Público o privado: el caso del hijo de Andrés Manuel

Que el hijo del presidente electo haya sido atendido en un hospital privado sería de interés público sólo si el dinero con el que se pagó ese servicio no hubiere salido de su bolsa.

Los comentarios que siguieron al accidente que sufrió uno de los hijos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, luego de que el niño fuera atendido en un hospital privado, dejaron ver actitudes de todo tipo expresadas en las redes. Más allá de los contenidos emotivos y de la maledicencia detrás de la discusión virtual, me parece claro que este “debate” hizo patente la confusión que existe entre aquello que realmente tiene interés público y lo que debe permanecer en el ámbito de lo privado.

La distinción entre lo público y lo privado no es menor en absoluto; marca la diferencia entre dos lógicas de relación entre las personas que obedecen a intereses de alcance y naturaleza mutuamente excluyentes.

Como lo enseña Habermas, la constitución de la esfera privada tiene una historia interesante en la modernidad pues fueron los constructores de la esfera pública, los liberales y la burguesía del siglo XVIII quienes, una vez asentados sus reales a través del capitalismo, se enclaustraron en un espacio independiente que, en oposición a la sociedad política y el Estado, se constituyó con la llamada “sociedad económica” —entiéndase el empresariado— y la familia. Para el siglo XIX estos ámbitos estaban ya definidos, así como los criterios de funcionamiento que debían caracterizarles: en el ámbito de lo privado, una lógica particularista, gobernada por un interés de carácter excluyente, donde el acceso a los bienes producidos en esa misma esfera lo garantizan dos mecanismos: el parentesco y el dinero. El primero de ellos coloca la preferencia en la familia, hace de ésta una importante institución para el acceso a los bienes con la condición principal de ser pariente, primero en sentido estricto, consanguíneo, pero claramente también en sentido simbólico. Por esta razón en el ámbito de lo privado no hay nepotismo, tanto los bienes como las posiciones se transmiten de padres a hijos, se heredan. El otro mecanismo pone el énfasis en el dinero y se basa en la competencia económica: los bienes, considerados mercancías, son para quien pueda pagarlos.

Lo público en cambio posee una lógica universal, gobernada por un interés incluyente, donde el acceso a los bienes busca ser garantizado por el derecho y los derechos. Ni el parentesco, ni el dinero tienen peso en este espacio, so pena de nepotismo o corrupción. Acceder a los bienes es un derecho porque los regímenes impositivos poseen un fin solidario: la gente paga un impuesto que el Estado distribuye para beneficio de alguien a quien no conoce.

Mientras que en el ámbito de lo privado ser pariente o tener dinero son condiciones de inclusión, en el de lo público el parentesco es condición de exclusión y el dinero no sirve para adquirir los bienes públicos que, justo por serlo, quedan fuera del mercado.

En los hechos, desafortunadamente, estos ámbitos se mezclan y es común hallar a los parientes beneficiándose de bienes públicos proveídos por funcionarios del Estado a todos los niveles; las mordidas, los moches, la venta de plazas, por ejemplo, dan cuenta de cómo el dinero privado puede ser usado para comprar impunidad o para acceder a puestos públicos. Es justo en esta zona gris donde lo privado se torna asunto de interés público, cuando los recursos y el poder públicos son usados para satisfacer intereses de naturaleza particular o privada.

El caso del hijo del presidente electo resulta atractivo para la prensa y la comentocracia porque Andrés Manuel es un personaje público que, además, será presidente constitucional del país. Pero hasta ahí. Que su hijo haya sido atendido en un hospital privado sería de interés público sólo si el dinero con el que se pagó ese servicio no hubiere salido de su bolsa. Tampoco lo hace de interés público la curiosidad sobre cómo el futuro presidente se mantenga, él mismo o a su familia, a menos que haya evidencia de que para ello se utilicen o hayan utilizado recursos públicos. Igualmente es incorrecto juzgar un hecho privado, como llevar al hijo a un hospital que no es público, desde el discurso que sobre la austeridad en las instituciones ha enarbolado el presidente electo —no hallo incongruencia entre proteger el patrimonio de las y los ciudadanos del dispendio a cargo de funcionarios, y al mismo tiempo usar el dinero propio en lo que el interés de cada quien determine, incluso malgastándolo.

Hay y habrá muchas cosas, que siendo efectivamente de interés público, debamos reclamarle al futuro titular del ejecutivo; pero que lleve a su hijo a un hospital privado, pagando con recursos propios, simplemente no es asunto de nuestra incumbencia.

 

@LGlzPlacencia

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