Lecciones de justicia fallida para candidatos

Llegaremos a los 50 años del 2 de octubre sin un reporte público de carácter oficial sobre lo ocurrido. La virtual inexistencia de este informe muestra que en México el derecho a la verdad sigue siendo negado.

El pasado 26 de febrero, El Universal publicó una interesante entrevista con Ignacio Carrillo Prieto, quien encabezara durante el sexenio 2000 – 2006 la fiscalía especial creada por el gobierno panista de Vicente Fox para indagar los crímenes políticos cometidos en las décadas previas.

Es prudente brindar más contexto para las generaciones más jóvenes: en el año 2000, la primera alternancia en el Ejecutivo federal abrió la posibilidad de impulsar un proceso de justicia transicional; es decir, de indagar lo ocurrido durante los peores años del autoritario régimen de partido único, para garantizar a las víctimas acceso a la justicia, y a la sociedad en su conjunto, algo parecido a la verdad.

Esta expectativa fue defraudada por el gobierno foxista, como ocurrió con otros temas clave -combate a la corrupción, no injerencia en los procesos electorales- para marcar una diferencia frente a los gobiernos previos y asentar así la idea de que en efecto México había transitado a la democracia. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado -FEMOSPP, como se le conoció por sus siglas- fue un fracaso: no consiguió sentencias contra los perpetradores de graves violaciones a derechos humanos, y malogró el esclarecimiento histórico al impulsar un Informe sobre la época que a la postre no retomaron las instituciones del Estado.

La FEMOSPP no logró la sanción de quienes cometieron prácticas aberrantes como la desaparición forzada y, al no hacerlo, se perdió una valiosa oportunidad para generar garantías de no repetición frente a ese crimen, que en la última década se multiplicó exponencialmente en nuestro país. El Centro Prodh, como otras organizaciones, acompañamos en aquellos años a familiares de víctimas que se atrevieron a denunciar crímenes que aún esperan justicia, como la desaparición forzada de Alicia de los Ríos o la de los integrantes de la familia Guzmán Cruz. Otros familiares y organizaciones llevarían esta lucha hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ocurrió con el caso de Rosendo Radilla Pacheco.

La entrevista de Carrillo Prieto recuerda esta agenda pendiente. Más allá de revelar algunas cuestiones hasta hoy desconocidas –como, por ejemplo, que la entrega de los documentos de la FEMOSPP la hizo el exfiscal al hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, cuestión que por la trascendencia del tema sería deseable que se aclarara en algún momento-, la entrevista de Carrillo Prieto permite señalar al menos dos cuestiones puntuales: la deuda pendiente de México frente al derecho de la verdad y la preeminencia de la voluntad política en los procesos extraordinarios de justicia.

Respecto del derecho a la verdad, Carrillo Prieto ahonda en su entrevista sobre la reconstrucción de la masacre del 2 de octubre que surgió de los expedientes. Pero si hoy alguien quisiera corroborar ese relato en el Informe Histórico de la FEMOSPP, esa persona se encontraría con que dicho informe no se encuentra disponible en ningún sitio gubernamental de internet. Llegaremos a los 50 años del 2 de octubre sin un reporte público de carácter oficial sobre lo ocurrido. La virtual inexistencia de este informe muestra que en México el derecho a la verdad sigue siendo negado -como lo documentó Artículo XIX en una reciente publicación. Aunque fueron gobiernos panistas los que dejaron que la FEMOSPP naufragara, esa tendencia se ha profundizado en este sexenio priista, por ejemplo, con las crecientes restricciones para acceder a los documentos del Archivo General de la Nación (AGN) relativos a la llamada “Guerra Sucia”.

En cuanto al vínculo entre procesos extraordinarios de justicia y voluntad política, la entrevista del exfiscal es elocuente sobre la preeminencia de la segunda sobre la primera. Carrillo Prieto afirma, prácticamente, que el gobierno panista negoció con el PRI el fracaso de la FEMOSPP a cambio de su apoyo en el Congreso, lo que ya había sido señalado desde hace tiempo en diversos estudios académicos.

Aunque no hay novedad en esto, la declaración sí adquiere especial actualidad en la coyuntura electoral que enfrenta el país. Hoy, que campañas y candidatos prometen que enfrentarán con decisión los casos de violaciones a derechos humanos y corrupción que se ha acumulado durante la última década, el fracaso de la FEMOSPP nos recuerda el riesgo de que las medidas de justicia que se impulsen queden condicionadas a los cálculos políticos propios de la conformación de mayorías en las cámaras, riesgo que es aún mayúsculo en un país donde no tenemos una #Fiscaliaquesirva.

Las declaraciones de Carrillo Prieto y la triste memoria de la FEMOSPP nos advierten que, con nuestro fallido sistema de justicia, tan necesario es el rediseño institucional como lo es que el liderazgo político tenga un genuino compromiso con el impulso de investigaciones criminales complejas y con procesos de esclarecimiento histórico. No se trata de instar a que manipulen nuevamente las maltrechas fiscalías para detonar cacerías de brujas por consigna, pero sí de señalar que se deben generar proactivamente las condiciones para que la sanción de los responsables y el esclarecimiento histórico ocurran; para que, como decía Rosario Castellanos en sus versos sobre el 2 de octubre, la justicia “se siente entre nosotros”.

En ese sentido, la entrevista del exfiscal Carrillo Prieto es un recordatorio de nuestro fallido proceso de justicia transicional en el marco de la próxima conmemoración de los 50 años de la masacre del 2 de octubre de 1968, pero también es una interesante revelación sobre cómo operan los mecanismos de impunidad en México; por ello, sus dichos brindan algunas lecciones a los candidatos que hoy disputan la elección presidencial. Candidatos de los que, por cierto, aún no hemos escuchado propuesta serias, a la altura del reto que significan los complejos patrones de impunidad que enfrenta el país.

 

@CentroProdh

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