Drogas: el consumo no es delito (y se castiga como tal)

A pesar de que el consumo de sustancias no es considerado un delito en México, la principal respuesta del Estado mexicano ante el consumo de sustancias de uso ilícito continua sido la criminalización y marginación de los consumidores de drogas ilícitas.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones, cerca de 1,200,000 personas habían consumido alguna sustancia de uso ilícito en los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta en 2011. Aunque existen varias ramas del derecho e instituciones (administrativo, de salud y penal) que regulan las sustancias de uso ilícito en México, el derecho penal sigue siendo la rama que marca la relación entre consumidores y Estado. Para muchos de los usuarios de estupefacientes controlados, el consumo implica entrar en contacto directo con las instituciones penales, con todos los costos que eso implica. Para muchos otros ha implicado moverse en la clandestinidad y la ilicitud, con los riesgos que ello conlleva.

Tanto a nivel nacional como internacional existe cierto consenso respecto a que el consumo no debe ser un asunto de índole penal, sino de salud. En la mayoría de los casos, el consumo no produce efectos negativos relevantes ni para el individuo que consume ni para la sociedad. A la vez, parece que los efectos más nocivos a la salud de los consumidores de sustancias controladas provienen del actual régimen prohibitivo que, al criminalizar a consumidores, los expone a situaciones de mayor riesgo (participar del mercado ilícito, consumir sustancias cuya procedencia y calidad no ha sido verificada o estar en contacto con el sistema penal y –presumiblemente- con el sistema penitenciario en donde la prevalencia de enfermedades contagiosas graves como el VIH/SIDA, Hepatitis, tuberculosis, sarna es mucho mayor que en la población en general) (Comisión Global de Política de Drogas, 2011). Además, la criminalización de consumidores ha contribuido a sobrecargar los sistemas penales, a aumentar la población carcelaria, a perjudicar la salud de los usuarios de drogas y a negar el ejercicio de sus derechos fundamentales (TNI & WOLA, 2010).

A pesar de ello, y a pesar que el consumo de sustancias de uso ilícito no está tipificado como un delito en México, la principal respuesta del Estado mexicano ante el consumo ha sido a través del sistema penal. Además, las cantidades máximas que la ley permite portar a los consumidores son tan pequeñas que están por debajo de la unidad usual de venta en el mercado negro, por lo que es fácil que un consumidor sea perseguido como si se tratara de un narcomenudista. Es decir, el régimen legal que, en teoría, buscaba crear un espacio de tolerancia para el consumo y distinguir con nitidez entre consumidor y narcomenudista, se aleja tanto de la realidad, que tiene como resultado marginación, y frecuentemente la criminalización, de los consumidores. El último estudio México del CEDD, que es presentado este martes 12 de noviembre en el CIDE Región Centro, muestra que entre 2009 (cuando fue aprobada la Ley de Narcomenudeo) y mayo de 2013,  fueron detenidas en el fuero federal 140,860 personas por consumo de drogas, a pesar de que el consumo no es delito.  (El evento se podrá seguir en vivo acá).

 

Personas detenidas por consumo de drogas

2009 2010 2011 2012 Mayo 2013 Total
46,951 38,000 30,361 21,162 4,386 140,860

Fuente: Información pública otorgada por la Procuraduría General de la República, con número de folio 0001700136313.

 

Los datos reflejan que ha habido un constante descenso en el número de detenciones a nivel federal de personas por consumo. Sin embargo, es notorio que, a pesar de la aprobación de la Ley de Narcomenudeo –que hizo de la posesión y del menudeo delitos del fuero común- aún hay un importante número de detenciones por consumo. Durante el periodo en cuestión, además, fueron iniciadas 53,769 averiguaciones previas por consumo en el sistema federal y fueron también emitidos casi 90,000 No ejercicios de la Acción Penal. Aunque este último número se trata de personas que no fueron sancionadas penalmente, son personas que quedaron bajo la custodia o supervisión de una institución penal durante un periodo de tiempo.

La criminalización del consumo en México se puede explicar, en parte, por la negativa a distinguir distintos tipos de consumo y por la presunción de que todo consumo siempre es riesgoso y problemático -por lo que los márgenes de tolerancia son tan estrechos que en vez de abrir un espacio de tolerancia para el consumo, encierra a consumidores y proveedores en una misma categoría-. Por otra parte, es probable que la criminalización del consumo sea también resultado de la desinformación bajo la que operan las autoridades. Como he mencionado en este espacio, la Ley de Narcomenudeo no se ha implementado a nivel nacional. Quizás por ello las autoridades federales detienen y/o procesan a quienes ellas mismas califican de consumidores, siendo que el consumo no es delito, y además, persiguen los delitos de posesión y narcomenudeo aún cuando, conforme a la legislación actual, deberían de ser las autoridades estatales las encargadas de perseguirlos. Sean cuales sean las causas, el resultado es preocupante pues significa incertidumbre jurídica para los consumidores y el menoscabo de sus derechos fundamentales.

CEDD - Usuarios de drogas y las respuestas estatales

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