El nuevo Código de Procedimientos Penales y los Tribunales de Tratamiento de Adicciones

El nuevo Código de Procedimientos Penales posibilita la creación de los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones (TTAs) a nivel nacional. ¿Cómo funcionan estos los tribunales? ¿Qué tipos de casos van a resolver? ¿Cuánto va a costar la implementación de este sistema? ¿A quién va a beneficiar? ¿Qué peligros conllevan? Aquí unas respuestas iniciales a estas preguntas.

Este lunes 17 salió publicado en el Blog Drogas en Movimiento: nuevas perspectivas mi texto: Tribunales de Tratamiento de Adicciones: un placebo para un sistema muy enfermo. Acá una versión larga del mismo.

El pasado miércoles 5 de febrero la Cámara de Diputados aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales. El hecho se celebró en medios como un avance claro hacia el modelo de justicia penal adversarial que la reforma de 2008 prometió. El nuevo código será obligatorio para todos los procedimientos penales que tengan lugar en el país ya sea en materia federal o local.

Sin duda, la nueva ley contiene elementos positivos que podemos celebrar –como permitir que cualquier persona pueda presenciar las audiencias que se llevan a cabo-. Pero también se colaron disposiciones que preocupan -como la suspensión condicional del proceso- que posibilita la creación de los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones (TTAs) a nivel nacional. ¿Cómo funciona la suspensión y los tribunales? ¿Qué tipos de casos van a resolver? ¿Cuánto va a costar la implementación de este sistema? ¿A quién va a beneficiar? ¿Qué peligros conlleva? Comparto aquí unas respuestas iniciales a estas preguntas.

Los TTAs existen hoy en Nuevo León como un programa piloto que ha tenido resultados inciertos. Según la página del Poder Judicial del Estado, para diciembre de 2013 se habían evaluado 180 casos en los tres tribunales existentes (acá más cifras sobre los tribunales). Del programa han “egresado” 61 personas, han sido expulsados 57 y 28 casos están aún vigentes. De los casos vigentes, el 86% son por alcohol y el 7% por cannabis. No sabemos cuánto ha costado el programa ni se han hecho públicos las formas de tratamientos a los que son sometidos los “voluntarios” del programa. La principal causa de expulsión fue la negación de tratamiento:

Fuente: Poder Judicial del Estado de Nuevo León  Nota: es incierto qué significa el “criterio especial”.
Fuente: Poder Judicial del Estado de Nuevo León          Nota: es incierto qué significa el “criterio especial”.

Los TTAs no existen como tribunales diferentes a los tribunales penales de primera instancia, ni tiene una legislación propia. Se trata más bien de un mecanismo alterno de solución al proceso penal ordinario. A través de este mecanismo se suspende o interrumpe el proceso por decisión del juez, siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones dictadas por el juez durante un plazo no menor a 6 meses y no mayor a 3 años. Estas condiciones van desde prestar servicio social hasta someterse a tratamiento de adicciones. En el caso de los tratamientos de adicciones, aunque se dice que el tratamiento es voluntario, es en realidad forzoso pues se plantea en la forma de “tratamiento o cárcel” (que lleva por cierto implícito el ya tortuoso proceso penal ordinario mexicano). Una vez cumplido el plazo fijado por el juez y las condiciones, se extingue la causa penal y no puede volverse a imputar responsabilidad penal por el mismo delito. Pero –y aquí una de las principales críticas a este mecanismo-, si no se cumplen con las condiciones, la suspensión se revoca, el proceso continúa su curso normal como si la suspensión nunca hubiera sucedido, conduciendo –probablemente- a la imposición de una pena de prisión.

Los TTAs en Nuevo León funcionan para personas imputadas por delitos no graves y con problemas de consumo de sustancias –lícitas o ilícitas-. En el nuevo código la suspensión procede para personas acusadas de delitos no graves -si la media aritmética de la pena de prisión no es mayor a cinco años-. Como se mencionó, el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales posibilita su uso para el tratamiento de casos problemáticos de consumo. Pero falta aún ver si a nivel nacional se usará la suspensión como en Nuevo León, exclusivamente como forma de tratar casos de consumo problemático o si se usará para darle una salida alternativa (a la cárcel) a ciertos delitos no graves.

¿Cuáles son las ventajas de este mecanismo? Al suspender el procedimiento de casos no graves, los TTAs prometen reducir el número de procesos superfluos que terminan con la imposición de penas de prisión. Además sirven supuestamente para aligerar la carga de las institucionales penales. Sin embargo, no reducen en nada la carga del ministerio público –que tendrá que seguir procesando estos casos-. Tampoco reducen significativamente el trabajo de los jueces penales –que conocerán y procesaran éstos para decidir si procede o no la suspensión-. Si bien en Nuevo León el programa ha servido para que algunas personas eviten ser enviadas prisión –un logro no menor dados los enormes costos personales, presupuestales y sociales que implica el uso de sanciones de prisión-, también ha significado un costo adicional al Estado por el elevado número de personas expulsadas que han tenido que vuelven al sistema penal, llevando un doble proceso, por decirlo de alguna forma. Es por esto que los tratamientos forzosos no son la mejor forma de evitar que asuntos “no-graves” sobrecarguen el sistema y personas no peligrosas pueblen las prisiones.

El artículo 14 del nuevo código establece el principio de prohibición al doble enjuiciamiento, que prohíbe que una persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído sea sometida a otro proceso penal por los mismos hechos. Sin embargo, la suspensión del proceso parecesometer a doble proceso a los “participantes”.  Esto es porque si una persona fracasa en el tratamiento (que de forma seria puede ser pensado como una sanción), es sometido –nuevamente- al proceso penal y es impuesta otra sanción (pasar ciertos años en prisión después de haber pasado cierto tiempo en tratamiento y bajo otras restricciones personales que dicte el juez). De esta forma, personas que ya fueron condenadas a cumplir con una pena (el tratamiento) son condenadas a una nueva sanción (pasar tiempo la cárcel).

En Estados Unidos, donde han sido implementados diferentes modelos de cortes de drogas (drug courts) y que inspira nuestro modelo de tribunales, éstos han sido duramente criticados por criminalizar a consumidores de sustancias ilícitas. El modelo instrumenta una política criminalizadora en contra de personas –usuarios problemáticos- que de antemano acepta no pertenecen en la cárcel. Lo hace además de una forma onerosa para el estado y con la amenaza de cárcel como incentivo para el tratamiento –te curas o te castigo-. Este proceso no sólo castiga el delito que se cometió, sino que sanciona el consumo mismo (aunque esto no sea un delito) y lo intenta “curar” por la vía penal.

Si el objeto del gobierno es sacar del sistema penal –y de la cárcel- a personas que considera pertenecen en el sistema de salud, tenemos que preguntar por qué no se hizo eso por ejemplo reclasificando conductas para que no sean delitos sino faltas administrativas. ¿Por qué se optó por un modelo costoso, que criminaliza a los usuarios y que finalmente termina -en una importante proporción- sancionado con cárcel a usuarios de substancias que requieren servicios de salud? ¿Qué pasó con las promesas de explorar otras formas no punitivas para tratar los problemas de consumo problemático? ¿Dónde quedó el fin de la guerra contra las drogas y el uso racional de los recursos en materia de seguridad?

 

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