El replanteamiento del Pacto Federal

Es muy importante repensar las repercusiones no sólo políticas de la creación de la figura de “súper delegados”, sino su relevancia financiera. El uso de los recursos que se transferirán a las entidades federativas y municipios estarán concentrados por el gobierno federal y esto derivará en una visibilidad política que podría traducirse eventualmente en una ventaja de tipo electoral.

El 12 de julio de este año, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que reestructuraría todo el aparato burocrático federal. Entre las medidas que adoptaría, dijo entonces, estaría la desaparición de todos los delegados federales en los estados. Uno de sus principales argumentos fue que estos cargos representaban una fuente de conflicto de intereses y de corrupción compartida entre las dependencias federales y los gobiernos estatales, quienes, en la práctica, operaban para que fuera designado un delegado cercano. En cambio, como parte de su plan de austeridad federal, crearía un equipo de 32 coordinadores estatales que concentrarían la función de los primeros.

Más recientemente, AMLO anunció la creación de una especie de “súperdelegados” en cada entidad federativa. Entre las enmiendas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que sí se aprobaron y ratificaron en el Congreso de la Unión la semana pasada, se encuentra la que da pie a la creación de estos representantes del Gobierno Federal, quienes serán los encargados de vincular todos los programas sociales prioritarios de la próxima administración federal hacia los estados de la República. La justificación de esta figura es supuestamente una “simplificación administrativa” para eliminar “intermediarios” en la entrega de los recursos de los programas sociales a sus beneficiarios. Pero la intencionalidad política es muy evidente. Esta disposición, que ya ha sido tachada como una estrategia de control y operación electoral completamente centralista, ya que a través de esta figura y de sus funciones aparentemente “administrativas” el gobierno federal podrá concentrar suficiente poder político (dada su visibilidad y poder de negociación) para posicionarlos electoralmente, se ha interpretado también como un mecanismo de control a los gobiernos estatales, sobre todo para el financiamiento y la operación de programas federales (principalmente los que forman parte de los ramos 23 y 33).

Al respecto, hasta hace unos días existía la percepción de que la mayoría de los gobiernos locales apoyaban la medida impulsada por el presidente electo y su partido. Al menos, la impresión pública que se daba a través de los medios de comunicación era que no había una oposición importante a esta medida e inclusive, la mayoría de la cobertura mediática se orientaba a dar la impresión de un apoyo mayoritario. Sin embargo, recientemente los gobernadores de oposición al próximo gobierno han manifestado su rechazo a la medida al considerarla violatoria de la soberanía de las entidades federativas, pues los “súperdelegados” tendrían atribuciones superiores a las de los gobiernos estatales, razón por la cual anunciaron que presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, rechazó abiertamente la creación de la figura de “súperdelegados”, pues calificó esta medida como una clara intromisión a la soberanía de los estados.

La respuesta de senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, a estas críticas, fue la amenaza de desaparecer los poderes locales en el caso de que los gobiernos estatales se rehúsen a aceptar la figura de “súpe delegados”, haciendo uso de las facultades y atribuciones que la Máxima Tribuna tiene para hacerlo. Es decir que se tendrían que alinear forzosamente a lo dictado por un gobierno autoritario.

Enrique Alfaro, quien ya es visto en redes como el principal opositor de AMLO y que se erige como la figura más importante en contra de la imposición de “súperdelegados” en los estados, declaró que defenderá autonomía de Jalisco e inclusive rechazó que en materia de seguridad los “súperdelegados” vayan a ser los responsables en el estado de Jalisco. “Estamos viendo que la propuesta pone a los delegados como responsables en materia de seguridad; en Jalisco eso no va a pasar”, afirmó Enrique Alfaro. “El delegado especial del gobierno federal, o ‘súper delegado’, no va a estar en las mesas de seguridad”, reiteró. Por congruencia histórica, según dijo el gobernador del estado de Jalisco, no se puede permitir esta imposición por medio del “mayoriteo legislativo” ya que esto atenta contra la autonomía y dignidad de Jalisco como estado libre y soberano. “No es posible que se estén aprobando reformas legales que están vulnerando la autonomía de los estados. Aquí en Jalisco esas medidas no van a pasar, así de claro”. Durante su participación en un foro realizado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara insistió en que el próximo Gobierno Federal busca imponer sus proyectos sin oportunidad en considerar aquellos propuestos por los estados: “Pedimos un trato justo y atención de los problemas que se están generando desde lo local y parece que el próximo gobierno de la República no quiere voltear a ver con detenimiento ni atención”.

La discusión no es para menos, sobre todo porque está en juego la tercera parte del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Es importante recordar que, según el sitio de Sistema de Información Legislativa, el PEF es un “documento de política pública elaborado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes, de los organismos autónomos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales” y que uno de cada tres pesos del PEF lo gastan (ejercen) los estados y los municipios, ya sea a través de las participaciones federales (Ramo 28), o las aportaciones federales (Ramos 23 y 33, por ejemplo). Esto no es menor, claro, si consideramos que para el PEF 2019 se está calculando una bolsa de recursos cercana a los 6 billones de pesos (seis millones de millones de pesos).

Por esta razón es muy importante repensar las repercusiones no sólo políticas de la creación de la figura de “súper delegados”, sino su relevancia financiera. El uso de los recursos que se transferirán a las entidades federativas y municipios estarán concentrados por el gobierno federal y esto derivará, desde luego, en una visibilidad política que podría traducirse eventualmente en una ventaja de tipo electoral. Por eso necesario que ahora, justo ahora, nos replanteemos el modelo de Pacto Federal y de Federalismo Fiscal.

Si la problemática es que actualmente 1) la mayor responsabilidad de recaudación de impuestos y de obtención de recursos para el gasto público del Estado Mexicano, en su conjunto, la tiene el Gobierno Federal; 2) la mayor fuente de financiamiento del gasto público local (estatal y municipal) proviene precisamente de las transferencias federales (ya sean participaciones o aportaciones), y los gobiernos locales son poco eficientes, o de plano no quieren recaudar más (por no asumir los costos políticos de hacerlo, o porque tienen una débil estructura tributaria, o porque privilegian fuentes de financiamiento como el crédito o los instrumentos de deuda bursátiles) y 3) la propuesta es transferir más facultades de recaudación de lo federal a lo local, así como también posibilidades para ejercer estos recursos, esto implicaría que los gobiernos locales (estados y municipios) tendrían que asumir su responsabilidad de fortalecer sus mecanismos recaudatorios y mejorar así la calidad del gasto; de este modo serían responsables directos de su cobro y de su uso, con las implicaciones políticas que eso conlleve.

Es hacia esto último donde tendría que dirigirse la discusión y no sólo oponerse abiertamente a la creación de los “súper delegados”, ya que, con esto, a la larga, se podría mejorar la calidad del gasto público y se balancearía el control fiscal, presupuestario y político entre el Gobierno Federal y los gobiernos locales.

 

@yamilnares

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