¿Cómo sería si tuviéramos oportunidades?

El Acuerdo de Paz colombiano reconoció que las mujeres condenadas por microtráfico se encuentran en vulnerabilidad, por eso urgió al gobierno a tomar medidas para reducir los daños que la prisión ha tenido en sus vidas. Pero a la fecha no hay una alternativa al encarcelamiento.

Por: Lucía Ramírez Bolívar (@aydalucia)

Ángela tiene 24 años y 3 hijos menores de edad, fue condenada a 6 años de prisión en Colombia por haber ingresado drogas a la cárcel para llevárselas a su esposo. Con tristeza y desesperanza, Ángela cuenta su historia a través de un foto reportaje de la serie Mujeres y Encarcelamiento realizado por WOLA, que busca evidenciar los costos humanos de las políticas de drogas en las Américas.

Ángela se vio obligada a transportar drogas debido a la presión de su esposo pues le dijo que si no las llevaba lo iban a matar. Durante los cuatro años que lleva encarcelada, Ángela no ha podido responder por sus hijos, quienes se encuentran bajo el cuidado de su mamá. El maltrato y la discriminación que ha sufrido en la cárcel es una de las múltiples violencias que ha enfrentado a lo largo de su vida por su género y etnicidad.

De acuerdo con la Guía Mujeres, Política de Drogas y Encarcelamiento en América Latina, “más del 60 % de la población carcelaria femenina está privada de libertad por delitos relacionados con drogas”. Así, las penas desproporcionadas por los delitos de drogas en la región han afectado en particular a mujeres en situación de pobreza, con poca educación, responsabilidades de sostenimiento y cuidado de sus familias. Dadas las apremiantes necesidades económicas de estas mujeres, las actividades dentro de redes de narcotráfico se convierten en una alternativa laboral viable, a pesar de los riesgos. Por lo general, ellas ocupan los eslabones más débiles de la cadena de este negocio y realizan actividades de baja remuneración, pero de alto riesgo. Muchas de ellas no cuentan con información sobre las redes delincuenciales para las que trabajan; por esto, si son capturadas no ponen en peligro a las cabezas de estas organizaciones y pueden ser fácilmente reemplazadas.

Estas circunstancias han generado el aumento significativo del encarcelamiento de mujeres vinculadas por delitos de drogas. De acuerdo con un estudio de Dejusticia para el caso de Colombia, de cada diez mujeres que se encuentran en prisión, cinco lo están por delitos relacionados con drogas. De ellas, el 93 % son madres, el 52 % son cabeza de hogar, y muchas no han terminado el bachillerato; es decir, se trata en su mayoría de mujeres pobres, responsables del cuidado y sostenimiento de sus hijos u otros familiares, y que cuentan con pocas oportunidades para ingresar al mercado laboral. Las condiciones de vulnerabilidad de estas mujeres y sus familias se agravan con el encarcelamiento. El cuidado de sus hijos queda a cargo de terceros, lo que los expone a mayores riesgos y rompe los vínculos familiares.

Reconociendo el impacto limitado de las políticas punitivas en el desmantelamiento de los mercados ilegales de drogas, el gobierno colombiano se comprometió en el Acuerdo Final (Punto 6), a tramitar de forma prioritaria y urgente cambios legislativos para otorgar beneficios penales a mujeres en situación de pobreza, con cargas familiares” que hayan sido condenadas por delitos de drogas no violentos.

El otorgamiento de beneficios penales para estas mujeres es importante por dos razones: primero porque constituye una oportunidad para atacar las causas estructurales que las empujan a vincularse a este negocio y segundo porque, siendo el problema de las drogas uno de los factores críticos para alcanzar una paz estable y duradera, es urgente e indispensable dar cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo. Así como el Acuerdo Final dispone beneficios penales para otros actores involucrados en la cadena del narcotráfico, como los cultivadores, se deben cumplir los beneficios que se acordaron para las mujeres encarceladas por delitos menores de drogas. Con esto, se reconoce el impacto diferenciado de género en la implementación de la política de drogas, y se permitiría una reparación frente a las sanciones excesivas que las mujeres han recibido.

La implementación de beneficios penales como la prisión domiciliaria, suspensión de la pena y libertad condicional, puede remediar los graves impactos del encarcelamiento y convertirse en respuestas más humanas y efectivas. Y si estas medidas están acompañadas de políticas de inclusión social y productiva como programas de educación, acompañamiento psicosocial, formación para el trabajo, y acceso a créditos para emprendimiento, se estarían atacando las causas que llevaron a estas mujeres a cometer estos delitos y previniendo su reincidencia.

El caso de Costa Rica evidencia el éxito de este tipo de medidas. En el año 2012 se aprobó la reducción de penas para mujeres que introducen drogas a centros carcelarios cuando ellas se encuentren en situación de pobreza, sean jefes de hogar, tengan a su cargo menores de edad, adultos mayores o personas con alguna discapacidad, o cuando se trate de mujeres de la tercera edad. Esta reforma benefició alrededor de 150 mujeres, quienes al salir de prisión accedieron a un programa estatal de apoyo para esta transición que les permitió recibir servicios como atención jurídica, psicológica, capacitación y apoyo al emprendimiento.

Algunos sectores han expresado sus reservas frente a este tipo de beneficios penales, pues existe el temor de que las mujeres puedan ser utilizadas para seguir cometiendo crímenes relacionados con el tráfico de drogas. Si bien es necesario reconocer este riesgo, el reciente aumento del número de mujeres vinculadas a delitos de drogas demuestra que el encarcelamiento no las ha protegido de ser usadas por el narcotráfico y por el contrario ha agravado su situación personal y familiar. Así mismo, es importante aclarar que el otorgamiento de beneficios penales en casos de delitos menores de drogas no implica que estos dejen de ser castigados, sino que permite alternativas a la prisión que generan menores costos humanos. Las personas involucradas en delitos menores de drogas necesitan más oportunidades y menos cárcel.

 

* Lucía Ramírez es abogada especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Trabajo Social de la Universidad de Chicago. Actualmente es investigadora en el tema de política de drogas en el Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia. [email protected].

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