La amnistía y la desigualdad de género

Para que la amnistía sea exitosa en México debe ir acompañada de la reestructuración de las sanciones penales de los delitos vinculados al mercado de las drogas, de políticas socioeconómicas que permitan cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, y del desarrollo de oportunidades educativas y laborales para todos los sectores de la población.

Por: Dafne Viramontes

“Ser libre es querer la libertad de los demás”.

Simone de Beauvoir

 

Como consecuencia de las campañas políticas hacia la presidencia de México hemos escuchado una propuesta de política de seguridad que es motivo de debate y críticas: “la amnistía”. Pero ¿qué es la amnistía?, ¿quiénes son sus beneficiarios? y ¿cómo puede una ley de amnistía favorecer la perspectiva de género? Para realizar los anterior, presento algunas estadísticas sobre mujeres recluidas por delitos contra la salud en México, los efectos indirectos de las medidas penales en su contra y la situación de violencia que presentan los estados con mayor número de mujeres recluidas por estos delitos. Finalmente, esbozo algunas recomendaciones en materia de amnistía, usando como ejemplo el caso de Bolivia.

En primer lugar, la amnistía hace referencia a un recurso jurídico que permite la eliminación de la responsabilidad penal respecto de un delito, ya sea por la modificación del delito o por su eliminación dentro del código penal. La amnistía ha demostrado ser una herramienta útil en los delitos relacionados con drogas, o como se les conoce en México, delitos contra la salud, ya que permite internalizar las fallas del sistema penitenciario al momento de sancionar a una persona, pues muchas veces éste no toma en cuenta las características individuales y contextuales que llevan a cometer un delito.

En México, el 43 % de las mujeres recluidas en centros penitenciarios del fuero federal están ahí por delitos contra la salud, siendo éste el delito con mayor número de ingresos de mujeres. Sin embargo, la información disponible muestra que la mayoría de estas mujeres se encuentra ahí por un delito no especificado, seguido por la posesión y el comercio de drogas ilícitas. Es importante señalar que, de las 1,169 mujeres ingresadas al sistema penitenciario por delitos contra la salud, 891 de ellas, es decir el 76.21%, eran ingresadas por primera vez. Que la mayor parte de ellas no fuera ingresada anteriormente por delitos del fuero federal nos habla no sólo de la criminalización excesiva contra las mujeres, sino también de una ventana de oportunidad para la amnistía.

Por otra parte, algunos de los estados con mayor número de mujeres recluidas por delitos contra la salud, Baja California (329), Estado de México (191), Chihuahua (134), Jalisco (86) y Sonora (76), también presentan altas tasas de prevalencia de violencia total contra las mujeres –este indicador mide la proporción de mujeres mayores de 15 años que han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo y ámbito, a lo largo de su vida, con respecto a su población. Por ejemplo, el Estado de México presentó la prevalencia más alta de violencia total contra las mujeres: el 73.42% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido un incidente de violencia, mientras que en Chihuahua, el 68.76% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia – este estado también presenta un índice de desarrollo humano bajo – siendo el tercer estado con el indicador más alto. De acuerdo con los resultados del informe “Política de drogas, género y encarcelamiento en México: una guía para políticas públicas incluyentes”, en el que se realizaron entrevistas a mujeres en situación de cárcel por delitos contra la salud, la pareja sentimental es el principal motivo para involucrarse en el mercado de las drogas; de ahí que la violencia de género desempeñe un papel preponderante al momento de ejercer el delito.

Sin embargo, los efectos del encarcelamiento van más allá de la persona que se encuentra en prisión. De acuerdo con el mismo informe, el 85% de las mujeres encarceladas en Bolivia tenía dependientes económicos, los cuales quedaron desprotegidos una vez que fueron detenidas, un fenómeno recurrente al que se le conoce como efecto multiplicador. En el caso mexicano, el efecto multiplicador afecta particularmente a las mujeres. En el estudio “Las mujeres invisibles: los costos de la prisión y los efectos indirectos en las mujeres”, Catalina Pérez Correa realiza un análisis de 1,261 encuestas aplicadas en siete Centros de Readaptación Social en la Ciudad de México y el estado de Morelos. A través del análisis de las entrevistas, la autora encuentra que las personas en situación de prisión no sólo provienen de contextos de desigualdad estructural, sino que esta desigualdad se exacerba una vez que entran en prisión, transfiriéndose a la estructura familiar, y afectando principalmente a las mujeres.

Con base en lo anterior, es preciso preguntarse si una posible ley de amnistía sea necesaria para deconstruir los efectos negativos del sistema prohibicionista de drogas hacia las mujeres. Un dato más respecto de los efectos indirectos del hacinamiento de mujeres en prisión, son las hijas e hijos que nacen o viven dentro de la prisión. Durante el año 2015, se estimaba que había un total de 609 niñas y niños menores de 6 años viviendo con su madre en los centros penitenciarios, vulnerando así no sólo los derechos de la madre, sino también los derechos de las niñas y niños.

Un caso interesante de análisis de procesos de amnistía es el boliviano. Desde 2012, el gobierno de ese país ha implementado una serie de decretos de concesión de indultos y amnistía que tienen por objeto reducir el hacinamiento en las cárceles, y que están dirigidos a poblaciones vulnerables. Aunque ambos consisten en la eliminación de la responsabilidad penal, en el indulto los beneficiarios se siguen considerando como culpables del delito, mientras que en la amnistía no. Las personas que pueden beneficiarse del indulto o la amnistía son adultos mayores, jóvenes, madres y padres que tengan uno o varios hijos, personas que sufran alguna discapacidad o que padezcan una enfermedad. De acuerdo con el reporte “Promoviendo políticas de drogas con enfoque en género en Bolivia”, entre el año 2012 y 2016, la ley de amnistía ha permitido la liberación de 3,702 hombres y 1,251 mujeres; sobre todo aquellas personas encarceladas por delitos relacionados con drogas. El proceso de amnistía e indulto ha tenido un fuerte impacto sobre las mujeres en situación carcelaria, ya que entre el 2012 y el 2017, la población de mujeres encarceladas por delitos de drogas disminuyó en 84%. Entre las beneficiarias de los decretos de amnistía, se encontraban mujeres encarceladas por delitos menores de drogas, mujeres embarazadas, mujeres jefas de familia, adultas mayores, mujeres con alguna discapacidad, y mujeres con enfermedades.

Sin embargo, no debemos sobrestimar los efectos de la amnistía en sí misma. Uno de los factores que permitió el éxito de esta medida en Bolivia fueron las políticas económicas redistributivas que se llevaron a cabo a partir del 2006, y que adoptaron una perspectiva de género, permitiéndole a las mujeres acceder a mayores oportunidades de empleo y una mejor educación. Por tal motivo, para que la amnistía sea exitosa en México debe ir acompañada no sólo de la reestructuración de las sanciones penales de los delitos vinculados al mercado de las drogas, sino también deben desarrollarse políticas socioeconómicas que permitan cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, así como el desarrollo de oportunidades educativas y laborales para todos los sectores de la población.

Finalmente, una ley de amnistía debe venir acompañada de una reforma al código penal en lo referente a los delitos contra la salud, introducir la proporcionalidad de las penas y considerar la situación de vulnerabilidad de las personas que cometen el delito, así como medidas que permitan la reinserción social y económica de las personas que lleguen a beneficiarse de la ley. De hecho, uno de los desaciertos de las amnistías en Bolivia es que no vinieron acompañadas de una reforma a la Ley 1008 – la principal ley en materia de drogas del país – considerada la principal responsable de las altas tasas de encarcelamiento por delitos relacionados con drogas en el país. La amnistía surge como una alternativa a las medidas de militarización de la seguridad pública que, si bien no es la panacea a la violencia en México, permite la inserción de políticas públicas de representación sustantiva para las mujeres.

 

* Dafne Viramontes es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Participa como asistente de investigación en el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE Región Centro). Sus líneas de investigación se centran en los problemas estructurales que dan lugar a la desigualdad de género dentro de diferentes espacios de intervención como las instituciones de justicia, la política de drogas nacional e internacional y el contexto socioeconómico de poblaciones vulnerables. [email protected]

 

@cideppd

 

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