Democracia sin pobreza, sí queremos

Es indispensable crear un sistema nacional de protección social, un padrón único de beneficiarios y una política social que detenga la creación de más programas sociales que duplican o triplican los esfuerzos e impiden que se atienda a quienes más lo necesitan.

Desde hace 25 años, la pobreza por ingresos afecta a cerca de la mitad de los mexicanos. No existe en el gobierno una estrategia clara y eficaz para reducirla ni para disminuir la grave desigualdad que afectan al país. Los programas sociales se han convertido en una herramienta electoral de candidatos y partidos para construir clientelas, y no para superar la pobreza. La vulnerabilidad alrededor de estos programas es y será un foco rojo durante los comicios presidenciales de 2018.

Cada nueva elección el uso clientelar se vuelve más evidente y vergonzante. Ese es el contexto en el que ocurre el relevo anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto en la Secretaría de Desarrollo Social, donde Eviel Pérez Magaña es el nuevo titular de la dependencia. De larga trayectoria política en cargos de representación partidista y popular, el nuevo secretario carece de experiencia en desarrollo social para enfrentar los grandes retos que plantea los niveles lacerantes de pobreza. Esto refleja la poca importancia que se le da a la Secretaría.

Dirigente partidista, alcalde, diputado federal, senador, coordinador de campañas electorales, Pérez Magaña, licenciado en administración de empresas en 2015, llegó a la Sedesol apenas en 2016 para ocupar una de las subsecretarías.

Dada su trayectoria, su designación parece responder más a un reacomodo electoral del grupo que acompaña al presidente Peña Nieto en la administración pública, que a las necesidades que la pobreza plantea para el país.

Existen motivos adicionales para la preocupación en este año electoral 2018. Estos van desde el uso de mecanismos para el desvío de recursos, como ha demostrado Animal Político en #LaEstafaMaestra, hasta la impunidad con la que se utilizan sin un interés real por parte de las autoridades para investigar y sancionar los casos. Por otro, está el uso discrecional del presupuesto por parte de Sedesol con la complicidad de la Secretaría de Hacienda.

Por ejemplo, cada año la Secretaría de Hacienda calendariza el presupuesto de Egresos para Sedesol y este calendario puede modificarlo durante su ejercicio. Al comparar el gasto autorizado finalmente en el periodo que va de 2013 a 2017, puede observarse que en el promedio de los primeros semestres de años no electorales, Sedesol gastó menos que en el primer semestre de 2015 previo a las elecciones federales en los que tuvo acceso a más recursos. Así, los programas de planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas de Sedesol tuvieron para gastar 150 por ciento más en año electoral que en año no electoral; para la articulación de políticas públicas integrales de juventud, Sedesol tuvo para gastar 115 por ciento más en año electoral que en año no electoral; para actividades de apoyo administrativo, 57 por ciento más; para el conjunto de los programas de subsidio, 18 por ciento más; y para otros programas presupuestarios, 26 por ciento más. Ello puede repetirse este año.

Desde la sociedad civil, la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha denunciado que este ejercicio del gasto no ha repercutido en una disminución significativa de la pobreza, por lo que seguirá insistiendo en la urgencia de impulsar una agenda que coloque a la superación de la pobreza y la desigualdad en el centro de las acciones de los próximos gobiernos, el federal y los estatales y municipales.

Urge un cambio de modelo de política social, fiscal y económica que aproveche estratégicamente los multimillonarios recursos presupuestales que se dedican al combate a la pobreza, y que detenga las prácticas corruptas que desvían recursos para propósitos electorales.

Para ello, es indispensable crear un sistema nacional de protección social, un padrón único de beneficiarios y una política social que detenga la creación de más programas sociales que duplican o triplican los esfuerzos e impiden que se atienda a quienes más lo necesitan y que operan en la opacidad y discrecionalidad. En cada sexenio se termina gastando más y con más programas sociales (sobre todo al nivel local), pero con la misma pobreza nacional.

A su vez, cabe destacar que en este año electoral la observación ciudadana sufrirá un retroceso. Recientemente en una reunión con organizaciones civiles, el titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, adelantó que el Fondo de Observación Electoral que administrará el PNUD para este 2018 será de 28 millones de pesos, lo cual representa 70 por ciento menos en términos reales que lo destinado para las elecciones presidenciales de 2012 y sería solamente una décima parte del fondo para la observación de las elecciones de 1994.

Las condiciones parecen estar dadas para un uso electoral de los programas sociales, no obstante, las organizaciones de la sociedad civil vamos a vigilar la operación de estos programas y a denunciar cualquier intento de uso clientelar para la compra de votos y el condicionamiento de sus beneficios.

 

@FrenteaPobreza

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