Justicia a la mexicana

La historia de nuestro sistema de justicia penal es la historia de la injusticia institucionalizada, legaloide, que ha tenido el propósito de encerrar personas, con independencia absoluta de si fueron o no culpables de lo que se les acusó.

En todos los lugares donde tengo la oportunidad de dar cursos sobre el sistema de justicia penal inicio con la misma pregunta: Florence Cassez ¿es culpable o inocente? Sin que haga diferencia estar frente a abogados penalistas, incluso algunos que quieren hacer carrera judicial, la respuesta es siempre un enfático ¡culpable!, por supuesto. Y ante mi cada vez menor sorpresa, al preguntar el porqué de su convicción, todos afirman algo así como “…es culpable, pero salió por errores en el procedimiento”.

El contenido de estas respuestas deja ver mucho más que una severa ignorancia en torno al fin del sistema de justicia penal. Transluce una actitud, una mentalidad que está fuertemente instalada en el imaginario social de nuestro país y que ninguna reforma legal, por ambiciosa que sea, podrá cambiar por si sola.

La historia de Florence Cassez no es ninguna excepción. Es la historia del know how en el sistema de justicia penal. La historia de la injusticia institucionalizada, legaloide, que ha tenido el propósito de encerrar personas, con independencia absoluta de si fueron o no culpables de lo que se les acusó. Más de un siglo deteniendo arbitrariamente “clientes” del aparato policial, torturándolos, haciéndoles confesar, para luego entregarlos a un agente del Ministerio Público que no se toma la molestia de investigar, que da por sentado lo declarado por alguien quien, a partir de ese momento, es tratado como si fuera culpable sin —o con muy pocas— posibilidades de probar nunca más su inocencia. Más de un siglo “juzgando” —mediante concesiones al Ministerio Público— y sentenciando sin más, condenatoriamente, en un entorno en el que no era raro escuchar decir a jueces y magistrados que un buen procedimiento debía terminar siempre en condena. Más de un siglo en el que la cárcel termina de encargarse de la integridad de lo que queda de esos seres humanos, etiquetados para siempre como delincuentes, sin que se les haya probado empíricamente nada.

En 2008, la reforma penal constitucional algo logró al cambiar las reglas hacia el modelo acusatorio, pero la práctica, respaldada en ese imaginario punitivo que ve delincuentes ontológicos y verdades históricas, ha sido el principal lastre para una adecuada implementación. Lo dicho: somos excelentes para reformar, pero pésimos para implementar. Y es que el puro cambio legal, si no se conduce junto a un cambio en la mentalidad de los operadores jurídicos, se torna gatopardismo.

Mientras la marea de “capacitadores” y “facilitadores” a los que dio lugar la reforma no entienda que el fin del sistema penal es, primero que todo, hallar el rastro empírico de un hecho para, una vez hallado y sólo si es hallado, confrontarlo con la ley para saber si se trata de un delito, la fabricación de pruebas y la condena de culpables, seguirá siendo la regla. De ahí que haya que enseñar a policías, a fiscales y a jueces a investigar hechos. No es menor, es la clave del sistema porque, sin hecho no hay delito, y proceder como suelen hacerlo, lo único que genera es injusticia e impunidad.

Las reglas del nuevo sistema se pueden perfeccionar, pero lo que es urgente es modificar la actitud punitiva y reorientarla por una que se proponga seriamente respetarlas. Por cierto, por si hay duda: Florence Cassez es inocente.

 

@LGlzPlacencia

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