Corrupción y derechos humanos

Las explicaciones de las personas expertas en el comportamiento de las estructuras frente a los sismos apuntan una conclusión lacerante: las pérdidas humanas y materiales derivadas del 19S se deben más a la corrupción que al infortunio.

A la búsqueda de víctimas de los pasados sismos de septiembre ha sobrevenido ahora, junto a los esfuerzos de reconstrucción, una importante fase que está relacionada con la búsqueda, persecución, detención y eventual condena de las personas responsables de los derrumbes de edificios mal construidos en la ciudad de México.

El tema no es menor porque la cantidad de inmuebles dañados, entre los que colapsaron y los que habrá que demoler, representan familias sin hogar, profesionistas sin oficinas o consultorios y, sobre todo, ausencias, las de todas y todos quienes perdieron la vida en estos lamentables sucesos.

Sin que haya todavía datos oficiales sobre las responsabilidades que hay que atribuir, las explicaciones de las personas expertas en el comportamiento de las estructuras frente a los sismos apuntan una conclusión lacerante: las pérdidas humanas y materiales derivadas del 19S se deben más a la corrupción que al infortunio.

No es ningún secreto que la relación entre las demarcaciones políticas, que son las encargadas de autorizar las construcciones en la ciudad y las empresas constructoras está fuertemente viciada. En esta CDMX si quieres construir, te tienes que mochar. Y desde luego, el costo de esas mordidas es trasladado, o bien a economías en los materiales de construcción, o bien al precio final de los inmuebles. Desde luego, no son los empresarios quienes asumen este gasto, y no tienen por qué; pero el problema es que, a mediano o largo plazo, son los compradores finales quienes terminan asumiendo esos costos, pagándolos, en el mejor de los casos con su patrimonio y en el peor, incluso con sus vidas.

Es en este punto donde el asunto de la corrupción se torna un tema de derechos humanos, porque los costos de la corrupción, en este particular en la industria inmobiliaria, repercuten directa o indirectamente en los derechos a propiedad, la vida, la integridad personal, el trabajo, la salud, a un ambiente sano, entre otros.

En términos simples, la corrupción es un mecanismo ilegal para la privatización de lo que es público: no importa si hablamos de dinero, como es el caso evidente de las mordidas, o si hablamos de interés público, fuerza pública o espacio público. Y el sentido del Estado es, en una democracia constitucional centrada en los derechos humanos, cuidar lo público. Las y los ciudadanos tenemos derecho a que lo público permanezca público y a que sea administrado de forma profesional, transparente y sometida a una estricta rendición de cuentas. De eso se trata el gobierno democrático.

Recientemente, la nueva constitución de la Ciudad de México incorporó un derecho que, como efecto del constitucionalismo multinivel que caracteriza nuestro régimen constitucional desde junio de 2011, forma parte del régimen constitucional de derechos en todo el país: el derecho a la buena administración, que no es otra cosa que eso que recién he descrito: el derecho a un gobierno profesional, transparente y sujeto a rendición de cuentas.

Por ello, la discusión política que hay que hacer alrededor de las responsabilidades del Estado frente a la tragedia no es cuánto dinero le quitamos a los partidos —cuidémonos aquí también de la privatización de las campañas— sino cómo exigimos cuentas por el incumplimiento de las obligaciones y deberes constitucionales de las autoridades en sus distintos niveles. Se me ocurren algunas preguntas: ¿Quiénes son los responsables de no hacer público el mapa de riesgos de la ciudad? ¿Quiénes son los responsables de que ese mismo mapa no haya sido tomado en cuenta a la hora de construir sobre las zonas de mayor riesgo o de que no se haya construido con estándares más rigurosos? ¿Quiénes son los responsables del otorgamiento de licencias ilegales? ¿De la autorización de DRO sin las calificaciones requeridas legalmente? ¿De la ejecución de trabajos deficientes? ¿De la ausencia de supervisiones rigurosa? Y frente a estas preguntas, la más importante de todas: ¿qué papel ha jugado la corrupción en todo ello?

Las respuestas a estas preguntas permitirán saber si el Estado cumplió con su obligación de proteger los derechos humanos, en relación con su deber de prevenir sus violaciones. Luego de ello, habrá que exigir que cumpla con sus deberes de investigar y sancionar a las personas responsables y de reparar los daños causados. La agenda en la materia es amplia y constituye una tarea que los organismos públicos de defensa y protección de los derechos humanos, tanto Nacional como en los estados afectados, tendrían que estar emprendiendo.

Es en situaciones como éstas cuando la ciudadanía debe darse cuenta del valor que tienen para su vida cotidiana los derechos humanos. Es en estos casos donde queda claro que, aunque estos derechos pueden ser violados también por el mercado, ello puede deberse a omisiones o interferencias ilegales del propio Estado. Por tanto, el Estado no puede hacerse a un lado en las responsabilidades que le tocan de cara a esta relación directa entre corrupción y violación de derechos, y la ciudadanía no puede tampoco dejar de exigirle que las asuma.

 

@LGlzPlacencia

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