Discrecionalidad ante la Ley de Seguridad Interior

Mientras para algunas organizaciones, la LSI representa una amenaza para los mexicanos, la Comisión de Gobernación sesionó su aprobación a puerta cerrada, excluyendo a representantes de la sociedad civil.

Por: Rebeca Calzada (@RebecaCol)

 

El pasado jueves 30 de noviembre la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados ansiaba sesionar a puerta cerrada la aprobación del dictamen de la Ley de Seguridad Interior. Por una parte, a representantes de la sociedad civil, como el colectivo #SeguridadSinGuerra, se les negaba el acceso (como lo muestra el video de Catalina Pérez-Correa subido a Twitter) y, por otra parte, existía la intención de no transmitir en vivo la sesión por “problemas de cableado” como lo señalaba Mercedes Guillén (PRI), presidenta de la Comisión. Es decir, la Comisión pretendía aprobar una ley tan importante como la Ley de Seguridad Interior en completa discreción y secrecía.

 

Pero antes de continuar, expliquemos la relevancia y preocupación que existe ante la Ley de Seguridad Interior. Primeramente, esta Ley –según sus autores (PRI)– busca dotar un marco jurídico a las fuerzas armadas en su labor de combate en contra de la delincuencia organizada; es decir, en su labor de seguridad pública. Lo anterior traducido a la realidad, como lo alerta el colectivo #SeguridadSinGuerra, representa diez amenazas graves:

 

Además, organizaciones internacionales como la Oficina en Washington para Asuntos de Latinoamérica (WOLA), Amnistía Internacional, Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Conectas Direitos Humanos, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG), Open Society Justice Initiative (OSJI), Robert F. Kennedy Human Rights y World Organisation Against Torture (OMCT), lanzaron un comunicado el 29 de noviembre en el que expresan su preocupación ante esta Ley por su efecto de militarización. Por si fuera poco, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein ha pidió frenar el proyecto de Ley, y la oficina de las Naciones Unidas en México, envió una carta al Senado en la que alerta la ambigüedad de la Ley y los riesgos que ésta implican, tales como la aplicación de normas de forma amplia y arbitraria, entre otros puntos. De igual forma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un primer comunicado de prensa anterior al día en que se aprobó en la Comisión de Gobernación, advirtió sobre los riesgos de la Ley, tales como la discrecionalidad del actuar de las fuerzas armadas, violaciones a derechos humanos (aún más) y el contravenir a la Constitución.

Ahora, regresemos al tema de discrecionalidad y secrecía que mostró la Comisión de Gobernación. Si la Ley de Seguridad Interior es de extrema importancia y preocupación, por lo anteriormente mencionado, ¿por qué sesionar a puerta cerrada un tema así de controversial? ¿Por qué el Estado realiza ciertas actividades con discrecionalidad y secrecía? A principios de la era moderna, la principal forma de asegurar la expansión y sostenibilidad del poder del soberano era a través de condiciones de discreción y secrecía. Esta tradición conocida como arcana imperii tiene funciones estabilizadoras y de seguridad para el Estado—que, generalmente, son usadas en el nombre de la seguridad colectiva. Sin embargo, esta funcionalidad de la secrecía del Estado posee dos dilemas principales. El primero es: la secrecía del Estado conlleva un espacio ambivalente y discrecional. Este espacio de invisibilidad es preocupante ya que abre la posibilidad de un espacio legal en donde cierta información está protegida del debate, del control y regulación, donde el Estado de derecho se suspende y puede llevar a mayor opresión, impunidad y violencia—pues la secrecía favorecerá primeramente la efectividad del aparato estatal antes que cualquier cuestión de carácter legal, ético o moral. El segundo dilema de la secrecía del Estado tiene que ver con la transparencia—indispensable en un régimen democrático pues representa una limitación ante el poder estatal, además de que alienta a las autoridades a ser más responsivas y a que rindan cuentas. Es por ello que, tras la creciente popularidad de la democracia y transparencia (posterior a los años setenta) se demandó la purga de cualquier tipo de secrecía –o práctica similar– del escenario político. En este sentido, a pesar de la funcionalidad que pueda tener la secrecía del Estado, ésta representa una posible amenaza a la democracia al obstaculizar la transparencia y el acceso a la información.

El tema no es que el Estado tenga una apertura completa, o su opuesto, un hermetismo total, sino un balance entre la funcionalidad de la secrecía del Estado con cuestiones éticas, legales y morales. Es por ello que, ante la discusión, votación y aprobación de una ley del calibre de la ley de seguridad interior, es necesario que se mantengan canales abiertos de comunicación entre el Estado y la sociedad. Además, es relevante para la ciudadanía conocer la evidencia y motivaciones que, nuestros supuestos representantes, usaron a favor o en contra al momento de votar la ley que podría direccionar al país hacia su militarización legal.

Finalmente, el inicial despliegue de las fuerzas armadas correspondió a una estrategia prohibicionista que buscaba combatir “frontalmente” al narcotráfico, y que, como lo han mostrado los últimos once años, ha sido una estrategia fallida, pues, por un lado, aún persiste la producción, tráfico, venta y consumo de sustancias psicoactivas ilegales, y por otro, esta medida ha tenido severos costos adversos, tales como la muerte de más de 170 mil personas, 32,277 personas desaparecidas y aproximadamente 300 mil personas desplazadas entre otras consecuencias más.

Hagámosles saber a nuestros representantes que no merecemos que hagan uso del temor legítimo de la sociedad para tomar medidas tan peligrosas, como puede ser la Ley de Seguridad Interior, que lo que verdaderamente hacen es favorecerles políticamente –frente al proceso electoral del 2018– y que les podría permitir mantener el poder con el apoyo de las fuerzas armadas aún si no lo obtuvieran de forma democrática.

 

* Rebeca Calzada es asistente del Programa de Política de Drogas del CIDE y miembro del colectivo Drogas, Política y Cultura.

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Comentarios

  1. Candido Ruiz

    Queda demostrado que las organizaciones de dizque derechos humanos tienen miedo de los efectos de la ley de seguridad interior y no por que la el respeto a los derechos humanos, sino sus bolsillos, ya que dejaran de percibir su mochada por velar por los derechos de los criminales.

  2. Santiago Lopez

    La verdad no se que tanto alegan las organizaciones dizque defensora de derechos humanos, si México siempre a tenido la presencia de militares y marinos en toda la vida cotidiana del país, ademas que con esta ley ya habría una fecha para el regreso de los soldados y marinos a sus cuarteles, ya que habría un marco juridico que los regulara y marcara fecha de finalizacion de apoyo a las entidades federativas.