50 años sin acceso a la verdad y a la justicia

Octubre de 1968 se constituye como crimen del pasado que permite mirar los crímenes del presente, hilvanados por un elemento común: la impunidad.

Por: Mario Pavel Díaz Román y Carolina Jasso

La labor de memoria, tal como refiere Tzventan Todorov, se somete a dos exigencias: fidelidad con el pasado y utilidad en el presente. Hoy, medio siglo después de la masacre de estudiantes en la Plaza de las tres culturas y en el marco de una grave crisis de derechos humanos y violencia, 1968 representa una ventana al pasado que invita al análisis para la comprensión de los patrones continuos de la violencia estatal y de la falta de acceso a la justicia para las víctimas en México.

Es en este contexto, de celebración oficial y de golpe de pecho ante el pasado y con displicencia franca hacia el presente, el 24 de septiembre, cincuenta años más tarde, se reconoció institucionalmente la responsabilidad del Estado y a las víctimas de la matanza estudiantil. El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) admitió que en este hecho “el Estado usó la represión” y constituyó un “Crimen de Estado que continuó más allá de las detenciones y la tortura”. Asimismo, la dependencia indicó que iniciará un proceso de reparación colectiva, específicamente de memoria y reconocimiento, así como de reparación del daño de forma individual, con el cual el Estado asume su responsabilidad en los hechos del pasado y su compromiso de no repetición.

Analíticamente la respuesta de la CEAV frente al hecho tiene dos implicaciones importantes. Por un lado, existe un reconocimiento institucional de que los acontecimientos del 2 de octubre respondieron a una política gubernamental. Una política y violencia de Estado que continuó en las décadas posteriores, aunque enmarcada por una negativa encaminada a eludir toda responsabilidad y perpetuar la impunidad frente a estos hechos, tal como ocurrió en el período de la guerra sucia en donde la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado documentó 788 casos de desaparición forzada. Por otro lado, pone en evidencia la ausencia durante décadas de una estrategia integral de atención a víctimas en el país y la ineficacia actual, puesto que sólo cincuenta años después de los hechos del 2 de octubre se inicia con los procesos de reparación del daño y reconocimiento de las víctimas.

Las declaraciones del titular de la CEAV no significan que 1968 haya sido un evento aislado, antes bien se subsume en una cadena de hechos de violencia de Estado con móviles diferenciados en el tiempo. Con anterioridad a 1968, quizá uno de los sucesos más notorios haya sido la masacre de copreros en Acapulco de 1967 con un número de muertos hasta hoy día no determinado. Posterior a 1968 deviene una serie de hechos encadenados en la guerra sucia y con un cariz claramente político que incluyen acciones contra insurgentes; adicionalmente, y ya en los 90 se registran las masacres de Aguas Blancas (1995), Acteal (1997) y El Charco (1998).

En el nuevo milenio, el país se inserta en una vorágine de violencia enmarcada en la guerra contra las drogas. En este contexto se identifican esquemas de convivencia y protección entre actores ilegales e instituciones de seguridad, lo cual hace que la violencia de estado sea cualitativamente distinta pues el móvil político se difumina. Las violaciones a los derechos humanos se han traducido en millares de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones arbitrarias y un largo etcétera. Sobre este último punto, el informe Justicia Olvidada (WOLA, 2017) muestra que la violencia estatal de la guerra contra las drogas es objeto de displicencia ante los órganos judiciales en la medida en que únicamente se han emitido 16 sentencias condenatorias hacia soldados que cometieron delitos y violaciones a derechos humanos en contra de civiles entre 2012 y 2016, aun cuando existen cerca de 505 carpetas de investigación por hechos violatorios de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.

En suma, cinco décadas después, octubre de 1968 se constituye como crimen del pasado que permite mirar los crímenes del presente, hilvanados por un elemento común: la impunidad. Un paso adelante es reconocer el carácter de violencia de estado de las masacres de ayer y hoy y reconstruir con las voces de las víctimas la hasta hoy día soterrada memoria; sin embargo, la memoria es importante, pero definitivamente no es suficiente, es necesario establecer compromisos de reparación, tendientes a la verdad y a la justicia.

 

* Mario Pavel Díaz Román es especialista en violencia y delincuencia. Doctor por El Colegio de México en Ciencias Sociales. Profesor de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Diplomado del CIDE en política de drogas, derechos humanos y salud. [email protected]. Carolina Jasso está especializada en seguridad pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Con intereses en derechos humanos y seguridad [email protected].

 

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