La lógica detrás de policías no profesionales

Si alguna vez la guerra contra las drogas persiguió la seguridad ciudadana y la salud pública, parece que nunca lo sabremos; lo que sí sabemos es que ahora sirve para controlar estados y municipios.

Por: Alejandro Juárez Ascencio (@AleJuarezA)

Hace unos días, el senador Roberto Gil publicó un tuit singular.

El Senador respondió de ese modo a las declaraciones de Ricardo Anaya sobre lo infructuosa que ha sido la lucha contra el narcotráfico, pero yendo más allá de la presión del senador para que Anaya apoye la Ley de Seguridad Interior, hay algo más importante y peligroso: ¿realmente los gobiernos estatales, de cualquier partido, pueden prescindir de las Fuerzas Armadas para proveer “seguridad” a sus ciudadanos? La respuesta es un simple no.

Desde su inicio, la lucha contra el narcotráfico fue criticada por diversos grupos. El gobierno entrante de Felipe Calderón argumentó que no había opción, que el crimen organizado estaba descontrolado y que, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, enviaría a nuestras tropas a combatir al narco. Y así inició todo. Lo que en un principio se pensó que sería temporal, en lo que se capacitaban policías profesionales, se han convertido en casi 12 años de un terrible conflicto que no tiene rumbo.

La desesperación social provoca que la gente dé la bienvenida a las soluciones desesperadas que, lejos de apoyar el fin de los problemas, los acentúan. La participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública fue eso, una respuesta desesperada a una situación “bien vendida” como desesperada en los años 2006 y 2007, que utilizó la credibilidad de las propias Fuerzas Armadas como “propuesta única de venta” (un concepto de mercadotecnia aplicado a la lógica política del momento) y que ha sido explotado durante años con el lógico desgaste que esto acarrea.

La pelea prometía una disminución en la delincuencia, combatir el tráfico de drogas y favorecer las políticas de salud. Nada de eso ha ocurrido. Lo que sí pasó fue que las policías estatales y municipales sufrieron un desmantelamiento sin precedentes. Si bien muchos de sus elementos efectivamente estaban coludidos con grupos criminales, no se trabajó en los proyectos de capacitación que les regresaría a esos cuerpos policiales su verdadero objetivo de ser: la seguridad pública. Nada pasó. Otra consecuencia es que los gobiernos estatales ahora no pueden sobrevivir sin Fuerzas Federales en sus territorios. Esta dependencia vital del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Federal se traduce en una dependencia del gobierno federal que, de ese modo, tiene el control de la “seguridad” de los estados y, por lo tanto, de sus gobernadores. Dicho esto, si observamos la lucha contra el narco desde las perspectivas de seguridad y salud públicas, es un total fracaso, pero, si la observamos desde una oscura óptica política, ya no tanto.

La perversa manipulación mercadológica hizo de la lucha contra el narco, en términos políticos, un éxito, porque la participación de las Fuerzas Armadas sólo depende del Presidente de la República y a este no le conviene dejar ir (y menos con el bajo índice de aprobación que tiene) la gobernabilidad y dependencia que tienen los gobernadores de las Fuerzas Federales. La violencia se convirtió en una herramienta de gobernabilidad a la que es difícil renunciar.

Si alguna vez este asunto persiguió la seguridad ciudadana y la salud pública, parece que nunca lo sabremos; lo que sí es que ahora sirve para controlar estados y municipios. Bajo esta lógica, ya se ve diferente la urgencia de aprobar una Ley de Seguridad Interior.

La cómoda y cobarde subordinación de los gobernadores agrega consecuencias a este problema (además de los miles de muertos, el desgaste de nuestras Fuerzas Armadas y la fragilidad de la institucionalidad y la democracia); ahora podemos sumar el debilitamiento del federalismo y el aniquilamiento literal de la municipalidad (sólo hay que ver el terrible índice de presidentes municipales ejecutados).

Los gobernadores seguirán consintiendo esto hasta que los ejecutados empiecen a ser ellos. Tal vez entonces empiecen a crear policías profesionales.

 

* Alejandro Juárez Ascencio se desempeñó como Teniente Corbeta del Servicio de Administración e Intendencia Naval Licenciado en Comunicaciones Gráficas en la Armada de México de 2007 a 2015. Los comentarios en este artículo son a título personal y no representan la postura de la SEMAR.

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