Asfixia del Sistema Nacional Anticorrupción

La falta de recursos humanos y materiales de los Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción repercute desfavorablemente en la efectividad del sistema y dificulta la obtención de resultados, que es una exigencia ciudadana ante los desfalcos de recursos públicos que se recrudecen en el país.

El 8 y 9 de junio, en Ciudad de México tuvo lugar la Reunión Nacional de los Comités de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). En ella se sometió a consulta la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción, elaborada con el apoyo de Mauricio Merino y su equipo de la Red por la Rendición de Cuentas.

El entusiasmo de los asistentes, su compromiso personal y las reflexiones externadas se vieron ensombrecidas por una realidad, que por momentos parece irresoluble: la falta de recursos humanos y materiales de los CPC. Situación que repercute desfavorablemente en la efectividad del sistema y dificulta la obtención de resultados, que es una exigencia ciudadana ante los desfalcos de recursos públicos que se recrudecen en el país.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2018 se destinaron 10 mil 400 millones de pesos, de los cuales 4 mil son para el Comité Coordinador del SNA y 172 millones para la Secretaría Ejecutiva. El resto se distribuyó entre otras dependencias públicas con programas anticorrupción. El problema es que ese dinero no fluye a los CPC. Esto deriva de una interpretación de la Ley General del SNA, en mi opinión rigorista, que impide que una partida del presupuesto se destine a los comités ciudadanos. Es paradójico, pero el Talón de Aquiles del sistema es la propia ley.

A la carencia de recursos humanos y materiales se suma el constante golpeteo y sabotajes de los gobiernos locales, que evidencian la consigna gubernamental de entorpecer las funciones de los CPC y debilitarnos para mermar su credibilidad. De ahí la necesidad de que se les aseguren recursos humanos y materiales, como garantía de su independencia y autonomía en el funcionamiento del SNA.

Un problema adicional es la falta de nombramientos de funcionarios: solo 14 estados los han completado, 14 tienen algunos pendientes -entre ellos las secretarías técnicas y los fiscales anticorrupción- y otros 4 no cuentan con ningún nombramiento. El gobierno federal ha marcado la pauta, al omitir designar a 18 magistrados anticorrupción y al fiscal anticorrupción. Dos amparos promovidos en contra de esa omisión están por llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los avances logrados en el SNA se deben, en buena parte, a las alianzas y apoyos recibidos de numerosas organizaciones de la sociedad civil, empresariales y educativas, que han facilitado nuestro trabajo. En referencia a dichos apoyos, Mariclaire Acosta, presidenta del SNA, ha señalado en distintos foros que: “en la pobreza, los CPC hemos encontrado la riqueza”.

En julio de 2017, el SNA inició funciones. Once meses después, buena parte de la agenda anticorrupción se ha concentrado en los CPC. En la reunión nacional de días pasados se constató que, a pesar de no contar con recursos, los integrantes de los comités nos esforzamos en construir las bases del sistema, en impulsar los nombramientos pendientes de funcionarios e institucionalizar los órganos del sistema. Son trabajos de “obra negra”, que se reflejarán en el mediano y largo plazo, y cumplir así con el mandato constitucional de que los CPC se consoliden como verdaderos contrapesos de las dependencias públicas encargadas de prevenir, investigar y sancionar la corrupción.

En la reunión del 8 y 9 de junio, en las mesas de trabajo y en las charlas informales se patentizó el sentir general de que, de no revertirse las condiciones actuales, los CPC enfrentaremos contingencias negativas serias. Como lo comentó una colega del Estado de México: “de seguir así, corremos el riesgo de morir por inanición”. Coincido con ella.

 

@LuisPerezdeAcha

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