Raymundo y el castigo a la libertad de manifestación

Raymundo y su familia tuvieron que vivir nueve meses con la incertidumbre y el miedo generados por un proceso penal que, como finalmente se reconoció, no tenía bases.

El calvario que tuvo que recorrer Raymundo Pascual García, joven padre de familia ñhôñhô de Querétaro, es una muestra de que en México aún es necesario trabajar para que la protección a la libertad de expresión, la protesta social y el derecho de reunión se consolide, especialmente cuando los juzgadores reciben casos en que se pretende criminalizar estos derechos.

Raymundo y su familia tuvieron que vivir nueve meses con la incertidumbre y el miedo generados por un proceso penal que, como finalmente se reconoció, no tenía bases.

Originario de San Ildefonso Tultepec, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, Raymundo fue detenido violentamente en su domicilio la madrugada del 06 de enero de 2017, tras haber participado el día anterior en una reunión pacífica de ciudadanos preocupados por el llamado gasolinazo.

Las personas participantes en la reunión pidieron al delegado de la comunidad que les prestara una patrulla para llamar a una nueva reunión para el día siguiente. Aunque el funcionario no se negó y el policía tripulante entregó el vehículo a las y los ciudadanos. Raymundo comenzó a conducirla, pero la falta de gasolina y bocina convenció a las personas de bajarse y estacionar la patrulla cerca de la delegación de la comunidad.

Por la tarde, el policía municipal Juan Carlos Jacinto Santiago denunció el supuesto robo de vehículo sin violencia cometido en agravio del Municipio de Amealco en contra de Raymundo Pascual García y/o quien resulte responsable. Agravando la acusación, la Jueza del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Amealco de Bonfil autorizó girar orden de aprehensión por el delito de sedición en agravio del Estado.

Así, sin que se le mostrara una orden de aprehensión, el joven padre de familia y chofer fue detenido, asfixiado y golpeado con macana en el pecho, en la espalda y en la cabeza, además de recibir amenazas de muerte. La agresión fue tal que un médico diagnosticó lesiones en el ojo derecho y lesiones que tardan hasta quince días en sanar.

Violando el principio de presunción de inocencia al no contar con elementos objetivos que señalaran la probable responsabilidad de Raymundo, la jueza celebró la audiencia inicial el 06 de enero de 2017 y lo vinculó a proceso. De esta forma también violó el derecho humano a la libertad de expresión al calificar la reunión informativa como tumultuaria, con carácter político, que producía un alboroto o confusión en la sociedad y que traía como consecuencia agitación o perturbación en la sociedad. Además, la jueza dictó prisión preventiva argumentando que Raymundo representaría un riesgo para la sociedad si seguía el proceso en libertad.

El 02 de marzo de 2017, el juzgado de control en Amealco sustituyó la prisión preventiva por cuatro medidas cautelares. El 13 julio, el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito con sede en Querétaro resolvió un amparo en revisión interpuesto por Raymundo Pascual García y declaró ilegal el auto de vinculación a proceso y las medidas cautelares dictadas; también ordenó que se citara a una nueva audiencia para subsanar los defectos detectados, entre ellos que la jueza pasó por alto las violaciones cometidas en la detención, puesta a disposición, defensa adecuada y audiencia.

En la nueva audiencia, realizada el 31 de julio, se confirmaron como ilegales inválidos el auto de vinculación a proceso y las medidas cautelares. Sin embargo, no se analizó la legalidad de la orden de aprehensión ni se le canceló. Esto colocó a Raymundo en una total inseguridad jurídica, a merced de la voluntad de la Fiscalía General del Estado, a pesar de que se había reconocido que fueron violados sus derechos, la inexistencia de pruebas en su contra y la violación de su derecho a la presunción de inocencia.

Por ello, la defensa de Raymundo Pascual, representada por Centro Prodh, hizo del conocimiento del Juez Segundo de Amparo y Juicios Federales con sede en Querétaro el actuar ilegal de la Jueza de Control. El juez determinó que dicha actuación judicial fue excesiva y debía corregirse. Así fue como el 02 de octubre, la Jueza de Control dio cumplimiento, por segunda ocasión, a la sentencia de amparo, y por fin dejo insubsistente la orden de aprehensión.

En México es recurrente el uso perverso del sistema de justicia para restringir indebida, desproporcionada e innecesariamente los derechos humanos a la libertad de expresión y la protesta social. Así lo reconoció el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, quien ya en 2011 recomendó al Estado mexicano garantizar el derecho a la libertad de expresión en el marco del ejercicio legítimo de actos de protesta social. Así lo demuestra el caso de Raymundo, un caso que no debería repetirse en ninguna parte de la geografía nacional.

Raymundo y su familia por fin han conseguido el sosiego, después de batallar durante nueve meses simplemente por haber ejercido pacíficamente el derecho a la protesta. De existir un correcto actuar de las autoridades, esta familia no hubiera pasado por este proceso, que lejos de reforzar la legitimidad de las autoridades, debilita el ejercicio de derechos que son pilares fundamentales para la democracia.

 

@CentroProdh

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