos en una maquiladora; proyectos terminados, en una consultoría; trabajo terminado en un taller mecánico; etcétera. Así, partiendo de esta idea, ¿cómo determinar entonces el valor del trabajo que realiza un funcionario público o inclusive, un político profesional? ¿Cómo calcular cuánto produce un legislador en términos sociales o económicos? ¿Cómo relacionar el producir un bien o un servicio con el salario de un funcionario público, de un maestro, de un director general o el de un secretario de Estado?

Los discursos de campaña sirven para llegar a la gente. Una propuesta como la reducción de salarios a los funcionarios públicos suena bastante razonable en términos de justicia social. Sobre todo, en un país donde más de la mitad viven en la pobreza y más de la cuarta parte en pobreza extrema. No suena nada mal que la élite burocrática y política vea reducidos sus privilegios. Sin embargo, el problema va más allá de una promesa hecha por la búsqueda del voto. Lo importante es cómo traducir esto en una política pública concreta, factible, viable y creíble.

Con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya aprobada por el Senado en noviembre del año 2011, y que permaneció en la “congeladora” legislativa desde entonces, se busca la reducción de salarios de los tres Poderes de la Unión, órganos autónomos y demás entes públicos. Esto implica que ningún funcionario podrá ganar más de 108 mil 274 pesos mensuales, salario que está fijado como máximo para el próximo Presidente de la República, y que representa una reducción de casi 50% en comparación con lo que percibe el presidente actual, que tiene un salario de 220 mil pesos. La excepción a esta ley, será únicamente aplicable para aquellos que tengan cargos altamente técnicos, como las cabezas de centros de investigación científica. De ahí en fuera todos deberán acatar esta disposición. Un secretario de Estado, por ejemplo, rondará los 106 mil 483 pesos mensuales. Un subsecretario percibirá 105 mil 836 pesos como máximo. Un oficial mayor 100 mil 829 pesos.

Desde la perspectiva del próximo gobierno, la remuneración actual que reciben los funcionarios públicos representa un porcentaje importante del presupuesto público. La idea es que los ahorros generados por esta ley, que incluye el fin de las mega jubilaciones y liquidaciones, según su artículo 11, se destinen a necesidades más apremiantes. Esto suena ideal, claro, aunque desde el punto de vista presupuestario quizá no lo sea tanto.

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política y que consta de 17 artículos divididos en cinco capítulos, ha generado ya una posible desbandada de funcionarios del Banco de México (Banxico), quienes ante el recorte de salarios que se avecina han adelantado su retiro. Y si bien, el control del gasto público en el rubro de servicios personales es una herramienta indispensable dentro de la política orientada a la responsabilidad fiscal, el incremento registrado en la última década ha sido menor al 3%. Por otra parte, la reducción de los salarios de la alta burocracia no representará un ahorro significativo en las finanzas públicas; será mucho menos del gasto destinado a los programas públicos.

En otro sentido, debemos preguntarnos también ¿de verdad esta ley, en la que además se consigna que habrá sanciones (14 años de prisión) por remuneraciones ilícitas, servirá para contar un servicio público que sea honesto y eficiente? ¿No será necesario poner atención en otros malos manejos de los recursos públicos?

Un rubro que al que sí se debería de destinar mayor interés político, estratégico y financiero es al relacionado con los pasivos laborales del sector público, es decir a las pensiones de los burócratas jubilados que deberán pagarse año con año. Para el año 2019 es probable que esto se acerque a los 800 mil millones de pesos. Cifra poco despreciable y muy superior comparado con los ahorros que se pretenden generar con las reducciones de los salarios de la alta burocracia. Una medida menos popular, menos visible, pero más efectiva desde el punto de vista de las finanzas públicas.

¿Cuál es esa grieta que no estamos alcanzando a ver en esta “deslumbrante” ley?

 

 

@yamilnares

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