“Trabajo digno” y la prohibición de las drogas

Las comunidades indígenas no solo sufren de las consecuencias de la segregación económica, social y política a las que los hemos orillado, también se enfrentan a los vacíos legislativos dentro de la política de drogas mexicana, volviéndose víctimas del sistema penal.

Por: Dafne Viramontes

 

Dios creó a los rarámuris y el diablo a los chabochis”.

Leyenda rarámuri

 

El objetivo de este análisis es conocer las implicaciones que tiene el sistema prohibicionista de las drogas en las poblaciones vulnerables, particularmente, en las poblaciones indígenas. El interés surge de la lectura del informe “Política de drogas, género y encarcelamiento en México: una guía para políticas públicas incluyentes” que la organización EQUIS Justicia para Mujeres publicó en el 2017; así como de los cortometrajes realizados por esta organización en conjunto con WOLA (Washington Office on Latin America) y -Scopio. Existen estudios que reivindican los derechos de los indígenas a acceder al uso de ciertas drogas, así como las leyes relacionadas dentro del Código Penal. Pero ¿cómo abordar los delitos relacionados con las drogas cometidos por personas indígenas?, ¿cómo conciben ellos el mercado de las drogas?, ¿debe considerarse como atenuante de la pena el origen étnico o la situación de vulnerabilidad de la que proviene?

Para contestar lo anterior es necesario contextualizar la situación de esta población a nivel nacional. De acuerdo con el INEGI, entre el 2012 y el 2016 se cometieron un total de 3,663 homicidios de personas que hablaban una lengua indígena, de los cuales el 86.3 % fueron hombres y el 13.7 % fueron mujeres. La población indígena también se ha visto afectado por otros tipos de violencias: según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., en 2016 la población indígena fue la más afectada por el desplazamiento interno forzado presentando al menos 7 eventos de desplazamiento, la mayor parte de estos atribuidos a la violencia. Sin embargo, los indígenas en México también se ven abatidos por otros tipos de violencia como lo es la desigualdad económica, la precariedad y la falta de oportunidades. De acuerdo con el CONEVAL, en el año 2014, 7 de cada 10 indígenas vivían en situación de pobreza, de los cuales 3 de cada 10 se encontraba en pobreza extrema.

Algunas de las respuestas a nuestras preguntas pueden encontrarse en la serie de cortometrajes realizados por WOLA y EQUIS Justicia para Mujeres, en los cuales se presentan testimonios de mujeres encarceladas por delitos contra la salud. Es necesario recalcar que estos testimonios no pueden ser generalizados y que solo brindan una perspectiva desde el punto de vista del entrevistado, pero también nos permiten conocer la forma en que cada una de ellas concibe su situación. El caso más representativo del tema es el de Gaby, una mujer indígena del estado de Oaxaca, cuyo testimonio nos habla de la desigualdad, las violencias y los obstáculos a los que se enfrentaba al momento de participar en el mercado de las drogas, lo que a su parecer era “un trabajo digno” en el que participaban niños y ancianos, y el cual ponía contenta a la gente del pueblo. Gaby señala: “Para mí en ese tiempo era un trabajo común, era un trabajo digno, honesto, ¿por qué?, porque simplemente llegaba la mercancía por decir la mariguana lo limpiábamos, lo empaquetábamos, lo encintábamos, y era como, como un proceso…”.

De acuerdo con el reporte “Política de drogas, género y encarcelamiento en México: Una guía para las políticas públicas incluyentes”, únicamente 5 de los 32 estados del país señalaron contar con mujeres indígenas privadas de la libertad por delitos contra la salud; la mayor parte de ellas, 61 mujeres, se encuentran en el estado de Chihuahua, uno de los estados con menor índice de desarrollo humano. A este le siguen Chiapas y Oaxaca, que además de ser los estados con mayor número de hogares indígenas, también cuenta con un índice de desarrollo humano bajo, cada uno de ellos con 5 mujeres indígenas recluidas. Al final se encuentran la Ciudad de México y Sonora, con una mujer encarcelada en cada entidad. Ya que este estudio solo aborda el tema desde la mujer, no muestra datos sobre los hombres indígenas en prisión por tales delitos.

Si bien el gobierno mexicano ha abordado el problema de las drogas desde un enfoque de salud pública, seguridad pública e incluso seguridad nacional, es evidente que, en las comunidades indígenas, la participación en el proceso de producción y distribución de drogas no representa un problema en sí mismo, sino más bien la única alternativa factible para acceder a una mejor calidad de vida, y que incluso es vista como un trabajo dignificante – este comentario lo hago siguiendo la entrevista de Gaby, quien señalaba que trabajar en el mercado de las drogas era un trabajo digno en comparación con la prostitución. Es necesario realizar un estudio más profundo que permita comprobar esta aseveración; sin embargo, esto rebasa el alcance de este informe. Todos los trabajos son dignos, lo que es indigno son las malas condiciones en las que se realiza, cuya responsabilidad depende del Estado –que forma parte de su mundo de vida, por lo cual podría considerarse como parte de los usos y costumbres de cada comunidad.

Los usos y costumbres de las comunidades indígenas tienen poca presencia en los considerados delitos contra la salud dentro de nuestro sistema penal. Por un lado, los encontramos en el artículo 195 del Código Penal Federal, que permite el uso de peyote u hongos alucinógenos, siempre y cuando estos sean utilizados en ceremonias propias de su cultura. También el artículo 35 de la Ley Nacional de Ejecución Penal aborda el tema, fomentando que las personas puedan conservar sus usos y costumbres dentro de la prisión. Parece ser que los usos y costumbres de las comunidades indígenas solo son respetados al margen de las estructuras normativas que hemos creado. Es necesario realizar estudios que muestren cómo conciben las personas indígenas el mercado de las drogas, y cómo entienden su papel dentro de los mismos.

Podemos ver que las comunidades indígenas no solo sufren de las consecuencias de la segregación económica, social y política a las que los hemos orillado, sino que en la búsqueda de alternativas a este hacinamiento se enfrentan, además, a los vacíos legislativos dentro de la política de drogas mexicana, volviéndose víctimas del sistema penal. Es necesario el desarrollo de una política de drogas con base en derechos humanos y género, que tome en cuenta a las poblaciones vulnerables, como mujeres, grupos étnicos, migrantes, personas que provienen de situaciones de violencia y desigualdad, estoy segura de que la mayoría de estas forman parte de más de una categoría de las anteriores.

 

* Dafne Viramontes esLicenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente participa como asistente de investigación en el proyecto “Taxonomía de políticas de drogas en las Américas” proyecto que cuenta con el respaldo institucional del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a través de su programa de política de drogas (PPD). Sus líneas de investigación analizan los problemas estructurales que dan lugar a la desigualdad de género dentro de diferentes espacios de intervención como lo son las instituciones de justicia, la política de drogas nacional e internacional y el contexto socio – económico de poblaciones vulnerables [email protected].

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