Austeridad: una promesa sin cumplir

En un contexto de recursos limitados, al aumentar recursos al gasto burocrático los gobiernos estatales distraen fondos de rubros que tienen un impacto directo en la población y/o que contribuyen a incrementar el patrimonio público.

Por: Diego Díaz (@Diego_DiazP)

En línea con el principio de austeridad, los gobiernos estatales plasman año con año en sus presupuestos de egresos sus intenciones de racionalizar el uso de los recursos públicos (particularmente el gasto administrativo o burocrático[1]) con el propósito de reorientarlos a programas o proyectos prioritarios. No obstante, a pesar de los discursos y de las buenas intenciones, en la práctica, los estados no necesariamente gastan como dicen que van a hacerlo.

Para conocer si los gobiernos estatales han sido congruentes con sus promesas de austeridad, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó las cuentas públicas estatales correspondientes a los ejercicios fiscales 2015 a 2017 y desarrolló la segunda edición del Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG), estudio que revela si las administraciones estatales han ajustado a la baja los recursos que anualmente asignan a rubros como sueldos y salarios, servicios básicos, publicidad oficial, viáticos, ceremonias oficiales, entre otras partidas de gasto administrativo. En pocas palabras, si la austeridad a nivel estatal es una promesa más o es una realidad.

Más allá de lo plasmado en sus presupuestos de egresos y planes de austeridad, el análisis de las variaciones entre los montos aprobados y ejercidos de los distintos conceptos que conforman el gasto administrativo nos dice que, en la mayoría de los gobiernos estatales, la austeridad es más un elemento discursivo que una realidad.

Los planes de austeridad estatales no se reflejan en una reducción en el gasto que las entidades destinan a servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales o, al menos, en su contención en términos reales entre 2015 y 2017. En total, 13 gobiernos locales ejercieron en estos rubros, durante 2017, montos considerablemente mayores a los observados apenas dos años antes. Destaca el caso de Baja California Sur, al presentar el mayor crecimiento de su gasto burocrático en el periodo analizado. Mientras que en 2015 el Gobierno de ese estado destinó mil 526 millones de pesos (mdp) para este concepto, dos años después, su gasto ascendió a 2 mil 191 mdp; es decir, aumentó 30% en términos reales.

Llaman también la atención las diferencias entre los montos autorizados y los finalmente ejercidos por todos los gobiernos para gasto burocrático al cierre de 2017. Aunque los gobiernos tenían presupuestado un gasto de 569 mil 627 mdp, ejercieron 631 mil 674 mdp (62 mil 047 mdp más de lo que los congresos locales autorizaron inicialmente). Si los gobiernos estatales hubieran gastado lo que dijeron que gastarían, solo en 2017 habrían ahorrado por concepto de gasto burocrático un monto equivalente a 2.3 veces el gasto total del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el mismo año. Jalisco, por ejemplo, ejerció para este concepto prácticamente el doble (91% más) de lo autorizado en el presupuesto de egresos del estado (presupuestó 21 mil 133 mdp en 2017 y terminó gastando 40 mil 418 mdp).

Desafortunadamente, las variaciones antes señaladas entre los montos aprobados y ejercidos no son un fenómeno que se acote a un año específico, sino que son recurrentes en, por lo menos, los últimos tres años (2015-2017). En lugar de reducir su gasto administrativo como lo plantean en sus respectivos presupuestos, los gobiernos estatales han gastado sistemáticamente más de lo aprobado. Muestra de ello es que aunque en 2015, 2016 y 2017 los poderes ejecutivos estatales presupuestaron para gasto administrativo cantidades relativamente parecidas, terminaron gastando 16%, 16% y 11% más de lo aprobado, respectivamente.

Como se puede notar a partir de las variaciones descritas, las buenas intenciones no van acompañadas de acciones que demuestren el compromiso de los gobiernos estatales con las medidas de austeridad propuestas por ellos mismos.

Además de evidenciar una mala planeación y/o ejecución de los recursos públicos, las variaciones observadas en el gasto burocrático dejan también a la vista las verdaderas prioridades de las administraciones estatales. En un contexto de recursos limitados, al decidir aumentar recursos al gasto burocrático, los gobiernos estatales distraen fondos de rubros que tienen un impacto directo en la población (ej. programas de combate a la pobreza, becas, entre otros) y/o que contribuyen a incrementar el patrimonio público (ej. inversión en infraestructura).

Para lograr ahorros sustanciales que fortalezcan las finanzas públicas estatales y permitan liberar recursos para programas o proyectos prioritarios, las administraciones públicas deben comprometerse realmente con los presupuestos aprobados y con las medidas de austeridad propuestas por ellos mismos. A fin de cuentas, las prioridades reales de los gobiernos estatales se evidencian a partir del seguimiento, o no, de sus compromisos iniciales de gasto.

 

* Diego Díaz es Investigador del @IMCOmx

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[1] El gasto administrativo o burocrático se define como la suma de los montos destinados a servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales.

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