43: el número de la impunidad de ayer y de hoy

La impunidad que aún cubre casos de graves violaciones a derechos humanos en las décadas anteriores, explica la impunidad que se padece en los casos actuales.

En el 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tendrán lugar dos audiencias que retratan la enorme deuda de verdad y justicia que el Estado mexicano mantiene (y aumenta) con las víctimas de desaparición forzada.

Por una parte, las familias de Ayotzinapa y sus representantes vuelven a la mesa del organismo interamericano para demandar avances concretos y sustanciales en la investigación del paradero de los normalistas, a más de mil días de los hechos y 15 meses de la emisión del informe final y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), comisionado por la propia CIDH para verificar y coadyuvar en la investigación.

Al igual que lo hicieron ante el procurador General de la República, en su reunión del 31 de mayo de 2017 después de 22 días de plantón para presionar por una respuesta de alto nivel, padres y madres de los 43 estudiantes recordarán que en la investigación continúan pendientes temas fundamentales de máxima relevancia. Los más urgentes son: a) la presentación de nuevas acusaciones contra perpetradores –incluyendo no solamente a la policía de Huitzuco, sino a los servidores públicos estatales y federales de cuya participación en diverso grado existen indicios, como en el caso de la Policía Federal y el Ejército– que reflejen los hechos esclarecidos por el GIEI, considerando que no se han ejercitado formalmente acciones penales desde diciembre del 2014; b) la culminación de los trabajos de telefonía, particularmente los de los estudiantes, inconclusos hasta la fecha, y c) el esclarecimiento de la línea de investigación de trasiego internacional de narcóticos, incluyendo que se culmine la asistencia jurídica internacional con los Estados Unidos.

Por otra parte, tendrá lugar la primera audiencia del caso de la desaparición forzada de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz en el contexto de la Guerra Sucia, a manos de elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y del Ejército. Las cinco víctimas–el padre, José de Jesús Guzmán Jiménez, y cuatro de sus hijos, Amafer, Venustiano, Solón y Armando Guzmán Cruz- son originarios de la comunidad purhépecha de Tarejero, municipio de Zacapu, Michoacán, y fueron desaparecidos en cuatro distintos episodios entre julio de 1974 y febrero de 1976.

El caso ha sido denunciado ante la autoridad local en Tarejero; ante la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos –que determinó la existencia de elementos que sustentan la calidad de detenidos-desaparecidos de los cinco miembros de la familia-; ante la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), y ante la Coordinación General de Investigaciones de la PGR. Esta última investigación, radicada bajo el número SIEDF/CGI/502/2007, permanece abierta pero sin avances sustantivos hasta el momento.

En la audiencia se solicitará que se emita un Informe de Fondo que recomiende al Estado mexicano que tome todas las medidas necesarias para esclarecer, sancionar y reparar los hechos, y que como garantías de no repetición se incluya transparentar y poner a disposición de la sociedad toda la documentación existente sobre la Guerra Sucia y garantizar una adecuada institucionalidad, capacidad técnica y sistema de controles en la nueva Fiscalía General de la Nación.

Hasta ahora, las distintas instancias de la justicia mexicana que han tenido en sus manos estos dos casos no han sido capaces o no han tenido la voluntad política para garantizar verdad, justicia y reparación a las decenas de afectados. Los avances que reportan las autoridades, ya sea ante las familias o ante instancias internacionales, suelen ser un compendio de trámites administrativos con poca repercusión en el esclarecimiento de los hechos, sobre todo en cuanto a dar con el paradero de los ausentes, que es la demanda más sentida de las familias. Por eso es indispensable que con total apertura se debatan los problemas estructurales que padece la PGR, en el contexto de la creación de una Fiscalía General de la República que sea lo suficientemente capaz e independiente para resolver estas deudas del Estado mexicano, y que se ponderen los resultados de modelos militarizados de seguridad para trabajar en modelos ciudadanos en vez de persistir en la imposición de la Ley de Seguridad Nacional.

El caso de la familia Guzmán Cruz ilustra a la perfección lo que sucede en las vidas de las víctimas cuando la justicia no llega –la madre, Salud Cruz, murió pidiendo que no se dejara de buscar a sus desaparecidos- y nos advierte qué tan largos pueden ser los tiempos de la procuración de justicia cuando no hay voluntad de encontrar a los desaparecidos y castigar a los responsables.

En efecto, la impunidad que aún cubre los casos de graves violaciones a derechos humanos en las décadas anteriores –especialmente de los años sesenta a los ochenta- es causa y explicación de la impunidad que se padece en los casos actuales. La falta de un verdadero y efectivo proceso de justicia transicional para juzgar los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia dio lugar a que se consolidaran tanto la protección a quienes ordenaron y ejecutaron tales delitos como las estructuras y prácticas que lo permitieron –y que perviven y, en algunos casos, actúan hoy en día.

Pero la persistencia de las familias en su búsqueda de verdad y justicia nos recuerda que la esperanza y la persistencia son también tenaces. Ni las familias ni los representantes cejaremos en la búsqueda de los que nos faltan y en tratar de sentar bases para que más familias recuperen la paz.

 

@CentroProdh

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Comentarios

  1. lorenzo palma ortiz

    El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) siempre buscando defender delincuentes así como los putos malvivientes de Tlatlaya, los normalistas, Tanhuato a todo le tira lastima que ahora ya la ciudadanía no se cree cualquier estupidez por qué a la gente pobre esa no le hacen caso, los 43 lacrosos se los chingo la delincuencia, porque ni los ratas del GIEI lograron su aparición

  2. Conrado Pooblete

    Ya dejen de hacerle al cuento con sus 43 normalistas chayoteros eso debieron de haber pensado antes de mandarlos a robar y secuestrar autobuses, pipas con gasolinas si después de tantos años no los han encontrado que respuesta más sencilla puede ser, pues que el cartel de los Guerreros Unidos están en lo cierto quieren encontrar cuerpos que no existen incluso las cenizas estos delincuentes los tiraron al rio, es tan difícil creer otra teoría obviamente que no, pero lo que buscan es seguir lucrando los dirigentes de este movimiento para que el gobierno los mantenga de por vida

  3. bryan montes de oca.

    que mas buscan, si los culpables ya se encuentran tras las rejas, que los padres y los que los manejan no quieren reconocer y por culpa de ellos no se han consignado, ya es problema de ellos, pero estamos de acuerdo que sus desapariciones es por ajuste de cuentas.

  4. Oswaldo Noriega

    el tema de los 43 narco-normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se investigo en su momento en donde las instituciones federales no tuvieron nada que ver, porque ese tipo de manifestaciones y bloqueos es de orden social y les corresponde la policía estatal y municipal.

  5. Idelfonso Martinez Gomez

    si en los primeros dias no se dieron con estos normalistas desaparecidos, menos ahorita, cuando los del GIEI tuvieron mas posibilidades en dar con ellos y no lo hicieron por sus investigaciones negligentes y solo buscaron el dinero, creo que es demasiado tarde.