Corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México

Sin duda que el fenómeno sísmico ocasionó algunas muertes, pero muchas otras se debieron a la corrupción inmobiliaria. En temporada electoral, el establishment político rehúye el tema, por serle altamente radioactivo.

En días pasados, un grupo de abogados nos reunimos con los padres de los niños fallecidos en la escuela Enrique Rébsamen. Los relatos fueron estremecedores. Constatamos el trato recibido de las autoridades, caracterizado por la mentira y el oportunismo político, con la clara intención de encubrir la corrupción subyacente en la tragedia.

Los padres de los niños son listos e intuitivos. Varios de ellos expresaron su dolor, flagelado con el coraje resultado de la indolencia, simulación e insensibilidad de las autoridades. Aunque saben que la vida de sus hijos es irrecuperable, reclaman justicia. Piden el castigo de los responsables para que no se repitan sucesos similares. Quieren que las leyes estén al servicio de la ciudadanía, no en su contra. La contundencia de su argumentación nos dejó sin palabras.

La paradoja es que los magistrados encargados de impartir justicia en la Ciudad de México son objeto de serios cuestionamientos de corrupción. En días pasados, con documentos en mano, Denise Maerker evidenció en su noticiario nocturno que los mismos magistrados, en su beneficio personal, rentan al Tribunal Superior de Justicia (del que forman parte) edificios dañados desde el terremoto de 1985, en cantidades que al año rondan los 70 millones de pesos. Así de simple y descarado: dinero a sus bolsillos proveniente del tribunal para el cual trabajan.

FOTO: SAÚL LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM

Un claro conflicto de interés y un impúdico desvió de recursos públicos en provecho de los magistrados. ¿Será esta la razón por la que días después del 19s, el Tribunal Superior de Justicia se apresuró a reanudar sus labores? ¿La decisión de hacerlo fue imparcial y desinteresada? ¿Qué llevó a dicho tribunal a publicar un Acuerdo en el que se exhorta “a las partes contendientes, para que únicamente acudan ellos y en su caso las personas que vayan a intervenir en las audiencias de desahogo de pruebas correspondientes, evitando en la medida de lo posible la afluencia excesiva de personas al edificio denominado Clementina Gil de Lester”, ubicado en avenida Juárez No. 8 de la CDMX? ¿Acaso el Tribunal Superior de Justicia duda de la resistencia del inmueble? De ser así, ¿por qué el edificio continúa en funcionamiento?

La codicia es mala consejera, compra voluntades ajenas y adormece conciencias. ¿Qué es la vida de dos mil, tres mil o 10 mil personas frente a 70 millones de pesos al año? ¿Lo mismo que los 19 niños fallecidos en la escuela Rébsamen?

La corrupción en materia de desarrollo urbano en la CDMX es pública, notoria e histórica. Quienes aquí vivimos la testimoniamos y certificamos. El contubernio entre autoridades y constructoras es real e incontestable. La deshonestidad de los directores responsables de obra [DRO] es un problema sistémico. Así, por ejemplo, existen noticias de que uno de los peritos que dictaminó la apertura de dos inmuebles del Tribunal Superior de Justicia tiene su licencia suspendida. Las autoridades no las han desmentido ni han demostrado lo contrario.

Las acusaciones son graves, pues estamos hablando de centenares de inmuebles afectados en el 19s, con el mismo o similares problemas. Hoy no existen responsables penales por ese motivo. Sin duda que el fenómeno sísmico ocasionó algunas muertes, pero muchas otras se debieron a la corrupción inmobiliaria. En temporada electoral, el establishment político rehúye el tema, por serle altamente radioactivo.

Vivimos en zona sísmica. Es una verdad documentada por primera vez desde finales del siglo XV, décadas antes de la llegada de los españoles a América. El día de mañana, en un mes, en uno o 10 años -algún día-, sufriremos otro sismo como el 19 de septiembre de 1985 y 2017. ¿Qué pasará en ese momento con los edificios que alojan a los tribunales de la CDMX? ¿Qué sucederá con otros inmuebles en las mismas condiciones?

No se trata de inventar responsables ni generar alarmismo. Los hechos y las pruebas ahí están. La pregunta es si, ante eventuales tragedias, la impunidad continuará siendo la nota emblemática de la corrupción inmobiliaria.

 

@LuisPerezdeAcha

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