Los menores de edad no entran en los acuerdos de paz

Las juventudes cocaleras en Colombia se ven acorraladas en cada paso de su ciclo de vida a transiciones abruptas. No hay empleos para ninguno, no hay formación suficiente ni apoyos para que los jóvenes no sean forzados a asumir roles que no quieren, ni a construir sus propios proyectos de vida.

Por: Estefanía Ciro

En octubre del 2017 se hicieron las inscripciones de los y las cocaleras en la Unión Peneya (Amazonia colombiana) al Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de coca de los acuerdos de paz (PNIS). El calor, la incertidumbre y la incomodidad de un aula oscura en la mitad del pueblo no le daba justicia a la importancia histórica de ese día.

La historia de este pueblo se puede resumir en la vida de Nelly Luna, una dirigente comunal que lleva desde agosto de 2017 en la cárcel: campesina y víctima con sus hijos del desplazamiento del pueblo provocado por el estado colombiano en el 2004. Actualmente, ella está acusada del “secuestro extorsivo” de 14 policías al enfrentar con la comunidad una erradicación manual forzada al plante de una mujer anciana, vecina de ella. Nelly es la única persona que está en la cárcel por las políticas de erradicación del gobierno en plena “paz”. Guerra, coca y pobreza son las experiencias comunes de cada hombre y mujer que se fueron a inscribir ese día en esa tierra sin selva del corazón de la Amazonia.

Durante las inscripciones se aglutinaban hombres y mujeres de todas las edades en un salón dispuesto con mesas para los funcionarios y algunas sillas para los y las que llegaban a inscribirse. Todos venían con sus papeles en la mano: una carta de la Junta de Acción Comunal que los acreditaba como vecinos de las veredas, papeles de propiedad, compra y venta o cualquier recibo de sus tierras acreditado por las juntas, y sus cédulas. Firmaban estos papeles de la manera en que habían aprendido a escribir su nombre.

El representante del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) estaba acompañado por la delegada de las FARC, quienes socializaron en 5 minutos todo el programa; las personas les preguntaban qué iba a ocurrir con las y los recolectores y les reclamaban por las erradicaciones. Alguien dijo ¿y qué va a pasar con los menores de edad, pueden entrar al programa? La respuesta de ambos delegados fue no, son menores de edad.

Mucho ruido y pocas nueces

La implementación del punto 4 acorraló estos dos primeros años a investigadores y activistas quienes están en contra de la política prohibicionista de drogas, en una complicada contradicción: la sustitución del PNIS que defiende una “vida sin coca” en contraposición a una agenda de regulación y legalización de los usos de la hoja de coca, en la cual había avanzado el país. Después de años de mostrar la ineficacia de las aspersiones con glifosato, por fin se había logrado su suspensión pero los acuerdos de paz y la coyuntura política recentraron la atención en la política de “coca cero”.

Además, se han reencauchado – como originales – tanto aciertos como errores que la anterior generación de investigadores sobre las economías de las drogas había discutido. Para dar un ejemplo, Ricardo Vargas, en trabajos muy juiciosos, había señalado la ineficacia de las fumigaciones y de la política prohibicionista en general, y la urgencia de la transformación rural integral en contraposición al peligroso productivismo e individualismo agrícola del Desarrollo Alternativo (DA). Actualmente, la amenaza de que este proceso de sustitución se convierta en una readaptación de políticas de DA maquilladas con talleres de participación es latente. La crisis de la sustitución podría incendiar el país y poner de nuevo a los y las campesinas de carne de cañón con erradicaciones forzadas con el fenómeno de la resiembra.

Las consecuencias de la pelea por legitimación y recursos de centros de pensamientos y experticias, y focos de medios de comunicación es que los enrede en lugares comunes y ganas de protagonismo, pero que en la cotidianidad práctica del estado no se puedan resolver cambios trascendentales. Uno de esos peligros es por ejemplo qué ocurre con las juventudes rurales en los territorios cocaleros.

“Yo me abrí”

Convencionalmente, las y los sujetos se conocen y hace familias – de múltiples tipos –, eso implica decisiones importantes sobre independencia económica, relaciones e hijos o hijas. Este proceso es diferente en el campo y en la ciudad, lo que nos parece “normal” entre calles de Bogotá no es lo mismo que entre parcelas de la Amazonia colombiana. Aun dentro del campo, las familias rurales son heterogéneas, las dinámicas cocaleras son expresiones de un tipo particular de condiciones materiales y sociales de reproducción familiar, generalmente las menos favorecidas.

Cuando hablamos de los problemas estructurales del campo, estos tienen reflejos en los ciclos de vida y, además, la juventud y la “transición a la independencia” tienen lazos particulares. En las veredas del Caquetá se conoce esto como “abrirse de la casa”.

En el “abrirse de la casa”, los y las cocaleras están marcadas por escenarios de enorme violencia por “la guerra contra las drogas”. Eso implicó retenes, peligro de encarcelamiento y hostigamientos y, en su mezcla nefasta anti-insurgente, significó desapariciones, señalamientos, desplazamientos y masacres por parte de todos los actores armados, incluyendo el ejército. Los y las cocaleras de nuestros tiempos son hijos e hijas de familias desintegradas por la desaparición de una de sus cabezas, lo que llevó a sus madres y a sus padres a salir adelante solos, con la ayuda del hermano o la hermana mayor que suplió los roles.

A su vez, la pobreza de una colonización agreste, sin garantías sociales estatales, los dejó a su suerte para que hicieran sus propias carreteras, escuelas y se sanaran de la forma que fuera. Esto hizo la vida dentro de las familias mucho más difícil; las infancias no estaban separadas claramente de la adultez, y los niños y niñas tenían que trabajar desde muy pequeños, conocer temas propios de los mayores, caminar largas distancias a las escuelas, criar a los más pequeños y aportar en los ingresos familiares.

En sus trayectorias de vida, los 12 y 13 años ya son edades en las que se van de la casa, como dijo alguna “yo me cansé de ver sufrir a mi mamá”. Lo hombres asumen este “abrirse de la casa” como un paso ritual o de sentirse capaz, y encuentran formas de jornalear – esto incluye recolectar hoja de coca – y empiezan a andar, a buscar su propia tierra y familia. Ellos encuentran trabajo más fácil, pero encontrar mujeres solas buscando su independencia es más extraño. Ellas se van de la casa generalmente con pareja; a los 15 años ya están conformando un hogar. Si se van solas, es más probable que lo hagan al pueblo o a los caseríos donde encuentran trabajo en restaurantes, bares o casas.

A los 15 años hay jóvenes haciendo familias, sosteniendo hijos e hijas, buscando de qué vivir. El cultivo de la coca, la recolección de su hoja y el procesamiento de pasta base ha sido una opción para resolver su reproducción familiar.

La vida los considera adultos y el estado, menores

Las mujeres hacen sus reflexiones sobre sus vidas y decisiones. Algunas se habían separado y eran madres solteras. Las maternidades y paternidades tan jóvenes los habían puesto a “jugar a ser papás, pero eran puros güipas” (una forma rural de llamar a los niños y niñas). Unas hubieran querido ser enfermeras, otras valoraban el coraje de sus madres, otras le aconsejaban a sus hijas que “se cuidaran”, otras veían esos ciclos de vida como un proceso “natural”.  Las masculinidades rurales siguen siendo un tema que debe ser profundizado.

Las juventudes cocaleras se ven acorraladas en cada paso de su ciclo de vida a transiciones abruptas. Mueren sus padres, deben trabajar en la casa, se cansan, deciden irse, las adolescentes encuentran en enamorarse una salida y terminan en una maternidad forzada, los jóvenes deben asumir un rol de proveedor que se les enreda con el fin de semana de fiesta. No hay empleo para ninguno, no hay formación suficiente ni apoyos para que los jóvenes no sean forzados a asumir roles que no quieren, ni a construir sus propios proyectos de vida.

¿Qué política construir para la juventud rural en el contexto de la sustitución? Para las familias cocaleras jóvenes ya conformadas, ¿dejarlas por fuera? Y para los y las jóvenes que lo viven ahora, ¿se les puede mostrar otros caminos? ¿El que no prometa la maternidad o paternidad forzadas, o el reclutamiento, la delincuencia que se gesta en estos territorios, o en la desilusión y el cansancio de los talleres de las ONGs legalizando recursos? El estado tiene un reto que va más allá de la sustitución: dignificar los múltiples proyectos de vida de los y las jóvenes rurales del Caquetá, sin estigmas ni exclusiones ni persecuciones penales. Después se puede hablar de coca.

En el marco de la crisis de implementación de los acuerdos de paz ante el incumplimiento del gobierno y la coyuntura electoral que vive actualmente Colombia, los debates y la política social sobre la construcción de la paz están absorbidos de un lado por el desasosiego y por otro, por el oportunismo político de muchos actores.

 

* Estefanía Ciro es Economista, Maestra en Historia y Doctora en Sociología del Programa de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fundadora e investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana AlaOrillaDelRío. Líneas de investigación son política de drogas, construcción del estado y comunidades rurales

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