Violaciones de derechos humanos en México

Un informe de la CIDH revela como el país vive una grave crisis de derechos humanos, generalizada entre las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, derivada de la dispersión y desorganización de los datos sobre violaciones cometidas.

Por: Kenia Godínez Nogueda

No es nuevo afirmar que México vive una crisis de derechos humanos. A los eventos protagónicos de años pasados (por ejemplo Ayotzinapa, Tlatlaya) se suman, cotidianamente, historias nuevas de abuso de poder estatal en perjuicio de la población. Historias que, aunque no siempre sean noticia, en mayor o menor medida dibujan puntos de inflexión en el curso y vida de individuos, familias y sociedades al interior del país. Historias que, acaso en una nebulosa, conviven y se proyectan en el imaginario colectivo como una idea puntual: la violación de derechos humanos en México es generalizada y sistemática. En 2014, por ejemplo, 67% de los adultos en México creía que la violación de derechos humanos en el país era frecuente; 13% conocía a alguien maltratado por el ejército, y 37% conocía a alguna persona maltratada por la policía.

Sin embargo, aunque la violencia que ejerce el Estado es real y tangible para una buena parte de los ciudadanos, pareciera borrosa para los gobernantes y, generalmente, ajena a su forma de concebir las políticas públicas. Para poner en contexto esta idea, me remito a un caso en 2016. En marzo de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre la situación de derechos humanos en México. El informe enfatiza que el país vive una grave crisis de derechos humanos, generalizada entre las autoridades de todos los ámbitos de gobierno. El mismo día de la publicación, la Secretaría de Gobernación de México, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Función Pública, difundió un comunicado de prensa donde afirmaba que en el país no existía ninguna crisis de derechos humanos; que el informe estaba sesgado, y que no reflejaba la situación general del país.

¿Por qué?

Sin excluir razones paralelas, este texto argumenta que, actualmente, la dispersión y desorganización de los datos sobre violaciones de derechos humanos alimenta la pasividad del gobierno para rendir cuentas, y (re)diseñar políticas públicas que atiendan carencias en materia de derechos humanos en el país. Específicamente, atiendo el caso de los datos oficiales sobre violaciones de derechos humanos provenientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los organismos estatales de protección de los derechos humanos (OPDH).

1. Los datos: cuáles y dónde

¿Ya existe evidencia sobre las violaciones de derechos humanos? Sí. En México hay mucha información sobre presuntas violaciones y violaciones de derechos humanos. ¿Dónde? En términos prácticos, la evidencia actual puede separarse en dos. Primero. Existen testimonios, reportajes e investigaciones sobre violaciones de derechos humanos (usualmente graves, como desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales) que, por lo general, provienen de estudios de caso e investigaciones realizadas por organismos internacionales, asociaciones civiles y la prensa. Segundo. Existen registros oficiales que provienen de la denuncia ciudadana y se encauzan ya sea en la CNDH o en alguna de las 32 comisiones estatales de derechos humanos que, autónomamente, recopilan, procesan e investigan los casos de violaciones de derechos humanos a nivel federal y local. Ahora, si bien los primeros datos son cruciales para dar visibilidad y fuerza a casos (o grupos) específicos de violaciones de derechos humanos, los segundos constituyen (en teoría) el eje rector de la toma de decisiones gubernamental, y de ellos tratará el resto del artículo. Cada OPDH, incluida la CNDH, resguarda grandes bases de registros sobre las presuntas violaciones de derechos humanos y sus respectivas investigaciones, conclusiones y observaciones a las autoridades responsables.

¿Qué tipo de datos son, desde cuándo existen? Los OPDH amparan a los ciudadanos cuando alguna autoridad violenta cualquiera de sus derechos. En este sentido, los registros de los OPDH y la CNDH pueden decirnos tanto como cualquier otra denuncia: características de la víctima (sexo, edad, escolaridad, etc.); características del hecho violatorio (qué tipo de derecho se violó, cuándo, dónde, en qué condiciones, etc.); y características de la autoridad responsable de la violación (cargo, sexo, edad). Salvo en los casos donde la autoridad responsable sea de jurisdicción federal, la gente presenta su queja ante los organismos estatales y ellos le dan continuidad. Las entidades federativas disponen (o así deberían) de información desde 1993, fecha en la que se crearon los últimos 9 OPDH.

2. Los datos: cómo

Dicho esto, ¿en qué condición están los datos de los OPDH? ¿Por qué no son los protagonistas de la discusión sobre violaciones de derechos humanos en México? Cantidad casi nunca asegura calidad, mucho menos cuando los datos son poco conocidos y permanecen ocultos bajo el “resguardo” de las instituciones. Los datos de los OPDH son, por decir lo menos, poco accesibles, desorganizados e (inicialmente) incomparables entre sí. Cuando uno quiere acceder a estos datos, la regla es solicitarlos vía transparencia y hacer una labor pesadísima de limpieza y sistematización. Y, por si eso no fuera suficiente, hay grandes diferencias en la clasificación de las violaciones de los OPDH. Cabe resaltar que el INEGI lleva, desde 2014, un registro mínimo de las principales cuentas de la CNDH y los OPDH, las cuales pueden consultarse aquí y acá. Sin embargo, aunque sean un esfuerzo valioso, estos datos son apenas un resumen de los registros originales y pierden gran parte de la riqueza de la víctima y el presunto hecho violatorio, así como de las respectivas investigaciones y conclusiones.

¿Quién sabe qué pasa en lo local? Cuando se habla de estadísticas oficiales, casi invariablemente se recurre a la federación para explicar las situaciones locales, independientemente de los pequeños matices o las grandes diferencias que existan entre los órdenes de gobierno. En muchos temas, acudir a lo federal es más sencillo que dividir la atención en 32 entidades federativas, y no se diga a los municipios. El tema de las violaciones de derechos humanos no es la excepción. Ya sea porque es menos densa, es más accesible, tiene mejor sistematización o mejores mecanismos de interacción con los usuarios, la información del ámbito federal (en este caso, de la CNDH) tiene un lugar privilegiado en visibilidad, comunicación y uso. En sí mismo, esto no es algo negativo. No obstante, si la atención descansa únicamente en la federación, la riqueza de los datos locales o se socava o se pierde.

La paradoja de la multiplicidad de fuentes. Si hasta ahora me interesa dejar algún mensaje claro es que sí existe evidencia de violaciones de derechos humanos en México, es bastante, y se puede obtener de muchos lugares. Pero, cuando se habla de fuentes, ¿más es mejor? No necesariamente. Aunque aquí se resumieron en dos tipos, la pluralidad de fuentes es inmensa, y la heterogeneidad de los datos también. Y como todas las fuentes son relevantes, pareciera complicado discernir cuál es la que debe utilizarse, y esto suele mermar su aprovechamiento, sobre todo en el largo plazo. En el caso específico de México, es probable que la diversidad de fuentes y tipos de información desincentive el seguimiento de casos y observaciones. Esto no significa que deba atenderse solo un tipo de datos de una sola fuente. Más bien, que debería centrarse la atención en un tipo de fuente (idealmente aquella que proviene del mismo Estado) y complementarla con fuentes externas, como ya ocurre en otros temas.

3. Habría que comenzar por hacer bien las cuentas… y transparentarlas

En el mejor de los casos, los datos revelan apenas la superficie de un problema social. Pero, en gran medida, son la mejor oportunidad para evidenciarlos como sistemáticos, y una buena convocatoria para atenderlos. La recomendación es suficientemente concreta para actuar ya, pero amplia a la vez, de tal forma que hay mucho espacio para innovar en herramientas: volteemos la atención a los registros que existen en los OPDH y aprovechémoslos. Es indispensable que las denuncias ciudadanas y el trabajo de los organismos estatales de derechos humanos no pasen de largo cuando se hable de la materia. Y, sobre todo, que estas instituciones cumplan con su propósito y dirijan, a través de su materia prima –la denuncia ciudadana–, más y mejores avances en materia de derechos humanos.

Detrás de la propuesta hay un supuesto central: hoy en día ninguna institución puede darse el lujo de desperdiciar sus datos. Es indispensable que el Estado eche mano de sus instituciones, de sus propios recursos, para nutrir sus acciones. La ventaja de los OPDH es que son pocos (en comparación con otras instituciones locales), y que, además, son autónomos en su ejercicio y ya constituyen una federación. El diseño y organización de un sistema estadístico compartido entre los OPFH, si bien difícil, es más que factible.

Actualmente, el mejor refugio del Estado para desconocer las historias de violaciones de derechos humanos es la falta de parámetros estables, medibles y evaluables que argumenten la urgencia de medidas preventivas y de control sobre violaciones de derechos humanos. Como en el resto de los delitos, las denuncias ciudadanas cubrirán solo una parte del fenómeno (el subregistro se da, en primera instancia, porque no todas las víctimas denuncian.), pero son una ventana de oportunidad espléndida para estudiar y entender sus características principales. Además, en algún momento, podrían complementarse con instrumentos similares a las encuestas de victimización (como este). La falta de sistematización de los datos definitivamente no es la causa de la violencia estatal, pero sí alimenta la situación de impunidad actual y sin duda limita la capacidad de los tomadores de decisiones para entender qué acciones podrían hacer la diferencia en esta materia.

 

 

* Kenia Godínez Nogueda es licenciada en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, @CIDE_MX.

 

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