Desapariciones en Veracruz y en Iguala: un patrón común

Abonada por la falta de un compromiso serio de las autoridades para aceptar y resolver la epidemia de desapariciones en México, la pesadilla que han vivido los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y antes que ellos miles de mexicanos y mexicanas, se multiplica en la geografía mexicana. Las nuevas denuncias de desapariciones forzadas, esta vez de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, demuestran que mientras no se tomen medidas de fondo (una legislación apegada a los estándares internacionales y a la experiencia de las familias y organizaciones; búsquedas inmediatas; investigaciones y sanciones efectivas; adecuada atención a víctimas; y, sobre todo, un modelo de seguridad que ponga al centro los derechos humanos y la rendición de cuentas), no sólo no habrá justicia y verdad para las más de 27 mil personas que hoy están ausentes, sino que las desapariciones continuarán.

La desaparición de los cinco jóvenes veracruzanos (José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco Sánchez, Alfredo González Díaz, Bernardo Benítez Arróniz y Susana Tapia Garibo) tiene similitudes con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, evidenciando un patrón sobre el cual es necesario reflexionar. No estamos ante casos puntuales de elementos de seguridad que se “salen del redil”, sino de un patrón de actuación, enmarcado en una trama de macrodelincuencia, que está sembrando de luto e incertidumbre a miles de familias sin que parezca haber voluntad o capacidad para detenerlo.

Es indudable que en ambos casos se trata de desapariciones forzadas, pues las personas que sustrajeron a las víctimas son servidores públicos que forman parte de las fuerzas de seguridad -estatales en el caso de Tierra Blanca, municipales en el caso Iguala. En ambos casos, se alega que los jóvenes fueron entregados a integrantes del crimen organizado. Este vínculo entre los funcionarios y la delincuencia organizada no le resta el carácter de agentes estatales quienes la cometen ni impide la tipificación del crimen bajo la figura de la desaparición forzada.

En las dos situaciones, a pesar de la existencia de testigos y de la detención de algunas personas involucradas, las autoridades no han sido capaces de localizar a los jóvenes. Que la detención de probables responsables no detona la localización de los desaparecidos denota que los esquemas de criminalidad que hacen posibles estos delitos no se agotan en los autores materiales; también evidencia que las autoridades carecen de atribuciones legales adecuadas para incentivar la cooperación de los implicados en el esclarecimiento de los hechos.

Por otro lado, aun cuando desde distintas instancias se ha enfatizado que la búsqueda de los desaparecidos se tiene que realizar de forma inmediata, en ambos casos ha sido la insistente denuncia pública de familiares, amigos y colegas la que ha puesto los casos en la mira pública. Más de un año ha pasado en el caso Ayotzinapa; más de veinticino días en el caso de Tierra Blanca. Para los desaparecidos, las primeras horas son fundamentales para hallarlos con vida. Para los familiares, como han referido padres y madres de Tierra Blanca, cada minuto es angustiante porque ven en juego la vida de sus hijos. La zozobra que genera la desaparición en las familias es, como la ha señalado la Corte Interamericana, una verdadera tortura. No sorprende, por tanto, que las familias de los jóvenes de Tierra Blanca se estén exponiendo a realizar una acción pública de protesta, en ejercicio de sus legítimos derechos, pese a las amenazas de desalojo del gobierno de Javier Duarte, cuyos preocupantes antecedentes en materia de libertad de expresión son de sobra conocidos.

Siguiendo con el paralelismo, cabe resaltar que la forma en que las autoridades han atendido a las familias de las víctimas también ha sido similar, lo que reafirma la necesidad de un cambio estructural en el sistema de justicia. Además de la falta de diligencia para atender de inmediato la denuncia de desaparición y emprender la búsqueda, los familiares de los jóvenes de Tierra Blanca han denunciado que la información sobre las investigaciones se da a los medios pero no a ellos, una situación denunciada repetidas veces en el caso Ayotzinapa.

Las similitudes entre ambos casos podrían continuar. También podrían extenderse a otras situaciones, como a la desaparición generalizada de más de 300 personas en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Y es que en México las miles de desapariciones parecen un callejón sin salida, en el que los familiares y la sociedad civil pican los muros de la impunidad para abrir un camino. Pese a que el panorama es sin duda desolador, mecanismos internacionales de derechos humanos -como la ONU y la CIDH-, familiares, asociaciones y todos los involucrados en las búsquedas hemos señalado los pasos fundamentales para hacer frente de inmediato a esta “epidemia” y para revertir la respuesta gubernamental de “indolencia”, a la que en su reciente informe se ha referido Amnistía Internacional: el fin del modelo militarizado de seguridad pública; la implementación de mecanismos para combatir la impunidad y la corrupción, modificando el diseño institucional de las fiscalías; y la aprobación de una ley general para prevenir y sancionar la desaparición forzada, que retome verdaderamente la voz y la experiencia de las familias, tanto en el proceso como en los temas sustantivos. Uno de los principales retos de esa Ley es crear un verdadero Sistema Nacional de Búsqueda, que trasciende la segmentación propia de la investigación ministerial, que atiende caso por caso sin perspectiva de contexto, soslayando la existencia de patrones y estructuras criminales.

No está de más resaltar que muchas de estas medidas han sido propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), asignados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que colabora en la investigación del caso Ayotzinapa. No es exagerado señalar que si en vez de ser reticente ante las recomendaciones del GIEI y tolerar pasivamente la infundada campaña de desprestigio que no ha dejado de crecer, el Estado mexicano hubiera priorizado el cumplimiento de las recomendaciones del grupo, quizá hoy los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca estarían con sus familiares.

 

@CentroProdh

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