Hacia una justicia de escalas

El tamaño del problema de la violencia en México requiere de una discusión amplia, profunda y responsable que no se decante, sin ser problematizada, sobre soluciones que respondan a circunstancias que podrían tener un origen y una forma.

En días pasados se llevó a cabo la más reciente de las reuniones que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha sostenido con las víctimas de la violencia en México. Sin duda, lo que más se comentó en redes sociales, fue el rostro azorado del futuro presidente ante la dureza de los testimonios que escuchó. Su expresión mostraba el gesto de quien recibe la noticia de un acontecimiento fatal, de esos que caen fuera de las manos de cualquiera.

Seguro pudo experimentar lo que muchas defensoras y defensores de derechos humanos hemos sentido cuando atestiguamos esa mezcla de impotencia, dolor, rabia y resistencia a la resignación que expresan las y los familiares de las personas desaparecidas quienes, aunque en efecto, quieren, antes que el castigo a los perpetradores, encontrar a sus seres queridos, no renuncian a la exigencia primerísima de obtener de aquéllos la información que les conduzca al hallazgo de estos últimos.

A raíz de este encuentro ha revivido la discusión sobre qué es lo que debe hacer el entrante gobierno electo en torno a la oferta de campaña del entonces candidato a la presidencia López Obrador sobre amnistía a los criminales que, poco a poco, se ha situado en el contexto más general de la llamada justicia transicional.

Sin embargo, hay que decir que el tamaño del problema que tenemos en México requiere, como ha sucedido en muchos lugares del mundo, de una discusión amplia, profunda y responsable que no se decante, sin ser problematizada, sobre soluciones que, por buena ventura que hayan tenido en otros lares, responden a circunstancias que podrían tener un origen, una forma y características distintas a las que vivimos en nuestro país.

En mi opinión aún hay que responder preguntas básicas; por ejemplo, sobre la naturaleza misma del conflicto, sobre los actores involucrados en éste, sobre la relación de los perpetradores con las personas y entidades afectadas y sobre qué tan refractarios son realmente los perpetradores a la amenaza del castigo.

Vale apuntar, por ejemplo, que mientras en otros contextos en los que se han ensayado modelos de justicia transicional la naturaleza del conflicto tiene una fuente política, en México, me atrevo a decir, el conflicto posee un trasfondo económico; se trata de una lucha de poder por la libertad para mercar ilícitamente por el territorio nacional. A reserva de mayor análisis, creo que hay evidencia para hipotetizar que la fuente primigenia de la violencia en el país, no es la búsqueda de poder político, sino el aseguramiento de las condiciones para mantener y hacer crecer un negocio que deja millones de dólares al año, cuya prohibición ha producido, además del elevado número de vidas perdidas, desapariciones y desplazamientos forzados, un modelo de mercado que hace tiempo, en la cara de nuestras autoridades, ha derivado en otros comercios ilícitos, como la trata de personas o el tráfico ilícito de combustible.

De ahí que definir a los actores involucrados en el conflicto sea más que elusivo, porque los perpetradores directos —los que secuestran, violan, matan y desaparecen a las personas— responden a liderazgos fungibles, cuyo apresamiento o abatimiento, solo es condición para la aparición de nuevos liderazgos igualmente fungibles.

Parece claro que, ante la ausencia de información básica sobre el paradero de las personas desaparecidas, la relación entre perpetradores y víctimas no posee bases ningunas para el perdón, sin que de modo previo haya una negociación que genere motivos a las partes para participar: la entrega de las personas desaparecidas, de sus cuerpos o restos mortales a cambio de una alternativa a la justicia penal, por ejemplo. Y entre los perpetradores y el gobierno, la misma oferta de justicia alternativa frente a la información necesaria, objetiva y real para llegar a los autores mediatos, quizá. Frente a estos últimos, responsables finales de la situación que vivimos, ni amnistía ni indulto, a menos que estén realmente dispuestos a colaborar con el desmantelamiento efectivo de las redes criminales, con la identificación positiva de las relaciones entre políticos, empresarios, organizaciones delictivas y grupos armados.

Finalmente, hay que discutir también la política criminal que el Estado deberá seguir frente a los tráficos ilícitos, habrá que pensar seriamente en la legalización de algunos de los mercados que hoy generan violencia y en el modo en el que se regularizaría la prevención, procuración y administración de justicia en aquéllos otros que no sean susceptibles de legalización, como es el caso, justamente, de la trata de personas o del tráfico de combustible.

En fin, de las respuestas que demos a estas preguntas, y seguramente a muchas otras que aparecerían en la discusión, tendría que surgir un modelo que dé lugar a una suerte de justicia de escalas, destinada a resolver, en niveles y con medidas diferenciadas, una realidad delictiva y violenta que es igualmente diversa y compleja que, justo por ello, no admite ocurrencias, ni tampoco soluciones prefabricadas.

 

@LGlzPlacencia

 

 

Close
Comentarios