El futuro de los trabajadores de la mariguana

Lo que diferencia a un sembrador de mariguana en México de un sembrador de mariguana en Colorado sólo es el riesgo que corren, las ganancias que tienen y su posición frente a la ley, no la actividad concreta que realizan.

Por: Francisco Mena Ramos    

Los efectos negativos de la prohibición y la guerra contra las drogas en México se han estudiado y criticado desde distintos factores: el aumento en la violencia, los costos legales y constitucionales, las violaciones a Derechos Humanos e incluso su impacto ambiental, por mencionar algunos. Al mismo tiempo, y de forma diametralmente opuesta, hay cada vez más información generada en los lugares donde ya existe un sistema de producción y venta legal de estas sustancias con resultados sorpresivos, sobre todo en aspectos económicos. La legalidad ha hecho posible que, al menos hablando de la mariguana, existan datos importantes sobre el tamaño del mercado y el impacto económico que tiene.

Países como Portugal y Uruguay, o algunos estados de los Estados Unidos como Colorado y California, que han sacado la mariguana del mercado ilegal para mantenerla en un mercado legal, se han encontrado con varias ventajas. Además de los beneficios en seguridad, derechos humanos y reducción de daños, se han beneficiado de la obtención de nuevos impuestos y empleos en la producción y el cuidado de las plantas, en el área de salud para la producción de derivados médicos o de tratamientos paliativos, y en la venta, el transporte y todo lo que rodea a un mercado formal.

Por ejemplo, en el caso de Colorado, el mercado legal de mariguana tenía 14,209 empleos de tiempo completo en 2014, que aumentaron a 18,005 en 2015, y se estima que para 2020 existan en este mercado, 250,000 empleos en todo Estados Unidos. Y aunque sea difícil hablar del tamaño del mercado o la producción en México por ser una sustancia ilegal, sí sabemos que somos uno de los países con mayor número de incautaciones y erradicación de sembradíos de mariguana cada año, lo que nos indica que México tiene la capacidad de producir una gran cantidad de hectáreas de mariguana anuales.

A pesar de las diferencias en las regulaciones, la falta de datos para México y las diferencias poblacionales, económicas y de consumo, entre otras, que impiden hacer una comparación exacta, sí se puede hacer una reflexión sobre las ventajas que representaría en términos económicos y laborales la regulación del mercado de drogas ilegales en México. Bajo el esquema de la prohibición, y a pesar de todos los años en que esta política ha sido hegemónica, no se ha logrado erradicar sino mantener en la ilegalidad un sistema enorme con alcances mundiales en el que se confunden y se homogeneizan un gran número de sustancias y personas que cumplen funciones muy diferentes en un mercado que lamentablemente genera, junto con las ganancias económicas, víctimas mortales. El mercado ilegal de drogas tiene cientos de trabajadores que participan en distintos niveles y en distintos momentos de la cadena de producción, transporte y venta. Todos ellos se homogeneizan en la ilegalidad sin importar cuál sea su tarea o que ésta no sea violenta: los campesinos, los migrantes utilizados como “mulas”, los pequeños productores, que son las partes social y económicamente más débiles de la cadena, tienen el doble carácter de víctima y delincuente.

Si bien no se puede equiparar lo que hace una campesina que trabaja en un campo de mariguana con lo que hace un sicario o el líder de un cártel, bajo el esquema prohibicionista las tres personas son delincuentes. Aunque es cierto que bajo cargos distintos y penas diferentes —lo que se supone serviría para no juzgar igual a consumidores o narcomenudistas que a los grandes traficantes— en realidad la gran mayoría de las personas que están en la cárcel por delitos contra la salud está por cantidades mínimas, y en su mayoría por mariguana.

En el tema de la regulación de la mariguana, en el que muchos otros argumentos han sido usados, vale la pena agregar que el año pasado había 1.9 millones de personas desempleadas en México, según cifras del INEGI. Por ello es importante estudiar propuestas que incluyan la creación de nuevos empleos o que establezcan un marco legal para trabajos que hasta ahora están en la ilegalidad, y que permitan aprovechar la experiencia y conocimientos de personas que ya se dedican a esta actividad en la ilegalidad en México o en la explotación cuando emigran a un lugar en el que es legal. La regulación puede ser, además, un primer paso que ayude a la desestigmatización, a ya no ver a estas personas como delincuentes sino como trabajadores, pues en realidad lo que diferencia a un sembrador de mariguana en México de un sembrador de mariguana en Colorado sólo es el riesgo que corren, las ganancias que tienen y su posición frente a la ley—no la actividad concreta que realizan.

Los empleos generados o recuperados de la ilegalidad deben ser un aliciente para la regulación, y también uno de los aspectos que se deben contemplar al diseñar una nueva política pública que legalice sustancias psicoactivas hasta ahora ilegales como la marihuana. Debe buscar que el dinero que actualmente gana el narcotráfico se transfiera a empresarios y trabajadores legales en un sistema de regulación más parecido al que tenemos con el alcohol o el tabaco. Es posible generar, a partir de una reforma a la prohibición, una nueva cadena de producción que mejore la calidad de los productos para los consumidores y las condiciones laborales de los sembradores y productores; que sea segura y provechosa tanto para los trabajadores como para los consumidores y para la sociedad en la que están insertos: un nuevo mercado laboral regulado, con derechos y obligaciones laborales y sin la sangre y violencia del mercado de drogas ilegal.

Los cárteles, la delincuencia organizada y su violencia no van a desaparecer de la noche a la mañana, pero la legalización de la mariguana es una forma de atacarlos, quitándoles un segmento de sus ganancias al mismo tiempo que se protege a consumidores y productores; creando un nuevo mercado legal que permita el crecimiento económico, la movilidad social, el desarrollo laboral y creativo, la innovación y sobre todo una vida digna para sus trabajadores.

 

* Francisco Mena Ramos. Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y asistente de investigación en el CIDE.

 

@cideppd

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