¿Qué ha pasado con la Ley de Narcomenudeo?

El 20 de agosto de 2009 se aprobó la famosa “Ley de Narcomenudeo”. En 2012 se vencía el plazo para que los Estados realizaran las adecuación normativas e institucionales necesarias para implementarla. ¿De qué se trató la reforma y qué ha sucedido en los Estados y la Federación para implementarla?

NarcomenudeoComienzo, para quienes no conocen bien la reforma, por explicarla de forma muy simplificada. La Ley de Narcomenudeo estableció en la Ley General de Salud una “Tabla de Orientación de Dosis Máximas y Consumo Personal” en que se fijan cantidades máximas de posesión que pueden ser consideradas como dosis para consumo personal y que, en consecuencia, no son punibles con penas de prisión (lo que no quiere decir que poseerlas deje de ser delito) y en que los poseedores son remitidos con las autoridades sanitarias. Por encima de esas cantidades máximas, la posesión de sustancias ilícitas es considerada como narcomenudeo y queda en el ámbito de competencia de los Estados. Cuando la posesión de dichas sustancias es 1000 veces más lo establecido en la tabla, se considera narcotráfico y queda en el ámbito de competencia de la Federación. La tabla ha sido fuertemente criticada, pues las dosis máximas de consumo son absurdas. Por ejemplo, la dosis máxima de consumo de cocaína es medio gramo, mientras que en el mercado la cocaína se vende por gramo –de ahí el nombre de “grapa”. Por tanto, un consumidor que compra la dosis mínima de cocaína disponible en el mercado es, en ese momento, tenido por narcomenudista.)

El narcomenudeo, sin embargo, no es exclusivamente del ámbito local: se establecieron ciertas excepciones en que los delitos de narcomenudeo pasan a ser de competencia Federal –y por lo tanto perseguidos por la Procuraduría General de la República (PGR)-. Son tres supuestos en que esto sucede:  cuando la Federación empiece la investigación y no la remita las procuradurías estatales,  cuando se comenta el delito en modalidad de delincuencia organizada o – tremendo “o”-, simplemente cuando la PGR así lo decida.

La Ley de Narcomenudeo, además, dispuso que los Estados debían adecuar, en un plazo de un año a partir de la entrada en vigor, las leyes estatales y reglamentos necesarios para poner en operación la reforma y; en un plazo de tres años, emitir las directrices necesaria para que las instituciones involucradas (como las procuradurías locales y los centros de salud que ofrecen tratamientos) pudieran operarla. Aunque la reforma fijaba el tiempo y contenido de las adecuaciones, no estableció la forma en que los estados debían adecuar sus ordenamientos, dejando a criterio de cada estado el cómo específicamente ejercer su competencia –de ahí que ahora se discuta la posibilidad de regular el consumo de la mariguana-.

Dando seguimiento a la reforma (puedes consultar el texto completo aquí) encontramos que, al final del gobierno calderonista (al 3 de enero de 2013), casi una tercera parte de Estados seguían sin aprobar reformas en materia penal y que cerca del 60% de los Estados aun no lo habían hecho en materia de salud. En otras palabras, a pesar de la importancia que ha tenido el tema de drogas en el país, técnicamente vivimos en la incertidumbre jurídica, sin reglas claras y sin saber, bien a bien, quién es responsable de perseguir los delitos contra la salud no cómo se han de perseguir a nivel local.

Resulta desconcertante que en un periodo en que la Guerra contra las Drogas ha marcado de manera significativa la vida social, política y económica del país, exista tal incertidumbre legal en materia de drogas. Pero, además, al analizar cómo han legislado los estados que sí lo han hecho, podemos ver que pocos estados han pensando en implementar una política de drogas propia y se han limitado a reproducir, textualmente, las normas federales en los ordenamientos locales. Cabe preguntarnos para qué  hicimos concurrente la materia de drogas si las entidades no iban a adecuar las políticas públicas en la materia a sus necesidades específicas. A casi cuatro años de la aprobación de la reforma los estados se han limitado a fungir como meros ejecutores de la política Federal y eso, en muchos casos, de dientes para afuera, pues los cambios legislativos no siempre se traducen en hechos.

Es preocupante que los estados, sin más, asuman parte en la persecución, procesamiento y sanción de los delitos de narcomenudeo, pero no en la planeación de la política de drogas. Podemos preveer que, al hacer de competencia local los delitos de narcomenudeo, la Ley de Narcomenudeo cambiará el tipo y volumen de casos que llevan las procuradurías locales. En este sentido, la reforma afectará el trabajo y la capacidad de las procuradurías locales, de los juzgados locales y de las autoridades de salud locales. Por esta razón resulta también preocupante que los Estados no estén regulando, de forma más activa, cómo sus procuradurías y tribunales harán frente esta nueva carga de trabajo, ni cómo sus centros de salud enfrentarán el reto.

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