Tortura sexual contra mujeres detenidas

En México se ha establecido un patrón de tortura diferenciada en razón de género como base para acusar falsamente a mujeres de cometer delitos, principalmente en las distintas modalidades de delincuencia organizada, reporta el informe sobre tortura sexual en México Mujeres con la frente en Alto, del Centro Prodh.

Que se den cuenta de la mala labor que realizan en las detenciones ¿Por qué se ensañan? ¿Qué pasa con los aprehensores, por qué si no saben si la persona es culpable o inocente actúan de esta manera?  Me interesa que quede al descubierto lo que las autoridades tratan de ocultar.

Éstas son las palabras de S.M.E. –su nombre se omite por razones de seguridad-, una sinaloense sobreviviente de tortura sexual cuyo caso se incluye en el documento Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado, presentado por este centro de derechos humanos. El estudio documenta ampliamente 29 casos de mujeres que han sobrevivido a esta abominable práctica y que han sido injustamente privadas de la libertad con base en pruebas ilícitas derivadas de la tortura de la que fueron objeto.

Apoyado en los documentos oficiales y el seguimiento de cada caso, así como en sendas entrevistas a cada una de las sobrevivientes, el informe encuentra que –en el marco de la militarización de la seguridad pública- se ha establecido un patrón de tortura diferenciada en razón de género que es la base para acusar falsamente a mujeres de cometer delitos, principalmente en las distintas modalidades de delincuencia organizada.

La tortura sexual, como es abordada en el informe, abarca la violación o la amenaza de cometerla; abuso sexual; actos violentos en zonas sexualizadas del cuerpo; hostigamiento sexual y cualquier acto que impacte en la libertad o la seguridad sexuales de las mujeres. Estos actos con intencionales, causan un sufrimiento severo debido al entorno de sometimiento en el que se dan, varían de intensidad y tienen finalidades propias de su naturaleza como humillar, intimidar y/o castigar, entre otras.

Con minuciosidad, el informe aborda cómo las mujeres son detenidas ilegalmente, en su mayoría en una falsa flagrancia; retenidas injustificadamente hasta por tres días; torturadas sexualmente en instalaciones militares o de seguridad pública –ya sean clandestinas u oficiales- para que firmen declaraciones autoinculpatorias, acusen a otras personas, para amedrentarlas o para otros fines propios de la tortura; presentadas ante un Ministerio Público que omite certificar sus lesiones o que, incluso, participa en la presión; y sometidas a un proceso injusto sin que los jueces o juezas, por su iniciativa y en seguimiento de sus obligaciones, omitan las pruebas ilícitas y ordenen investigar los tormentos.

Como señalaron las y los presentadores del informe, los casos documentados lamentablemente no son eventos aislados, sino parte del modus operandi de un sistema de justicia carente de métodos de investigación efectivos –como se puede comprobar en infinidad de casos, incluido Ayotzinapa– dentro de un contexto de significativa violencia contra las mujeres. Basta con dar una mirada a cifras de otras organizaciones para comprobar esto: desde el hecho de que el 72% de recomendaciones emitidas por la CNDH por violación a la integridad personal en mujeres incluyeron actos de índole sexual, hasta los cien casos de mujeres presas documentados por Amnistía Internacional, en los que 72 de ellas afirmaron haber sufrido actos de violencia sexual en la detención o en las horas siguientes y 33 denunciaron haber sido violadas.

Estas deleznables prácticas –de las que ya había alertado en su momento el entonces Relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, en su visita a México- se dan bajo el paraguas de un sistema que las oculta y les garantiza impunidad, y que de esta manera nos aparta a todas y todos del Estado de derecho al que aspiramos.

En todo caso, ha sido de nueva cuenta el valor de las sobrevivientes el que ha permitido traer a la luz lo que sucede. Los testimonios que se han prestado para este informe nos recuerdan que estas prácticas tienen impactos permanentes sobre vidas concretas y sobre familias enteras que se ven rotas y estigmatizadas. No hay ninguna justificación que alcance para ello.

Para avanzar hacia la erradicación de la tortura sexual, el informe contiene una serie de recomendaciones dirigidas hacia los tres poderes que se pueden consultar en el documento completo y que van desde el cumplimiento de obligaciones de jueces y juezas en el sentido de excluir pruebas ilícitas y verificar los alegatos de tortura, hasta la realización de investigaciones bajo una fiscalía especializada en derechos humanos, pasando por el ordenar a las fuerzas de seguridad civiles y militares que se abstengan de realizar actos de tortura y de violencia de género.

No cabe duda de que la existencia de este patrón de tortura contra las mujeres y la impunidad que lo encubre y promueve son dos factores que refuerzan la importancia de debatir el modelo de seguridad que ha de adoptarse, habida cuenta de las dolorosas fallas que la militarización ha traído y que la falta de una fiscalía independiente fomenta por omisión.

Para dar mensajes contundentes sobre su postura en el tema, sería deseable que la administración entrante revise a fondo estos casos, reactivando las mesas de trabajo del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual y llevando a éste de manera oficiosa los casos de mujeres denunciantes de tortura sexual en el presente informe y en el Amnistía Internacional.

 

@CentroProdh

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