Evidencian impunidad total en caso #MujeresDeAtenco

En el último día de la audiencia del caso #MujeresDeAtenco ante la Corte IDH quedó claro que los hechos de violencia sexual cometidos por los policías constituyen tortura, que no se trata de casos aislados y que no han sido castigados.

Durante el día final de la audiencia pública sobre el caso Mariana Selvas y otros vs los Estados Unidos Mexicanos, las intervenciones tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como de las representantes de las víctimas e incluso del propio Estado dejaron claro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que el caso se mantiene en la impunidad total.

A petición de los jueces de la Corte IDH, el Estado se vio orillado a reconocer que, aunque ha ejercido acción penal contra alrededor de 52 personas, a más de 10 años de los hechos no hay ninguna condenada, periodo que resaltaron tanto la CIDH como la Corte. El Estado señaló que, aunque anteriormente se logró una sentencia condenatoria por “actos libidinosos”, ésta fue revocada. Las representantes de las mujeres denunciantes resaltaron que la deficiente y negligente actuación de las autoridades ministeriales ha provocado que se libere a diversos imputados y que esté en riesgo la acusación contra varios más, ya sea por no sustentar las acusaciones o por exceder los plazos legales. También se resaltó que apenas en 2011 se realizaron acusaciones por tortura y que, a pesar de los testimonios que indican su participación, no se ha acusado a ningún elemento de la entonces Policía Federal Preventiva.

Las representantes objetaron además que el Estado siga hablando de “posiciones” de las sobrevivientes para referirse a las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, y pidieron que se ordenen medidas encaminadas a una investigación efectiva, incluyendo a la cadena de mando que no previó ni detuvo los abusos sino que los permitió y alentó, como en su momento lo reconocieron tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por otra parte, mientras que el Estado alegó que ya había reconocido su responsabilidad en todas las violaciones a los derechos humanos reclamadas por las mujeres y que eso no debería ser materia de discusión, las representantes de las once sobrevivientes precisaron que sólo ha aceptado de manera parcial lo dictado por la Suprema Corte en el año 2009, que es solamente uno de los 133 elementos de prueba que consideró la CIDH para realizar su Informe de Fondo y que no documenta la tortura y los hechos de detención y discriminación, entre otros. Además, el Estado sigue presentando los hechos como actuaciones individuales de policías y justificándolo al presentarlo como producto de un enfrentamiento. Por ello, insistieron, se requiere que la Corte haga un análisis propio.

Las representantes de las víctimas y la CIDH insistieron en que la Corte debe considerar que los hechos de violencia sexual cometidos contra las mujeres por los policías constituyen tortura y que no se trata de casos aislados. Las abogadas de las mujeres recordaron que, de acuerdo con los testimonios ofrecidos por las mujeres, las agresiones sexuales se dirigieron a humillarlas y castigarlas, además de a extraer información. La CIDH sostuvo que esto permitirá a la Corte establecer estándares sobre la investigación de la tortura sexual.

Las representantes de las mujeres enumeraron las medidas de reparación que se exigen, empezando por la justicia y la no repetición. Aunque el Estado alegó que se debe considerar que las denunciantes han rechazado todo lo que se les ha propuesto desde el Estado como reparación, que esto se formuló de acuerdo con los estándares internacionales y que puso en marcha medidas relevantes, la defensa de las mujeres precisó que el Estado rechazó todas las medidas exigidas por ellas –como la creación de un espacio de memoria y que se facilite la fundación de un centro de documentación y apoyo para sobrevivientes de tortura sexual desde las propias denunciantes- excepto la publicación de la sentencia.

A los argumentos del Estado en el sentido de que diversas medidas legislativas y protocolos aprobados cumplen como medidas de no repetición, la defensa precisó que esto no basta y que se han presentado evidencias de que persisten patrones de violación a derechos humanos, que hay una disociación entre normas y prácticas, que lo escrito en los protocolos no se refleja en la labor ministerial y que no hay aplicación de estándares de control, registro y uso de la fuerza.

Las abogadas de las denunciantes recalcaron los profundos daños que las violaciones a derechos humanos produjeron en las vidas de las mujeres, incluyendo la fragmentación familiar, e insistieron en que debido a la criminalización de la que fueron objeto, las denunciantes exigen una disculpa pública y que las autoridades se retracten de los señalamientos en su contra.

“Las mujeres no piden nada extraordinario. Sólo verdad y justicia”, resumieron las abogadas de las once #MujeresDeAtenco.

Se espera que la sentencia se dicte en el transcurso del año 2018.

 

@CentroProdh

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