¿Cuántos son? La desaparición forzada y su conteo

Reconocer la magnitud de las desapariciones forzadas implica una revisión puntual de cada uno de los registros estadísticos que puedan dar nota del evento, lo que permitiría agilizar la aplicación del marco normativo recién aprobado.

Por: Mario Pavel Díaz Román

El 16 de noviembre el Presidente de la República promulgó la Ley General  en materia de Desaparición Forzada de Personas. Ello implica la reforma y la derogación de algunas disposiciones del Código Penal Federal, genera nuevos tipos penales y crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas; además, se conceptualiza a la desaparición como permanente (en tanto el desaparecido y sus restos no sean encontrados), imprescriptible, no sujeta al análisis de oportunidad, a formas de solución alterna ni es objeto de amnistía o indultos.  Entre sus posibles inconsistencias figuran: las magras capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda, la ausencia de castigo a los superiores jerárquicos,  la no creación de un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses, la ausencia de mecanismos integrales de búsqueda (no se habilita la búsqueda en cuarteles), la inatención a los crímenes cometidos en la Guerra Sucia, así como  la ausencia de juicio a militares  y las pocas capacidades para reclasificar incidentes del pasado. (Animal Político, Mayo de 2017)

La reciente visibilización de la desaparición forzada (DF),  la decidida presión de las organizaciones de familiares de víctimas y la vigilancia de organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, han enfatizado la gravedad de la situación. No obstante la DF no es nueva en el país, en las últimas 4 décadas del siglo pasado fue utilizada como un recurso de eliminación de la oposición política (sea en su forma civil o armada).  A inicios del milenio, y especialmente en los últimos 10 años, su uso se ha extendido además de hacerse aún más compleja, puesto que las víctimas no se reducen a los opositores y los perpetradores no sólo se enmarcan en agentes estatales, sino en posibles miembros de organizaciones criminales que pueden actuar en  colusión con  las autoridades.

El catalizador que exhibió internacionalmente la crisis de DF y al Estado mexicano como violador de derechos humanos (al menos por incumplimiento sistemático de sus obligaciones) es la DF de 43 normalistas en Iguala (Guerrero, 26/09/2014) a manos de grupos criminales en marcado contubernio con agentes estatales. Los hechos de Iguala derivaron, entre otras cosas, en la vigilancia de organizaciones internacionales en derechos humanos, hecho que evidenció “la situación crítica” y la “alta prevalencia de impunidad” en el país (ONU, 2015). Entre las recomendaciones elaboradas por distintos organismos  resaltan la creación de una ley en la materia, así como la integración de registros estadísticos, confiables y veraces, que permitan tener un diagnóstico  capaz de desvelar el calado de la crisis.

Reconocer la magnitud de las DF implica una revisión puntual de cada uno de los registros estadísticos que puedan dar nota del evento, lo que permitiría agilizar la aplicación del marco normativo recién aprobado, puesto que dimensionaría de una manera más clara el universo de víctimas directas e indirectas. En esa tesitura, el Observatorio Nacional Ciudadano publicó  el informe Desapariciones Forzadas. El registro estadístico de la desaparición ¿delito y circunstancia?, donde analiza cada uno de los repositorios de información sobre el particular, llegando a la conclusión de que “la respuesta del Estado en materia de registro […] ha sido lenta, improvisada y poco transparente. Desde la administración federal pasada las iniciativas para generar  registros han sido consecuencia de sentencias  y casos coyunturales” (p.65) lo que hace que la información presente “un alto grado de dispersión, falta de claridad y [sea] carente de una estructura que mejore las búsquedas e investigación de casos” (p. 65).

La correcta implementación de la Ley,  en compromiso militante con la verdad y la justicia, pasa por una discusión pública y bien documentada referente a la construcción del dato estadístico; es decir, en el cómo integrar los registros de personas desaparecidas con fines a posibilitar el acopio de la mayor cantidad de información posible para generar datos de calidad útiles en el diagnóstico de la situación.  Esto podría sentar las  bases de ejercicios de rendición de cuentas sobre lo que se está haciendo, puesto que la “información y el diagnóstico de un problema público son condiciones indispensables para poder exigir cuentas a las autoridades sobre la atención que prestan para sus solución, pues no se pueden exigir cuentas sobre un problema cuyas dimensiones cuantitativas y cualitativas se desconocen” (Cadhac, 2017, p. 15).

Que si son más o menos de 30 mil los desaparecidos o cuál es el porcentaje de los mismos atribuible a organizaciones criminales o agentes estatales es igual a determinar  el paradero de las víctimas con los datos estadísticos actuales. Hasta que no se abra una discusión pública con especialistas en estadística criminal tendiente a la construcción de registros claros y eficientes sobre desaparición y sus posibles correlativos (como homicidio e inhumaciones clandestinas), el nivel de conocimiento sobre el tema se ceñirá a estudios de caso con resultados sólo generalizables al conjunto de casos particulares a la construcción de esa  muestra. Mientras tanto, los desaparecidos seguirán siendo una pregunta sin respuesta, tal cual lo expresó el dictador argentino Jorge Rafael Videla en 1979, luego de una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a su país: “Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento equis. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento zeta. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad.  No está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido”.

 

* Mario Pavel Díaz Román es especialista en violencia y delincuencia. Candidato a doctor en Ciencia Social por El Colegio de México. Diplomado en Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos por el CIDE. [email protected]; [email protected].

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