Libertad para Sergio; una alerta para la justicia

Sergio fue detenido en marzo de 2010, encarcelado por homicidio y robo aunque no había pruebas en su contra. Lamentablemente, la situación que ha vivido Sergio es común para las personas indígenas y pobres, máxime si son migrantes internos; en esas condiciones de movilidad, las personas indígenas prácticamente se vuelven extranjeros en su propio país.

La humilde familia de Sergio Sánchez Arellano, un hombre mazahua condenado a 27 años de prisión por un delito que no cometió, debió pelear por más de siete años para que el sistema de justicia reconociera que no había pruebas para encarcelarlo. Pero un amparo otorgado por un tribunal colegiado, este 1 de febrero, ha traído como consecuencia la liberación de Sergio. Esta resolución es el inicio de la justicia para esta familia y, a la vez, una fuerte llamado de atención para los operadores del sistema de justicia: las pruebas derivadas de violaciones a derechos humanos no deben ser admitidas de ninguna manera.

Sergio fue detenido en marzo de 2010 y fue encarcelado por homicidio y robo, aunque no había pruebas en su contra. Lamentablemente, la situación que ha vivido Sergio es común para las personas indígenas y pobres, máxime si son migrantes internos; en esas condiciones de movilidad, las personas indígenas prácticamente se vuelven extranjeros en su propio país. Justamente, por evidenciar injusticias que aún afectan a miles de personas en México, Amnistía Internacional documentó el caso en su informe sobre detenciones arbitrarias y el Centro Prodh asumió directamente la representación legal de Sergio.

Luego de que se dictara una sentencia condenatoria y de que ésta se confirmara en apelación de forma por demás injusta, la familia de Sergio y el Centro Prodh lograron que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conociera el caso y determinara que todas las pruebas ilegales del expediente debían ser invalidadas. La Corte también señaló que, si hubiera otras pruebas incriminadoras, éstas debían revisarse de nueva cuenta bajo el principio de la presunción de inocencia; es decir, que las autoridades debían probar que Sergio era culpable y no al revés, como lo habían hecho por más de un lustro.

Gracias a esta determinación de la Corte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito revisó de nueva cuenta el caso y, por mayoría, determinó que no había pruebas contundentes para condenar a Sergio. Así, este digno padre de familia mazahua respiró de nuevo la libertad, tras casi ocho años de injusta prisión.

Los impactos discriminatorios de la justicia mexicana no se borran. Los hijos de Sergio abandonaron sus estudios básicos para aportar económicamente durante el encarcelamiento; su esposa y su hermana sufrieron graves problemas de salud; su madre murió sin verlo libre, y su la familia se vio afectada por los gastos, tiempos y traslados que implica tener a un ser querido preso y pelear un proceso legal tan largo. Ni qué decir de la familia de la persona asesinada, pues tampoco en su caso se ha hecho justicia al estar el verdadero culpable en libertad, mientras un inocente purgaba la pena. Todo este daño, causado por ministerios públicos que no rinden cuentas por las vidas que destruyen y por jueces que presumen la culpabilidad de los acusados, permanece. Aún así, la liberación de Sergio fue vivida con júbilo por su familia, unida con esa cohesión inquebrantable de las comunidades indígenas.

Las decisiones tanto de la Corte como del Tribunal Colegiado establecieron la forma y el alcance de la exclusión de pruebas obtenidas violando derechos humanos. Estas resoluciones pueden ser útiles para otras personas que han sido condenadas a partir de pruebas violatorias de derechos; sin embargo, lo deseable es que todos los operadores del sistema de justicia escuchen y registren este mensaje para que ninguna persona más pase por el mismo calvario que Sergio.

Si desde las primeras instancias de la justicia se respetara el paradigma de los derechos humanos, como ha insistido la sociedad civil en sus informes sobre la aplicación judicial del mismo, no sería necesario que personas inocentes tengan que llegar de nueva cuenta hasta el Máximo Tribunal del país para obtener justicia. Esto incluye a las procuradurías, que con indignante frecuencia siguen presentando acusaciones infundadas en contra de personas inocentes, con tal de subir sus estadísticas de acusaciones. Por eso, el caso de Sergio nos recuerda que seguimos necesitando, con urgencia, fiscalías que sirvan.

@CentroProdh

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