La desaparición forzada de Marco Antonio

No haber salido de inmediato a condenar el hecho y a asumir la responsabilidad institucional por el comportamiento de sus agentes, traslada a la Secretaría de Seguridad Pública la violación a los derechos humanos. Dicho de otro modo, el gobierno de CDMX decidió ser cómplice en lugar de ponerse del lado de la víctima.

La desaparición forzada de personas es, al mismo tiempo, una violación grave de derechos humanos y un delito. Sin embargo, las responsabilidades en cada uno de los casos son distintas. La primera la determina una institución Ombudsman —como es el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal—, mientras que el segundo lo determina un juez. Otra diferencia importante radica en que, mientras la desaparición forzada como violación a derechos humanos implica una responsabilidad objetiva, lo que significa que es imputable a una institución del Estado, como delito supone una responsabilidad subjetiva imputable a perpetradores individuales. Otra diferencia radica en que, en el primer caso, el estándar de prueba es mucho menor que en el segundo, pues la carga de la prueba la tiene la autoridad y no la víctima. Finalmente, de probarse, como delito implica una pena privativa de libertad para los perpetradores, pero como violación a derechos humanos implica un costo político para el Estado, representado en este caso por el jefe de Gobierno de Ciudad de México.

Naturalmente, ello implica que, aunque lo ideal es que coincidan, el costo político por la responsabilidad objetiva en razón de una violación grave a los derechos humanos es independiente de la pena a la que pueda hacerse acreedor quien es encontrado responsable por la comisión de un delito.

Lo anterior me parece importante porque el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se ha apresurado a decir que los acontecimientos que produjeron importantes afectaciones que mantienen aún a Marco Antonio en el hospital no constituyen desaparición forzada. Es obvio —dijo, palabras más, palabras menos— que no se configura ese delito. Sin embargo, dejando de lado que es un juez quien tiene que determinar si se cometió o no el delito, como violación a derechos humanos el asunto no es tan obvio.

Veamos, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, se entenderá por tal

… el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

He colocado en negritas los elementos más importantes que habría que considerar en el caso de Marco Antonio y que, por otra parte, y con motivo del caso Radilla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado en su jurisprudencia para determinar que un caso corresponde a la desaparición forzada. Resumiendo: (…) la detención (…) obra de agentes del Estado (…) seguida del ocultamiento de la suerte (…) de la persona (…) sustrayéndola a la protección de la ley.

Dos de estos elementos son indubitables, pues la detención materialmente existió y fue obra de policías que agentes del Estado. Cabe decir que no importa si sólo duró cinco minutos, sino que constituyó una detención basada en una supuesta denuncia de robo a cargo de una víctima que, por cierto, nunca apareció, lo que permite presumir además que no hubo flagrancia y que tal detención fue arbitraria.

Los otros dos elementos requieren un mayor análisis, pero en mi opinión son también argumentables. Se trata de probar que el ocultamiento de la suerte del adolescente Sánchez Flores le sustrajo de la protección de la ley. Me explico: Marco Antonio es menor de edad, lo que supone que el Estado tiene una obligación reforzada para con él. Los agentes de la policía, sólo por su aspecto —que sin duda es el de un muchacho— debieron presumir aún sin saberlo de cierto que se trataba de un adolescente, de lo que se siguen varias cuestiones importantes.

La primera es que, no habiendo víctima presente, la detención nunca debió ocurrir; desde luego porque es altamente probable que no haya habido flagrancia, pero especialmente porque al tratarse de un adolescente el Estado tiene la obligación constitucional de no privarlo de la libertad sin que haya una razón que así lo justifique y, si no había víctima, entonces tampoco había razón para la detención. Lo segundo es que, en el momento en el que ocurrió la detención, los agentes asumieron un deber de custodia, aún sí de facto, sobre Marco Antonio, y con ello una responsabilidad sobre su integridad personal.

Suponiendo sin conceder que los agentes consideraron que el robo si ocurrió, debieron sin demora ponerlo a disposición de un fiscal especializado en justicia para adolescentes para que fuera éste quien decidiera su situación jurídica y para trasladar a esa autoridad su custodia. Lo anterior es importante porque, como es sabido, el robo es un delito que se persigue de oficio, lo que significa que no era necesario ir a buscar a la víctima para ratificar el robo, que es la razón por la que dicen los agentes subieron a Marco Antonio a la patrulla. Nuevamente, suponiendo sin conceder que los agentes decidieron aplicar una suerte de principio de oportunidad desde la detención y, en consecuencia, liberar al joven dado que no había víctima, debieron al menos dejarlo en el sitio donde lo detuvieron, levantar un parte oficial del incidente y avisar de inmediato a sus padres o alguien de su confianza de todo lo ocurrido para entregarles la custodia y para dar un cierre formal al acto de la detención.

Este punto me parece sumamente importante, justo en razón de la minoría de edad de Marco Antonio, pues dejarlo en la calle en un sitio distinto al de la detención lo puso de inmediato en riesgo: lo desprotegió; más aún sí, como lo evidencian algunos testimonios, fue golpeado con los cascos de los propios agentes. Además del maltrato, en mi opinión, esta omisión es evidencia del ocultamiento de la suerte de la persona y constituye de facto una sustracción de la protección de la ley —que son los dos elementos faltantes que exige la convención para hablar de desaparición forzada—, ya sea porque los propios agentes renunciaron ilegalmente a la custodia que de facto tenían sobre el joven, o porque le negaron la posibilidad de que otra autoridad, el fiscal, es decir, lo protegiera. En consecuencia, es posible argumentar que todos los días que Marco Antonio estuvo desaparecido son responsabilidad de los agentes que tenían de facto su custodia, aún si ellos no sabían de su paradero. Lo mismo aplica para los daños que pudo sufrir durante esos días, pues también eran responsables de su integridad personal. En otras palabras, fueron los agentes de la policía quienes provocaron la desaparición y, por su calidad de garantes sobre Marco Antonio, ello equivale a haberlo perdido mientras estaba bajo su custodia.

A mayor abundamiento, en el momento en el que la Secretaría de Seguridad Pública de CDMX conoció del hecho, es decir, la noche del mismo 23 de enero, adquirió responsabilidad institucional sobre una posible desaparición forzada y, con ello, la de cuestionar a sus agentes para conocer los detalles del hecho. Aunque no sabemos claramente cuándo obtuvo el testimonio, no hay razones que justifiquen que ello no haya ocurrido esa misma noche o a la mañana siguiente. Sin embargo, no fue sino hasta el domingo 28 cuando la autoridad dio a conocer la información que tenía sobre el caso. No haber salido de inmediato a condenar el hecho y a asumir la responsabilidad institucional por el comportamiento de sus agentes, traslada a la institución la violación a los derechos humanos. Dicho de otro modo, el gobierno de la CDMX decidió ser cómplice en lugar de ponerse del lado de la víctima.

Hay también testimonios que afirman que ahí, en el Sector Hormiga, estas detenciones son comunes y forman parte de una práctica continua de extorsión hacia los jóvenes perpetrada por policías, lo que refuerza la idea de considerar que este no sea un caso aislado. Este es un tema que se debe investigar para situar esta lamentable experiencia de Marco Antonio en un contexto más amplio.

Creo que es muy importante enviar un mensaje fuerte a la policía de la ciudad que resuene también en el Palacio del Ayuntamiento. No es posible que la más alta autoridad de la ciudad actúe como si todo lo ocurrido al joven hubiese sido ajeno a la voluntad de los agentes de su gobierno. Por ello, el caso amerita elevar el costo político al jefe de Gobierno. Un hecho como éste es muy grave y no debemos permitir que se minimice. Además de una probable tortura y de una detención arbitraria, no creo que sea tan obvio descartar una desaparición forzada del adolescente Marco Antonio Sánchez Flores; al menos no, desde una perspectiva comprometida con el respeto a los derechos humanos.

 

@LGlzPlacencia

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Comentarios

  1. Guadalupe Guerrero O.

    Creo que no llegó a eliminarsele o d esparecersele debido a la accion de la denuncia de la manifestación en la CDMEX les creó una fuerte presión y por eso lo soltaron. El pueblo realmente impidió manifestandose como lo hizo. No había porqué levantarlo asi por ningun motivo ni siquiera había una orden de arresto.