2018: El futuro de México

A nivel nacional e internacional existe una gran incertidumbre sobre el rumbo que tomará México no sólo en el siguiente sexenio, sino en los próximos meses.

Por: Karina Tamayo (@Kar_Tamayo)

Mucho se ha especulado sobre las elecciones de 2018. Desde el arranque del proceso electoral en septiembre del año pasado, el pan de cada día han sido noticias buenas, malas e incluso falsas, opiniones positivas y negativas, así como escenarios optimistas y fatalistas sobre el porvenir político, económico y social del país. En otras palabras, a nivel nacional como internacional existe una gran incertidumbre sobre el rumbo que tomará México no sólo en el siguiente sexenio, sino en los próximos meses. Sin embargo, lo único que es posible asegurar hasta el momento es que los siguientes cinco meses de campañas, y los posteriores al 1 de julio serán cruciales para definir la estabilidad política, económica y social; y con esto, el futuro democrático de México.

En primera instancia, es preciso reflexionar sobre la magnitud de esta elección y los retos que ésta implica para las autoridades electorales así como para los partidos políticos. Se trata de una elección histórica, ya que por primera vez se elegirán 629 cargos en elecciones federales y 2,697 cargos en 30 elecciones locales, esto es, un total de 3,326 cargos de elección popular, entre ellos el Presidente de la República y las gubernaturas de nueve estados. Ello requerirá de un Instituto Nacional Electoral (INE) con la suficiente capacidad institucional de garantizar el derecho a votar a cerca de 86 millones de personas que están en posibilidad de hacerlo, y asegurar la integración de Mesas Directivas de Casilla con 156 mil casillas electorales, la instalación de casillas únicas en 30 estados y convocar a un millón 400 mil ciudadanos para ser funcionarios de casilla, entre otros elementos técnicos y operativos.

Aunado a ello, el INE y los órganos de fiscalización en la materia tendrán que demostrar contar con la capacidad y la autoridad suficientes para fiscalizar los recursos que por ley deben reportar los partidos políticos, y para revisar, combatir y sancionar los actos irregulares y delitos electorales que desafortunadamente se espera ocurran a lo largo de todo el proceso. En este sentido, su reto primordial consistirá en afianzar la credibilidad y la confianza ciudadanas hacia su labor, las cuales serán indispensables para enfrentar resultados apretados a nivel federal y local de manera pacífica y ordenada, y asegurar la legitimidad de los gobiernos electos. No obstante, esto será complicado dado el clima de desencanto, frustración y enojo de la ciudadanía con la democracia y las instituciones en todo el país.

Por su parte, los partidos políticos se enfrentan al desafío de coordinar y organizar múltiples candidaturas a nivel federal y local, y al mismo tiempo conducirse con respeto y apego a la ley. Si bien posicionarse como la alternativa antisistema más convincente es uno sus principales objetivos, si no el más importante, deben considerar que de esta elección depende la reconfiguración de fuerzas políticas a lo largo de todo el país, y por tanto, la gobernabilidad del mismo. Por tanto, sus estrategias electorales deben ser no solo bien planeadas y ejecutadas; sino atractivas.

En segundo lugar, el periodo de campañas –que comienza el 30 de marzo– igualmente merece especial atención. Ante la actual situación de hartazgo y descontento social tan enraizada en los problemas de corrupción, inseguridad y desigualdad, lo idóneo para el país sería contar con campañas de ideas y propuestas, mas que campañas de carácter negativo, basadas en acusaciones, descalificaciones y bullying. Una campaña del primer tipo daría lugar a un voto más razonado e informado y a un clima pre y post elección mucho más pacífico. Lamentablemente esta posibilidad es apenas remota dada la complejidad y efervescencia del escenario político, y lo observado hasta la fecha en las precampañas y en el estado de ánimo de los ciudadanos, el cual al parecer será un factor de peso en la decisión del voto.

Si bien las campañas negativas no serían algo nuevo en México, su utilización bajo momentos de crisis y deseos de cambio envía importantes señales de alerta a tomar en cuenta. Por un lado se corre el riesgo de que este tipo de mensajes, acompañados de sentimientos de miedo e incertidumbre así como de discursos plagados de demagogia (tan característicos de AMLO), den lugar a una fragmentación social sin precedentes. Esta situación propiciaría a su vez manifestaciones de violencia y conflictos sociales recurrentes que ya se han visto en varias partes del país. Aunado a esto, la creciente influencia de las redes sociales como la principal fuente de información electoral en el país también podría dotar de mayor fortaleza a estas campañas, a través del empleo de bots y la divulgación de fake news, conocidos ya como importantes medios de manipulación de la opinión pública.

Finalmente, es de suma importancia que los ciudadanos hagan conciencia sobre lo que está en juego en las próximas elecciones. Este ejercicio representa un gran reto debido al alto grado de desinformación y manipulación mediática y digital al que estamos expuestos día con día, así como a los sentimientos de frustración e ira en la población. Sin embargo, es preciso recordar que la solución a los problemas del país no está en un cambio radical acompañado de promesas irrealizables y mesiánicas. Tampoco lo está en el mantenimiento del status quo.

Por ello, es indispensable reflexionar sobre los avances alcanzados en México en los últimos años que han traído cambios positivos para el país, por ejemplo, las reformas estructurales. Todos los aciertos que el país ha alcanzado hasta el momento, y la estabilidad económica y social, pueden desvanecerse como consecuencia de una decisión desesperada y desinformada. Hay mucho que cambiar y mejorar, sí, pero siempre con una visión realista, moderada y responsable.

En este sentido, el mayor reto de 2018 será fortalecer la participación ciudadana, aquella que participa en la organización de los comicios y asistiendo a las urnas a votar, denuncia actos ilegales y se informa antes de votar y opinar. Un reto mayúsculo, sin precedentes.

 

* Karina Tamayo es investigadora en Inteligencia Pública (@IntPublica).

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