Corrupción sísmica

La apuesta velada de los funcionarios y desarrolladores corruptos es que nunca volverá a temblar, dejando al azar y a la buena fortuna que los inmuebles construidos en forma ilegal no colapsen en el futuro. Pero más temprano que tarde sufriremos uno o más terremotos de graves consecuencias.

Cada año, la festividad de la Independencia de México se ensombrece con el recuerdo de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017. No obstante que las secuelas perduran, la corrupción inmobiliaria mantiene una cadencia galopante y los recursos públicos destinados a la reconstrucción se caracterizan por su opacidad y la falta rendición de cuentas.

Para quienes vivimos en zona de certeza sísmica, los terremotos son fenómenos inevitables. La corrupción en el sector inmobiliario es la que acrecienta los riesgos sobre nuestras vidas y propiedades. Los sobornos están a la orden del día. Los desarrolladores operan en un mercado negro dominado por permisos irregulares de construcción, que son avalados en inspecciones fraudulentas y posteriormente legalizados por el Poder Judicial.

Antes del terremoto de 1985, la regulación de las construcciones en Ciudad de México nada tenía de extraordinaria, pues no se habían presentado desastres significativos que evidenciaran la necesidad de una legislación que fortaleciera la seguridad antisísmica de los inmuebles. La catástrofe de ese año instó al gobierno a establecer planes y programas especiales de desarrollo urbano, ajustados y afinados con motivo del sismo de 2017. Sin embargo, la Constitución mexicana impide la aplicación retroactiva de esa regulación de las construcciones anteriores a septiembre de 1985, lo que ha ocasionado que un amplio catálogo de inmuebles quede liberado de cumplir con los estándares vigentes.

Para los expertos, la normatividad en Ciudad de México es de vanguardia. El problema es su aplicación, en gran medida impregnada de una notoria corrupción. En la investigación ¿Por qué se cayó mi edificio? de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, “el Reglamento de Construcciones, catalogado como uno de los mejores del mundo, se ignora tanto por las autoridades como por los constructores”.

En Ciudad de México, por ejemplo, es frecuente ubicar edificaciones que exceden la altura máxima permitida, que no consideran las características especiales del subsuelo y que no respetan la vocación habitacional de las áreas vecinales. Conforme al portal Obra Chueca, 54 % de las construcciones no cumple con la reglamentación aplicable, 42 % carecen de permisos y 14 % cuentan con documentación falsa. Los mecanismos de control y de sanción son ineficaces por completo. Ejemplo de ello es que los inspectores responsables de comprobar la legalidad de las construcciones se desentienden del problema a cambio de gratificaciones económicas.

En mi opinión, la corrupción más dañina en Ciudad de México se materializa a través de los directores responsables de obra (DRO), que desde 1985 son los profesionistas independientes -no funcionarios públicos- autorizados por el gobierno para verificar que las construcciones se ajustan a los requisitos exigidos por las leyes. Su actuación es clave, en la medida que garantizan la seguridad antisísmica de los inmuebles.

Los problemas en torno a los DRO son varios. Por una parte, sus nombramientos no están reservados a expertos inmobiliarios. En el citado reporte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se apunta que en el período de 2000 a 2017, al menos 27 de ellos “no tenían formación en ingeniería civil o arquitectura. Hay quienes son agrónomos, ingenieros mecánicos, geógrafos, abogados, administradores de empresas e, incluso, licenciados en entrenamiento deportivo”. El señalamiento es alarmante.

Otra deficiencia imputada a los DRO es que la supervisión técnica a su cargo no es real ni efectiva. Un número importante de certificados los expiden sin siquiera practicar verificaciones físicas de las construcciones a sabiendas de que estas son ilegales. Tampoco es extraño que los DRO inhabilitados o con patentes suspendidas o revocadas, certifiquen inmuebles. Esta fue la razón por la que en octubre de 2017, un grupo de ciudadanos presentamos ante la Procuraduría de Justicia de Ciudad de México, una denuncia penal por homicidio culposo en contra de los DRO que avalaron 48 inmuebles construidos en forma ilegal y que colapsaron con el sismo.

Una distinta faceta de la corrupción se manifiesta en los recursos públicos destinados al apoyo de los damnificados del terremoto de 2017. El portal Fuerza México, creado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para reportar de manera consolidada los fondos para la reconstrucción, carece de información detallada sobre el presupuesto total ejercido. Los pocos datos disponibles, corroborados por Fundar y Transparencia Mexicana, revelan que a nivel federal se activaron varios fondos federales, el más destacado el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) con una partida de 38163 millones de pesos. En el ámbito local, al Fondo de Reconstrucción de la Ciudad de México se asignaron 2584 millones en 2017 y 6855 millones en 2018.

Como abogado integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, concluyo que la corrupción ha subyugado los programas de reconstrucción. Así, por ejemplo, los recursos públicos no han sido aplicados con transparencia, en contra de lo exigido por la Constitución. La calidad de la información es deficiente y desactualizada. Además, la inexistencia de reglas claras y precisas sobre la aplicación de los fondos ha favorecido la discrecionalidad de las autoridades y la falta de rendición de cuentas.

Para la plataforma #Epicentro, conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil, “no es posible dar seguimiento físico y financiero a los recursos públicos para la reconstrucción debido a cómo se presenta la información publicada en el Portal Fuerza México de la Secretaría de Hacienda. Los datos publicados en las plataformas gubernamentales no son consistentes, no se vinculan o están incompletos, y esto impide una adecuada rendición de cuentas”. Cómo, cuándo y quiénes han recibido los apoyos son datos inaccesibles para los ciudadanos.

La apuesta velada de los funcionarios y desarrolladores corruptos es que nunca volverá a temblar, dejando al azar y a la buena fortuna que los inmuebles construidos en forma ilegal no colapsen en el futuro. Los desplazamientos de placas tectónicas en las costas del Pacífico sur del país ocasionan frecuentes movimientos telúricos, reportados por el Servicio Sismológico Nacional. Más temprano que tarde sufriremos uno o más terremotos de graves consecuencias.

Los retos son numerosos y los rezagos, significativos. Para afrontarlos, los pendientes a desahogar son la efectiva aplicación de la legislación en materia de construcciones, la regularización de los nombramientos y de la actuación de los directores responsables de obra (DRO), así como el combate frontal a la corrupción en la expedición de licencias y en las inspecciones de seguridad inmobiliaria. La transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos destinados a la reconstrucción son dos tareas adicionales. Existen otros más, pero los aquí listados son fundamentales.

Las lecciones de 1985 y 2017 no pueden quedar en el olvido. Este aniversario es un momento ideal para exigir el cumplimiento de compromisos del pasado, entre los que destaca el combate de la corrupción como condición necesaria para prevenir y aminorar los daños por eventos sísmicos. Lo que está en juego es la vida y la seguridad de los ciudadanos. Es inadmisible que los corruptos se enriquezcan a nuestra costa.

Los daños del sismo de 2017 no son solo proporcionales a su magnitud de 7.1, sino también a la magnitud de la corrupción inmobiliaria. En la medida que funcionarios, desarrolladores y ciudadanos asumamos que la seguridad de las construcciones es responsabilidad de todos, estaremos listos para afrontar cualquier evento telúrico.

 

@LuisPerezdeAcha

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