Movilidad Urbana Sustentable: ¿cómo van los estados?

La mitad de las entidades apenas cuentan con un marco normativo que contemple la inclusión de disposiciones de movilidad urbana sustentable. Colima, CDMX y Jalisco destacan como estados con un marco que favorece este tipo de movilidad.

Por: Liliana Estrada (@LilianaEG145)

La movilidad urbana es considerada uno de los principales motores del crecimiento económico y social de las ciudades, ya que no solo es un elemento indispensable para el desarrollo comercial, sino una necesidad colectiva para que la población pueda desplazarse a determinados lugares. En este sentido, resulta fundamental que el sistema de movilidad sea lo más eficiente posible, con el propósito de elevar la productividad económica de la ciudad, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y permitir el acceso a bienes y servicios urbanos.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, en México los medios más utilizados por las personas para desplazarse a la escuela y al trabajo son caminar y el transporte, es decir, en promedio el 38.8% de los mexicanos camina y el 32.5% utiliza algún camión, taxi, combi, metro, tren o metrobús. Mientras tanto, el 22.6% usa un vehículo privado (automóvil, camioneta o motocicleta), el 4.6% el transporte privado (escolar o laboral), el 3.4% la bicicleta y el 1% otro medio de transporte.

A nivel federal, con la finalidad de mejorar la calidad, la disponibilidad y la asequibilidad de los viajes urbanos en medios multimodales, conectados, sustentables, seguros y eficientes, en 2014 se presentó la Estrategia Nacional de Movilidad Urbana Sustentable (EMUS), y en 2016 se integró a la movilidad como un elemento indispensable de la planeación urbana en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Si bien lo anterior resulta ser el punto de partida para incentivar la gestión y diseño de políticas públicas enfocadas en transporte no motorizado y público, las entidades federativas y municipios son los actores más importantes para desarrollar proyectos eficientes y eficaces en la materia puesto que, de acuerdo a la Constitución Política del país, están encargados de la formulación y aplicación de políticas de transporte público, movilidad, comunicaciones, desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

Por esta razón, Inteligencia Pública, bajo el financiamiento de la Latin America Regional Climate Initiative (LARCI), elaboró un estudio[1] con el objetivo de identificar las acciones que están desarrollando las entidades federativas en materia de movilidad urbana sustentable, así como detectar las barreras para que los gobiernos locales impulsen proyectos de movilidad basados en medios sustentables. Lo anterior, a partir de la evaluación del marco normativo estatal en términos de inclusión de movilidad urbana sustentable y de un diagnóstico de los recursos propios[2] y endeudamiento per cápita que cada estado destinó a movilidad en 2015 y 2016.

De acuerdo con los resultados del estudio, la mitad de las entidades apenas cuentan con un marco normativo que contempla la inclusión de disposiciones de movilidad urbana sustentable. Entre estas destacan Colima, Ciudad de México y Jalisco como los estados con un marco normativo que favorece el desarrollo de este tipo de movilidad, mientras que Tamaulipas, Nayarit, Baja California, Yucatán y Baja California Sur son las que sobresalen por carecer de una legislación que haga referencia al tema.

Sólo ocho entidades -Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guanajuato y Estado de México- cuentan con una Ley y/o Reglamento de Movilidad, esto es, tienen una normatividad específica que engloba los diferentes medios de desplazamiento de las personas. A pesar de que todas las entidades cuentan con una visión y propósitos en su Plan Estatal de Desarrollo, sólo el 81% integra objetivos, estrategias y líneas de acción relacionadas con movilidad, y el 31% cuenta con un plan específico de impulso a la movilidad urbana sustentable.

Con base en los aspectos que son esenciales para lograr una movilidad urbana sustentable, sólo 14 entidades federativas integran la jerarquía de movilidad[3], el 34 % promueve un Desarrollo Orientado al Transporte[4], el 38 % realiza proyectos de Calles Completas[5], el 53 % tiene políticas para la gestión de la demanda del automóvil[6], el 34 % estable elementos para una gestión de la distribución urbana de mercancías[7] y el 41 % garantiza la accesibilidad de las personas para desplazarse[8] y Sistemas Integrados de Transporte[9]. Esto explica que más del 60 % del marco normativo local resulta obsoleto ante la necesidad de desplazamiento de los ciudadanos y, por ende, del diseño de una movilidad desde una perspectiva sustentable.

Otros aspectos que frenan el desarrollo de proyectos de movilidad sustentable son que únicamente el 25 % de las entidades contempla en su marco normativo una institución especializada para operación y control en la ejecución de los planes, programas y disposiciones de movilidad; el 38 % una cultura de movilidad, y el 9 % un sistema de indicadores de seguimiento en movilidad. Esto indica que las entidades carecen de programas, datos e instancias sensibilizadas y capacitadas en el diseño y gestión de políticas públicas, al igual que ciudadanos que demanden mejor infraestructura para utilizar medios sustentables, eficientes y seguros.

En materia de financiamiento, solo el 47 % de los gobiernos locales consideran dentro de su Presupuesto de Egresos una partida o programa presupuestario de movilidad, lo que explica que más de la mitad de las entidades no garantiza recursos cada año para este tipo de proyectos. A pesar de lo anterior, durante 2015 y 2016 las entidades desarrollaron 2,537 proyectos de obra pública relacionados con movilidad urbana que representaron un monto total de $ 26,967.65 millones de pesos (mdp), lo cual, en términos per cápita, equivale a un promedio nacional de $ 76 pesos por persona.

Con respecto a los montos, en promedio en ambos años Ciudad de México, Jalisco, Baja California Sur, Sonora y Aguascalientes representaron las entidades que destinan más de $ 100 pesos por persona para implementación de programas de movilidad; entre estas destacan los casos de Ciudad de México y Sonora como las entidades con mayores recursos per cápita en 2015 y 2016 con $ 1,278 y $ 564 pesos por persona, respectivamente. En contraste, Oaxaca, Nayarit y Querétaro se colocaron como las entidades que menos otorgan recursos, ya que aportan una cantidad por debajo de los dos pesos.

Si bien esto refleja el esfuerzo de las entidades federativas por destinar recursos propios para proyectos de movilidad, aún hay importantes áreas de oportunidad en la cantidad y la forma que los otorgan, ya que los 76 pesos resultan muy bajos frente a los $ 219 o $ 3,278 pesos que otorgan los estados en promedio por persona para cubrir sus gastos de materiales (útiles, equipos de oficina, combustibles, vestuarios y uniformes, entre otros) o servicios personales (remuneraciones), respectivamente (INEGI, 2015). Además, el 55 % del gasto ($ 42 pesos por persona) se va para obras de infraestructura vial (vehículo privado), el 17 % ($ 13) para el Transporte Público, 21 % ($ 16) para Espacio Público, 6 % ($ 4) para Infraestructura Peatonal y 2 % ($ 1.2) para Infraestructura Ciclista.

Por lo anterior, se hace necesario que las autoridades locales (sobre todo, los congresos locales) valoren la importancia de modificar el marco legal estatal, así como de incluir en los instrumentos de planeación (planes de desarrollo, institucionales o sectoriales) los objetivos y las estrategias para lograr una movilidad urbana sustentable. Ello proveerá las bases normativas vitales para planear, diseñar y ejecutar políticas públicas y financiamiento en materia de movilidad urbana con un carácter integral y sustentable.

Como una forma de repensar las ciudades y las estrategias de movilidad, en donde la persona sea el foco de las políticas públicas, los estados deben crear fondos y partidas que garanticen la ejecución de proyectos de movilidad urbana sustentable, y cambiar la tendencia actual de financiamiento para infraestructura que promueve el uso del vehículo privado, lo cual solo beneficia al 27.2 % de la población del país. Resulta conveniente que incrementen sus capacidades recaudatorias a fin de aumentar los recursos para la ejecución de proyectos de movilidad sustentable, los cuales podrían provenir de las políticas de gestión de la demanda del uso del automóvil que establezca cada entidad.

Finalmente, los ciudadanos debemos empezar a premiar y demandar que las autoridades establezcan infraestructura de movilidad urbana sustentable que favorezca más del 70 % de la población y se garantice el tránsito seguro y cómodo de todos los ciudadanos de todas las edades y capacidades. Lo anterior se hace vital en periodo electoral, pues es el momento de exigir propuestas que contengan objetivos (¿qué?) y medios (¿cómo?) encaminadas a mejorar los desplazamientos de las personas y, por ende, votar por aquel que garantice una política en beneficio de los ciudadanos.

 

* Liliana Estrada es Investigadora de @IntPublica.

 

Referencias:

[1] El estudio contempla dos índices nacionales: el primero, comprende la evaluación del marco normativo estatal en términos de inclusión del concepto de movilidad urbana sustentable; mientras que el segundo es un diagnóstico de los recursos propios per cápita que cada estado destinada a movilidad. La importancia de realizar la evaluación del marco normativo estatal radica en que toda acción gubernamental en cualquier rubro debe contar con un fundamento jurídico; así como el diagnóstico de los recursos propios locales permite conocer cómo las entidades federativas están ejerciendo su presupuesto y detectar la capacidad recaudatoria que tienen para financiar proyectos de movilidad.

[2] Son los recursos que son recaudados por estados, incluyendo impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.

[3] La jerarquía de la movilidad se refiere a que primero están los peatones, seguidos de los ciclistas, luego los usuarios de transporte público, después de los operadores de vehículos de carga y al final los conductores de vehículos motorizados. En este sentido, garantizar la jerarquía de movilidad se refiere a poner en centro de la política a los peatones, ciclistas y usuarios de transporte público frente a los vehículos de carga y privado.

[4] Este modelo tiene como elemento principal la estructura de las ciudades al transporte público, esto es, a una estación de autobús, metrobús, o metro. Al igual, está rodeado de un desarrollo compacto y de alta densidad con restricciones de cajones de estacionamiento, localizado fundamentalmente en áreas con transporte público e infraestructura peatonal y ciclista de calidad.

[5] Construcción de espacios para facilitar el tránsito seguro y cómodo de todos los ciudadanos – peatones, ciclistas, usuarios de transporte público, operadores de vehículos de carga y conductores de vehículos motorizados – de todas las edades y con todo tipo de habilidades motoras.

[vi] Diseño e implementación de estrategias de reducción del uso del automóvil para gestionar los viajes en vehículos privados y hacer más atractivos otros medios de transporte con menores costos para la sociedad.

[vii] Gestión del traslado de mercancías mediante el desarrollo de centros urbanos de logística, zonas especiales de acceso, carga y descarga, y mecanismos de distribución eficiente en la entrega final.

[viii] Esto se refiere a que el diseño de la ciudad permite a las personas desplazarse por la vía pública sin obstáculos y con seguridad, independientemente de su condición física.

[ix] Redes de transporte público con servicio confiable, eficaz y con amplia cobertura que incentive viajes en medios seguros y sustentables.

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