Ausencia del dato público, una barrera para la equidad de género y la no violencia contra las mujeres

Los datos sobre violencia contra las mujeres están desactualizados por 5 años, lo cual tiene un alto grado de impacto. Si en 2011 había una incidencia de violencia calculada en 44.85 %, no podemos saber si para 2016 ésta ha disminuido, aumentado o permanecido.

Por: Ana Arroyo Gámez (@AnaSalamandra)

En nuestro país, una de las principales referencias para obtener información sobre el tema de género es el Sistema de Indicadores de Género (SIG) gestionado por el Instituto Nacional de las Mujeres, el cual es un compendio de datos y estadísticas referenciados desde diversas instituciones tanto nacionales como internacionales, centros de investigación públicos y privados. Ofrece múltiples indicadores de violencia y comportamiento poblacional, textos completos de los instrumentos nacionales e internacionales en materia y algunas publicaciones que trabajan el enfoque de género. En general, podríamos decir que es un cúmulo importante para la investigación sobre la equidad de género, sin embargo, el gran problema es que la información no está actualizada. Gran problema.

Un ejemplo de lo anterior es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la cual es posible encontrar aspectos básicos sobre la vida de las mujeres en México y la relación de éstas con su entorno, pero de 2011[1]. La misma encuesta fue realizada en 2006 y solamente en ese año se hicieron publicaciones estatales; para 2011 éstas no se elaboraron. Ello indica que los datos sobre violencia contra las mujeres (principal aspecto que aborda la encuesta) están desactualizados por 5 años, lo cual tiene un alto grado de impacto, pues de acuerdo con el INEGI de 2010 a 2015 la población se incrementó en 7 millones de habitantes. Es decir, si en 2011 había una incidencia de violencia calculada en 44.85 %, para 2016 ésta ¿ha disminuido, aumentado o permanecido? No lo sabemos con exactitud.

Aunado a lo anterior, tras realizar una investigación en el tema mediante una solicitud de información pública en el sistema INFOMEX y respondida de manera expedita (una semana de espera), nos encontramos con que el nivel geográfico máximo de desagregación es el estatal; a nivel municipal no existe certeza estadística dado que el número de casos muestra son insuficientes. Esto se explica en razón de la metodología que empleó el INEGI para esta encuesta, es decir, la de formación de unidades primarias de muestreo (UPM) donde sólo se entrevista a un número de viviendas determinado por zonas, dependiendo del tipo rural o urbano y se obtiene una muestra general, posteriormente se utilizan factores de expansión y estimación de precisiones.

Dado que los datos sólo están disponibles a nivel estatal, en términos de política pública el diseño de una estrategia coordinada en los tres niveles no es posible, ya que faltan las referencias municipales e inferirlas no es del todo certero.

Sin embargo, el problema es aún más complicado. De acuerdo con La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) de 2011, artículo 44 fracción III, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), mismo que ya existe y contiene información sobre los casos de violencia contra las mujeres atendidos por las instituciones integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM); desafortunadamente tampoco se ofrece información a nivel municipal ni en un nivel de especificidad adecuado[2].

En síntesis, al carecer de datos actualizados o bien desagregados en niveles de especificidad que permitan conocer a profundidad la situación actual (principalmente a nivel municipal), las autoridades permiten que el problema de violencia contra las mujeres se transfiera a un ámbito de percepción, que se nutre por la información que se vierte en los medios de comunicación, la cual no es del todo fiel. Esto es, no hay manera de comprobar un aumento o una disminución de la violencia y, siendo así, ¿cómo queremos diseñar políticas públicas si no tenemos el dato público?

Para los temas de género, desde 2008 existe en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) un anexo correspondiente al gasto etiquetado, específicamente para la implementación de acciones y programas dirigidos a las mujeres; actualmente dicho anexo es el 13 y versa sobre la incorporación de la perspectiva de género en todo lo relativo a las políticas emprendidas desde la Administración Pública Federal (APF). Ello indica que una mínima parte de los recursos que se han destinado desde el 2008 (un total de 162 mil 396 millones de pesos) podrían haberse enfocado en la construcción de una base de datos actualizados, misma que contribuya a lograr un verdadero impacto social.

Al final, se trata de traducir el dato público en una estructura de implementación de políticas públicas y replicas a nivel municipal, estatal y federal, de manera coordinada y en favor de la equidad de género. Sin embargo, sin información oportuna, de calidad, actualizada y estratégica en materia de violencia contra las mujeres, ¿cómo se quieren diseñar e implementar estrategias exitosas que reduzcan o eliminen la violencia contra las mujeres?

 

* Ana Arroyo es investigadora en Inteligencia Pública @IntPublica.

 

 

[1] La ENDIREH es uno de los referentes principales en el tema de violencia en México, no obstante, existen otras encuestas que arrojan información relativa, las cuales tampoco han sido actualizadas, tales como Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo 2007 (ENVIN) y la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar (ENVIF) 1999, por ejemplo.

[2] La información que ofrece el BANAVIM tendría que las siguientes clasificaciones: tipo de violencia; modalidad; violencia de género; victimarios por edad y tipo de violencia; víctimas por edad y tipo de violencia; órdenes de protección; casos con conocimiento de alguna autoridad; delincuencia organizada y órdenes de protección emitidas, a nivel estatal y federal. Sin embargo, la información no se desprende en estos niveles de especificidad, en el sitio sólo es posible ver el total de casos, el total de agresores, total de agresoras, órdenes de protección y números de servicios.

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