Sobre el futuro de la educación pública en México

Desde la perspectiva de los derechos, es imprescindible que la política educativa sea concebida desde su dimensión colectiva, en el entendido de que, si a la colectividad le va bien, les va bien también a los individuos; lo que no sucede viceversa.

El pasado sábado 29 de octubre tuvo lugar, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el foro Educación para el bienestar, convocado por el gobierno electo para discutir el porvenir de la educación en México. Estas son las palabras que pronuncié ese día, frente a quien ha sido propuesto como próximo Secretario de Educación Pública, maestro Esteban Moctezuma:

En la historia de nuestro país, la educación ha jugado siempre un papel preponderante, aunque ciertamente guiado por las ideas, las tendencias y los propósitos característicos de cada tiempo: desde las pretensiones evangelizadoras de la educación colonial, hasta la breve, pero significativa era de la educación popular del cardenismo, pasando por los ideales de los distintos liberalismos, centrados en las libertades fundamentales. Muy a pesar de las diferencias ideológicas de cada una de estas aproximaciones y, no sin experimentar decisivos vaivenes, la educación pública en México fue siempre una de las instituciones más importantes del y para el país.

No obstante, las reformas constitucionales que ha experimentado el sistema educativo nacional desde los años noventa del siglo pasado han puesto a la educación pública en un acelerado proceso de precarización y descrédito. Las reformas de entonces facilitaron las condiciones para que el sector privado creciera en el ámbito educativo, poniendo a las instituciones de educación pública a competir, entre sí y con las escuelas privadas, como una entre otras opciones en el seno de un exigente “mercado de la educación”. Una competencia que si bien ha señalado claramente las metas, —centradas, por cierto, en el propósito, no de formar ciudadanía, sino “capital humano”— no se ha hecho cargo de que la línea de salida es desigual, como desiguales son las condiciones de financiamiento e infraestructura que, desde entonces, van marcando la diferencia a favor de la educación privada.

Afortunadamente, desde junio de 2011 la educación es concebida en nuestro país como un derecho. Pero esa condición de derecho no se agota solamente en la igualdad de acceso, sino que es necesario dotarla de los contenidos que la doctrina internacional de los derechos humanos señala mediante los criterios de accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Desde la perspectiva de los derechos, es imprescindible que la política educativa sea concebida desde su dimensión colectiva, en el entendido de que, si a la colectividad le va bien, les va bien también a los individuos; lo que no sucede viceversa. Como un derecho social y dotada de contenidos fundados en los valores de los derechos humanos, la educación pública debe recuperar su vocación como formadora de una clase media amplia, sólida, incluyente y solidaria, que sea capaz de generar un contrapeso a los dos principales promotores de la violencia que, no casualmente desde los noventa, azota al país: el conservadurismo y la “dinerocracia”.

Frente a este desafío, la educación pública y en particular las universidades públicas, deben constituir un frente estratégico. Por ello es que resulta importante debatir sobre si la salida a esta crisis es la de crear más instituciones de educación superior —lo que seguro incrementará la oferta y la competencia, pero también diezmará los recursos y de cierto contribuirá a la pauperización del sector público universitario— o más bien la de fortalecer las existentes, dotarlas de los presupuestos que les permitan ampliar sus matrículas, erradicar el traslado de costos debidos a los déficits presupuestales a las y los estudiantes, incrementar las becas, mejorar su infraestructura, apoyar la cultura y las artes, fortalecer su planta docente y de investigación; en fin , cumplir con su tarea, que ciertamente no se agota en ser generadora de mano de obra calificada para el mercado y menos aún de promover la producción de nuevas servidumbres profesionales; sino la de constituirse en garantía constitucional de acceso a una educación cuya vocación principal sea la de formar una ciudadanía libre y responsable, técnicamente solvente, pero también informada, sensible a lo que sucede en torno suyo y comprometida con la transformación social.

 

@LGlzPlacencia

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