Una vez más Ayotzinapa

La única razón que se me ocurre para que un Estado de la espalda a su ciudadanía, y opte por la complicidad con eventos de naturaleza evidentemente criminal, es que el esclarecimiento de los hechos amenace con afectar mucho más que a los directamente involucrados: que haga evidentes redes, mecanismos y actores que, más allá de Ayotzinapa, revelen nexos entre la legalidad y la ilegalidad que todos suponemos pero que nadie ha probado.

El segundo informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, avanza hacia un terreno que, al tiempo que prefigura nuevas certezas, va también generando incertidumbre. El señalamiento hecho por Carlos Beristain, miembro del grupo, en torno a la fragmentación de la investigación, los testimonios que han recibido sobre la tortura sufrida por algunas de las personas detenidas, y el que hasta ahora siga pendiente la recomendación para clasificar el caso Ayotzinapa como desaparición forzada, dejan ver que, no obstante la disposición que el propio Grupo de Expertos reconoce en las autoridades para la realización de su trabajo, el Gobierno Federal no sólo no ha avanzado en el esclarecimiento del caso, sino que por el contrario, ha actuado a favor de que la investigación se complique y la verdad no se conozca.

En ese contexto habría que entender la prisa del ex procurador Jesús Murillo Karam para adelantar lo que a la postre ha sido su verdad histórica, una versión construida ex profeso y sin fundamento para concluir lo antes posible la investigación del caso. También así habría que leer la reticencia para abrir los cuarteles al escrutinio público, así como la negativa del Secretario de Gobernación para que las y los miembros del Grupo de Expertos se entrevisten con los elementos del ejército comisionados en Iguala, quienes en este momento resultan actores fundamentales para la reconstrucción de los hechos.

De las declaraciones del propio secretario Miguel Ángel Osorio Chong se deja ver que la intención detrás de la invitación al grupo de expertos de la CIDH es la de, y cito textual, darle tranquilidad a los padres de familia, a todos los mexicanos de que el procedimiento hecho por la PGR fue correcto, fue transparente y se ha venido informando de manera oportuna a todos los medios de comunicación y a los mexicanos. Pero en la medida en la que la evidencia que ha recabado el Grupo de Expertos muestra más dudas que certezas, la pregunta es hasta donde el Gobierno Mexicano aceptará un resultado que contradiga su versión, y luego de eso, cuál será su reacción.

Esta posibilidad resulta preocupante a la luz de un contexto en el que la indignación que la desaparición de los jóvenes suscitó en los días posteriores al hecho ha dado paso, paulatinamente, a un ambiente de desmovilización real y psicológica de los múltiples sectores que en principio se pronunciaron por el esclarecimiento de este lamentable suceso. A siete meses de aquel 26 de septiembre en Iguala, los llamados a voltear la página, a superar los hechos, aderezados por un constante rumor que parecería intentar justificar el destino de los jóvenes normalistas dada su supuesta actividad guerrillera, son muestra de una suerte de paso sin ver, que por la razón que sea, está dejando solas a las víctimas y que amenaza con dejar solo también al Grupo de Expertos.

La única razón que se me ocurre para que un Estado de la espalda a su ciudadanía, y opte por la complicidad con eventos de naturaleza evidentemente criminal, es que el esclarecimiento de los hechos amenace con afectar mucho más que a los directamente involucrados: que haga evidentes redes, mecanismos y actores que, más allá de Ayotzinapa, revelen nexos entre la legalidad y la ilegalidad que todos suponemos pero que nadie ha probado.

En septiembre próximo, cuando se cumpla un año de los hechos, el Grupo de Expertos hará público su informe final y va a ser necesario que estemos junto a ellas y ellos: sociedad civil, academia, medios de comunicación —y ojalá también estén ahí quienes quieren dar la vuelta a la página— porque hoy más que nunca debemos hacerle saber al Estado Mexicano que no aceptaremos que vuelva a descalificar —como lo ha hecho antes con el Equipo Argentino de Antropología Forense y con el relator de la Organización de las Naciones Unidas sobre tortura, el señor Juan Méndez— a quienes, producto de una labor rigurosa, honesta y comprometida con las victimas, desvanecen la cómoda y conveniente verdad oficial.

 

@LGlzPlacencia

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