La corrosión de la guerra contra las drogas

Desde que el expresidente Calderón intensificó esta estrategia, algunas de las normas clave de nuestra democracia se han inhabilitado y las prácticas autoritarias de las autoridades se han intensificado y multiplicado.

Por: Raúl Bejarano Romero

Si partimos de la idea de que un régimen democrático debe proteger los derechos fundamentales, salvaguardar del abuso de autoridad, y producir leyes justas y razonables que se cumplan imparcialmente, podemos afirmar de manera categórica que la mal llamada “guerra” contra las drogas corroe la democracia mexicana de una manera tan dramática, o más, de lo que lo ha hecho en Estados Unidos.

Sabemos que la llamada “guerra” contra las drogas se exacerbó en 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón lanzó una “guerra frontal contra el crimen organizado […] para que las drogas no lleguen a tus hijos”, justo después de una elección sumamente competida y que generó descrédito entre buena parte de la población hacia las frágiles instituciones democráticas. La “guerra” contra las drogas es una estrategia punitiva que busca subir los precios de estas sustancias y castigar a sus usuarios, bajo el supuesto que al atacar su oferta y demanda es posible crear un mundo sin drogas. Desde que el expresidente Calderón intensificó esta estrategia, algunas de las normas clave de nuestra democracia se han inhabilitado y las prácticas autoritarias de las autoridades se han intensificado y multiplicado.

1. La protección de los derechos fundamentales

El artículo 16 constitucional consagra que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad pertinente” y párrafos más adelante garantiza que “las comunicaciones privadas son inviolables”. Sin embargo, en marzo de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que las inspecciones policiales en personas y vehículos sin mediar orden judicial son constitucionales. Antes, en 2014 se expidió una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que obliga a los concesionarios de telecomunicaciones a otorgar información sensible sobre sus usuarios sin que sea necesario obtener una orden judicial. Ambas medidas, que se justificaron en el contexto de la guerra contra las drogas, parecen directamente violatorias del texto constitucional si se miran con mediana honestidad intelectual.

2. La salvaguarda del abuso de poder por parte de los funcionarios públicos

El desamparo en el que nos ha dejado la lucha armada contra las drogas es aún más profundo. El artículo 21 constitucional consagra que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías”. En diciembre de 2017, no obstante, se publicó la Ley de Seguridad Interior (LSI), que perpetúa a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y sobre todo les otorga amplias e indeterminadas facultadas.

Entre otras cosas, la LSI faculta en su artículo 26 a las Fuerzas Armadas para realizar todo tipo de tareas sin necesidad de que el poder ejecutivo habilite su intervención. Lo cual, como sucede con la Ley Federal de Telecomunicaciones, parece violatorio del texto constitucional. Pero sobre todo, es probable que incremente aún más los abusos de poder por parte de los funcionarios públicos. Sólo por poner un ejemplo, antes de la guerra contra las drogas, el 20 por ciento de las detenciones realizadas por el ejército estaban acompañadas por tortura; sin embargo, después del inicio de la guerra, esta cifra pasó a ser de más del 70 por ciento.

3. El proceso democrático debe producir leyes razonables y justas que se cumplan de manera imparcial

Por último, la guerra contra las drogas mina la democracia mexicana porque ha producido leyes injustas para todo el que tenga algo que ver con drogas. Esto se debe a que las condenas por esos delitos se han vuelto absolutamente desproporcionadas. En México, las penas por los llamados “delitos contra la salud” se han incrementado sistemáticamente. Por ejemplo, la pena máxima por delitos de drogas pasó de 25 años en 1990 a 40 años en 2012.

Además, el sistema de procuración de justicia depende cada vez más en el encarcelamiento para tratar los delitos relacionados con drogas. Basten dos ejemplos. Entre 2001 y 2012, el número de personas recluidas por delitos relacionados con drogas se incrementó 19 puntos porcentuales; y en 2012, aproximadamente 60 por ciento de los reclusos en prisiones federales había sido condenado por delitos contra la salud.

Si queremos alcanzar una forma de gobierno que proteja los derechos fundamentales contra el abuso de autoridad y produzca leyes justas, es necesario poner fin a la guerra contra las drogas. Dicho de otra forma, para rescatar el proyecto democrático en México es necesario dejar de combatir a la oferta y a los consumidores de drogas con las armas nacionales y combatir, en cambio, la demanda de drogas con políticas que busquen prevenir y tratar el consumo problemático. Si la guerra continúa, las prácticas autoritarias del viejo régimen difícilmente serán sustituidas por completo con nuevas prácticas democráticas y nuestras normas democráticas continuaran corroyéndose.

 

*Raúl Bejarano Romero ([email protected]) es asistente de investigación del Programa de Política de Drogas del CIDE. Es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y maestro en Ciencia Política por el CIDE. Anteriormente se desempeñó como asistente de investigación del director ejecutivo del Instituto por la Seguridad y la Democracia (INSYDE).

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