La poca información sobre la guerra vs las drogas

El obstáculo más común para acceder a la información que permita evaluar el prohibicionismo en México es su inexistencia.

Por: Francisco Mena, Froylán Enciso (@elfroyenciso) y Raúl Bejarano 

Las tres principales estrategias para combatir las drogas hasta ahora prohibidas en México son erradicar plantíos de mariguana y amapola, incautar sustancias prohibidas, y aprehender a productores, contrabandistas y consumidores. Para evaluar estas estrategias prohibicionistas es necesario contar con datos sobre erradicaciones, incautaciones y detenciones. Sin embargo, las fuerzas de seguridad del Estado mexicano no son muy buenas reuniéndolos ni compartiéndolos.

Debido a que las fuerzas de seguridad mexicanas no hacen pública la información sobre su estrategia de combate a las drogas, la única manera de conseguirla es mediante el derecho a la información, por medio de las plataformas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sin embargo, hacer valer el derecho a la información no es tarea fácil por distintos motivos. El obstáculo más común para acceder a la información que permita evaluar el prohibicionismo en México es su inexistencia. Cuando se consigue superar ese obstáculo la segunda piedra más común en el camino es la restricción y la declaratoria de reserva de la información. Pero eso no es todo, cuando la información existe y no es confidencial, aparecen dos nuevos obstáculos: 1) inconsistencias en la captura de los datos y en el formato en el que se entregan, y 2) lagunas legales en la obligación de mantener un registro sistemático y coherente.

Inconsistencias en la captura de los datos

En México son cuatro las agencias federales encargadas de combatir la producción, tráfico y comercialización de psicoactivos: la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía de Federal (PF). Además, 32 policías estales y miles de cuerpos municipales realizan detenciones y decomisos. Esta dispersión de esfuerzos punitivos, junto con la falta de comunicación entre agencias y la ausencia de un protocolo único que contemple lineamientos técnicos específicos para capturar los datos, tiene como consecuencia que la información sea inconsistente en aspectos tales como la unidad de medida con la que se registran los datos y el formato en el que se proporcionan.

Los siguientes ejemplos sobre erradicación y decomisos ilustran adecuadamente las inconsistencias en la unidad de medida con la que se registran los datos. En una solicitud de información sobre erradicación,[1] la Policía Federal registra la puesta a disposición de otras autoridades de “plantíos”, sin referencia alguna al tamaño, la ubicación o la autoridad que se encargó de la erradicación. En otra solicitud de información sobre decomisos, la PGR contabiliza la incautación de “paquetes del tamaño de una caja de zapatos” o “una bolsa pequeña tipo ziploc”, sin referencia alguna al peso y mucho menos a la pureza de la droga incautada. Por último, sobre la forma en la que se entregan los datos, si bien el Ejército[2] y la Policía Federal suelen proporcionar la información bastante organizada en archivos Excel ¾cuando se consigue que la entreguen¾, la PGR suele entregar la información tanto en archivos Excel como en archivos PDF de hojas escaneadas y con muy baja resolución.[3]

Lagunas legales en la obligación de mantener un registro sistemático

Todas las dependencias encargadas de la persecución de productores, traficantes y consumidores de psicoactivos ilícitos están obligadas por ley a generar un registro de las tareas que realizan. Sin embargo, el marco legal que debería regular la calidad en el registro de la información es muy laxo. Cada dependencia e incluso diversas instancias dentro de una dependencia hacen lo que pueden y registran lo que quieren. Las respuestas de PGR son emblemáticas de este problema, pues varían incoherentemente de una unidad administrativa a otra.

Sobre las incautaciones y erradicaciones anuales por municipio desde 1990[4], la Dirección General Adjunta de Desarrollo (DGAD) sólo entrega datos de 2013 a marzo de 2018; mientras que el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) proporciona resultados de 2000 a junio de 2017 en un PDF de hojas impresas y escaneadas de muy baja calidad y sin desglosarlo por estado o municipio de manera consistente. La Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales (DGMMyJ), por su parte, comparte información por estado y algunos municipios, no todos, claro está. Además, para algunos estados proporciona información del 2011 al 2018; mientras que, para otros, su base de datos tiene grandes huecos en ciertos periodos, en ciertos estados (como Veracruz) y en ciertos municipios. Asimismo, aunque la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales (DGCRAM) es la única que tiene un registro completo desde 1990, éste no está desglosado por municipio. Por si fuera poco, en un párrafo de estas respuestas al derecho a la información, la PGR indica que estos registros “pueden o no dar cuenta del mismo evento de erradicación e incautación”, de forma que no sabemos si sus registros se traslapan.

De momento es muy difícil saber si en un operativo en el que el ejército decomisó determinada cantidad de algún psicoactivo participó también la Marina o la Policía Federal, por ejemplo. De tal forma que si se reúnen los registros de todas las dependencias los datos podrían estar inflados, mientras que si se utilizan los registros de una sola es posible que se subestime el tamaño de las incautaciones y erradicaciones. Dicho de otra forma, no contamos con un registro abierto y preciso sobre las estrategias que sigue el gobierno mexicano para combatir las drogas.

Para evaluar la política de drogas actual a partir de los objetivos que el mismo prohibicionismo plantea, es necesario que la información se registre con altos criterios metodológicos. Todas las fuerzas de seguridad deberían, al menos, registrar el número de hectáreas erradicadas y su ubicación, así como el peso de las sustancias incautadas y su pureza. Además, esta información debe registrase de forma sistemática y por atribución o función administrativa intersectorial. Es decir, el hecho de que varias instituciones se dediquen a erradicar e incautar la producción de nuestros cultivadores no debe ser impedimento para que los ciudadanos tengamos información sobre cuánto y bajo qué condiciones se erradicaron estos cultivos o decomisaron esas sustancias que tanto encienden las buenas conciencias.

 

* Francisco Mena ([email protected]) es asistente de investigación del Programa de Política de Drogas del CIDE y profesor de asignatura de la Universidad Autónoma de Durango. Es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Froylán Enciso es investigador y profesor del CIDE. Es doctor en historia por la Universidad Estatal de Nueva York, Stony Brook, y desde 2016 es miembro del SNI nivel 1. Ha publicado más de 50 textos académicos entre libros, artículos, capítulos, cuadernos de trabajo y reseñas. Raúl Bejarano ([email protected]) es asistente de investigación del Programa de Política de Drogas del CIDE. Es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestro en Ciencia Política por el CIDE. Anteriormente se desempeñó como asistente de investigación del director ejecutivo del Instituto por la Seguridad y la Democracia (INSYDE).

 

@CIDE_MX

 

[1] Solicitud de Información con Folio 0413100049518, dirigida a la Policía Federal. Fecha de respuesta 07 de mayo de 2018.

[2] Solicitud de Información con Folio 0000700068418, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional. Fecha de respuesta 20 de abril de 2018.

[3] Esto, en buena medida, se debe al criterio 03/2017 del INAI que estableció que los sujetos obligados deben otorgar “la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información”.

[4] Solicitud de Información con Folio 0001700113318, dirigida a la PGR. Fecha de respuesta 21 de mayo de 2018.

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