Publicaciones cannábicas, la censura como violencia

Las formas de violencia suelen estar acompañadas por la censura a la información, a la libertad de expresión y al derecho a estar informado, tanto acerca de las sustancias en sí como de los efectos de las políticas que, en nombre de la salud pública y la seguridad, prohíben su producción, circulación y consumo.

Por: María Cecilia Díaz

En el orden de cosas instaurado por el paradigma prohibicionista, los hechos de violencia que ocurren en distintas coordenadas locales no constituyen un fenómeno excepcional, sino la regla. Lo que podemos hacer, además de expresarnos en abierto repudio, es dar cuenta de los acontecimientos -las muertes, las violaciones de derechos humanos, la interrupción de proyectos de vida que acarrea la criminalización de ciertas conductas- y proponer otros cursos de acción. Un aspecto sobre el que queremos llamar la atención aquí es que esas formas de violencia suelen estar acompañadas por la censura a la información, a la libertad de expresión y al derecho a estar informado, tanto acerca de las sustancias en sí como de los efectos de las políticas que, en nombre de la salud pública y la seguridad, prohíben su producción, circulación y consumo. Con el objetivo de mostrar cómo opera concretamente esta censura y analizar tácticas de oposición a la misma, examinaremos dos casos de publicaciones cannábicas de México y Argentina a partir de entrevistas realizadas con sus editores y directivos.

En mayo de 2015 vio la luz Cáñamo, la revista de la cultura del cannabis, fruto de la gestión de un grupo de activistas mexicanos que desde el año 2001 había generado espacios de reflexión y militancia en torno a los derechos humanos y al cambio de las políticas de drogas, tales como la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, y la Biblioteca Cannábica. A través de esas redes, se contactaron con la revista Cáñamo -que había empezado a circular en España en 1997-, y lograron montar la estructura necesaria para editar la primera publicación cannábica de alcance nacional en México. En una entrevista realizada en febrero del corriente año a Leopoldo Rivera, su editor, éste nos explicaba que la revista había surgido con la intención de informar al público general, abordando la propia naturaleza de la planta y su cultivo, junto a temas coyunturales de la cultura y la política en el país: “invitamos a la gente a que salga del closet, pero entendemos que es muy difícil salir solo en estados o ciudades conservadores. Entonces invitamos a que a través de la revista la gente pueda dar argumentos, conozca sus derechos y pueda salir con menos temor.” (10/02/2018)

De manera simultánea a la impresión del primer número, el equipo editorial había iniciado los trámites de rigor para permitir la continuidad de circulación de la revista ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas (CCPRI), organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación. Ésta demoró casi dos años y medio en emitir su resolución y, cuando lo hizo, estableció la ilicitud del título y del contenido de la revista. Es decir, pese a que la libertad de expresión invocada por los editores constituye un derecho fundamental, en julio de 2017 la Comisión determinó que la publicación incumplía con el artículo 6º del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas que establece que son contrarias “a la moral pública y la educación” las revistas cuyo contenido “induzca o fomente vicios” (inc. I), y afecte “a las leyes, la moral o las buenas costumbres” (inc. IV). Si reconocemos que las palabras dicen y a la vez hacen cosas, que la resolución se refiera a la actividad de brindar información sobre cannabis en términos de “inducir” comportamientos definidos como “vicios” y opuestos, por lo tanto, a “las buenas costumbres”, no solo nos habla de la propia formulación de la norma, sino que también nos da pistas para pensar en la noción de sujeto que ésta construye.

Embates semejantes había recibido THC, la revista de la cultura cannábica, que en diciembre próximo cumplirá 12 años de presencia en el mercado editorial argentino. Los orígenes del proyecto, encarado en un primer momento por Alejandro Sierra y Sebastián Basalo, se remontan a las copas cannábicas, es decir, los encuentros de cultivadores que se realizaban a comienzos del siglo XXI en Buenos Aires. El primer número de la THC apareció en diciembre de 2006 con la intención de abordar de manera directa el universo de las sustancias psicoactivas, principalmente el cannabis, ofreciendo información acerca de su cultivo. Incluía, además, artículos que analizaban las políticas de drogas en Argentina y la región, y material sobre reducción de daños. La reacción no se hizo esperar: en 2007, un proyecto de declaración de un diputado nacional expresaba “preocupación por la distribución y venta en quioscos de la ciudad y del Gran Buenos Aires de la primer (sic) revista sobre cultura cannábica en nuestro país”, haciéndose eco de una denuncia presentada por la Asociación Antidrogas de la República Argentina que sostenía que la publicación “inducía” al consumo de drogas y estaba por lo tanto infringiendo la ley 23.737 sobre estupefacientes. Esa denuncia, al igual que otras que surgieron por esos años, fue desestimada por la justicia.

Luis Osler se desempeña como director jurídico de la revista desde su surgimiento. En una conversación que tuvimos recientemente, sostenía que las controversias y tensiones habían evidenciado que la lucha era, más que por la planta, por el acceso a la información. Por esa razón se habían ocupado de enviar ejemplares a un amplio espectro de lectores: “Nunca fue una revista oculta. Desde el día uno se la mandamos a todos, al poder judicial y de la cámara de senadores para abajo” (18/02/2018). En ese sentido, los créditos contenían un breve párrafo que por primera vez reunía en torno de la discusión sobre políticas de drogas un conjunto de artículos de la Constitución de la Nación Argentina (arts. 14 y 75 inc. 22) y de tratados internacionales. Nos referimos específicamente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 13.1 y 13.2), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 19.1 y 19.2), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 4), y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 19), que garantizan los principios de reserva, de derecho al acceso y difusión de información, y de libertad de expresión. Unos años más tarde, en 2010, apareció la revista Haze, Experiencias & Cultivos, que retomaba esos argumentos jurídicos. Luego comenzó a circular de manera gratuita el periódico bimestral Soft Secrets América Latina.

Aunque se trate de contextos distintos, las publicaciones cannábicas reseñadas levantaron el manto de silencio que pesa sobre ciertas sustancias y mostraron que la decisión sobre qué consumir y cómo se vincula con un conjunto de conocimientos que las personas pueden adquirir de manera reflexiva, a través del acceso a información sustentada en evidencia y en la experiencia acumulada sobre esos temas. Además, se ocuparon de explicar el daño producido por las políticas de drogas en vigencia y dialogaron para ello con las asociaciones de la sociedad civil que buscan reformar dichas políticas. Así, dieron forma a argumentos que sirvieron de herramientas para articular esas demandas y hacerlas llegar a distintos funcionarios públicos, volviéndose agentes de cambio social.

La revista Cáñamo México realizó una acción de amparo ante la resolución de la CCPRI y continuó publicando gracias a la autorización de una jueza. En diciembre de 2017 circuló una carta de apoyo a sus editores en la que se mencionaban como referencia las garantías constitucionales antes mencionadas, que protegen el derecho a la libertad de expresión y la circulación sin restricciones de las revistas cannábicas en otros países. Las adhesiones al reclamo provenían de asociaciones civiles mexicanas, como también del extranjero –entre las últimas se cuentan las Cáñamo de Chile, Colombia y España, y la Revista THC. Desde el equipo que lleva adelante esta última publicación, se gestó el Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCa), una asociación civil que adquirió personería jurídica en 2013, a partir de la cual sus integrantes encauzaron el trabajo social de defender los derechos de los usuarios ante la gran cantidad de pedidos de ayuda que habían recibido.

Es importante reconocer, entonces, que no solo la prohibición atraviesa fronteras, sino que también lo hacen las tácticas colectivas a través de las cuales los activistas antiprohibicionistas inciden en la formulación de políticas públicas alternativas, crean asociaciones civiles dispuestas a articularse en la lucha por sus derechos y, además, brindan información confiable para quienes integran esos mundos o recién se acercan a ellos.

 

* Doctoranda en Antropología Social por el Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGAS-MN/UFRJ). Pesquisa sobre políticas de drogas y activismo cannábico en Argentina. Integra el Programa “Subjetividades y Sujeciones Contemporáneas” del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.

 

@cideppd

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