NAIM: ¿una nueva relación entre Estado y mercado?

Que el Estado estará ahí para estorbar el propósito particularista que hoy persiguen los megaproyectos y reorientarlo hacia el bien público debería ser el contenido del mensaje.

Coincido, sin duda, en que la consulta no era necesaria. Sin rigor, los resultados de un ejercicio que ciertamente aporta una innovación a la democracia de nuestro país, caen en el fangoso terreno de la posverdad. Sí había —como creo que las hay— razones para sostener la necesidad de suspender la construcción del aeropuerto en Texcoco, no era necesario usar a las personas para validarla. Porque, me atrevo a decir, habríamos preferido que se tomase como una decisión abiertamente política, sostenida en una argumentación sólida.

Creo incluso que el recurso a frases como “el pueblo no se equivoca” o “el pueblo manda” son, además de demagógicas, peligrosas, pues pensar que las decisiones deben tener un necesario respaldo popular puede conducir a la idea de que logros cuya legitimidad es necesariamente, contra-mayoritaria —como es el caso de las que conciernen a los asuntos relacionados con los derechos humanos— pueden se revertidos. O bien a la de que es posible validar pretensiones claramente discriminatorias y excluyentes, si las respalda la mayoría.

Sin embargo, hay que reconocer que el modo en el que se ha construido la decisión de suspender Texcoco para optar por el acondicionamiento de los aeropuertos Benito Juárez, Toluca y Santa Lucía ha sido, desde el punto de vista político, inteligente, audaz y también valiente.

Inteligente porque ha sabido reforzar ante el electorado que le llevó a ganar la elección presidencial la imagen de alguien que primero pregunta, que toma en cuenta a la gente y que respeta lo que ésta le dice, incluso frente a decisiones de gran trascendencia. A este sector evidentemente le importa menos el método que el resultado. Audaz, porque, en ese camino una parte importante de su electorado ha dudado, creo con razón, porque a diferencia del segmento anterior, a éste otro si le importa el método, incluso con independencia del resultado. Pero sobre todo ha sido una decisión valiente, porque representa un desafío directo, desde la política, al poder económico. Se trata de un mensaje fuerte que dista mucho de ser una locura, un capricho o una ocurrencia.

El NAIM está pensado como un megaproyecto, como un enclave destinado a detonar una zona económica de gran importancia dentro del Estado de México. Forma parte del legado de obras de esta naturaleza que han signado el desarrollo de infraestructura en el México del siglo XXI y que vemos crecer en muchas partes del país, a pesar de los desplazamientos de personas que provocan y de los impactos ambientales que generan, justificadas en discursos desarrollistas que, lo que de cierto producen, son importantes ganancias económicas que benefician principalmente a las empresas que se involucran con ellas.

Como todos los megaproyectos, se trata de obras que tienen un propósito particularista que está convirtiendo a los derechos en mercancías que, aun cuando conserven una cierta dimensión pública —porque teóricamente todos podemos acceder a ellas— se ofrecen en un entorno por completo privatizado, bardeado física y simbólicamente por la jurisdicción federal.

Un aeropuerto es un buen ejemplo de ello. Hoy, viajar en avión es una necesidad para quienes tenemos que desarrollar parte o todo nuestro trabajo en sitios a los que la relación distancia/tiempo torna inaccesibles por otras vías. Pero esperar en un aeropuerto es cada vez más como visitar un mall, porque además de ser una terminal, un aeropuerto es un gran centro de consumo, donde los precios, especialmente los de los alimentos, son tan elevados como el consumidor quiera pagarlos. Habría que hacer una reflexión más profunda sobre la amplitud del concepto “Hub”, que en un aeropuerto no se limita sin duda a su capacidad para conectar vuelos desde un centro estratégico, sino a la de conectar consumidores con los centros de consumo, ahí dentro, en los alrededores, las vías de llegada y de salida, en fin, como nodos de mercado que en un mundo como en el que vivimos no tienen nada de extraño, salvo porque los que se benefician son siempre los mismos, a costa de las personas usuarias.

Por eso el impacto de la decisión es trascendente: porque ahí donde nos hubimos habituado a que el mercado decidiera y el Estado le sirviera, esta vez la política metió la mano y, en nombre del Estado que promete ser, le puso una señal de alto. En efecto, para los más liberales esta es una alerta contra el “dirigismo” y los límites que éste supone al poder económico. Pues bien, si era eso lo que el presidente electo ofreció como un cambio radical hacia su cuarta transformación, lo que tal vez presenciemos en los próximos años sea un Estado fuerte al servicio del bien público y no del interés privado.

Que el Estado estará ahí para estorbar el propósito particularista que hoy persiguen los megaproyectos y reorientarlo hacia el bien público debería ser el contenido del mensaje. No menos que eso, pero tampoco más. En mi opinión, decisiones como ésta poseen racionalidad si, por ejemplo, se las funda en los DESCA; por tanto, no requieren del riesgoso respaldo popular. Los derechos humanos son, por naturaleza, contra-hegemónicos y eso les convierte en límites claros a los llamados “poderes salvajes”. Ojalá el gobierno electo tenga esta consideración en su radar.

 

@LGlzPlacencia

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