Argumentos para entender al presidente electo

Lo que está haciendo el presidente electo es pertrecharse; es crear un nuevo entramado de control que funcione en todos esos ámbitos —protección armada y controles administrativos, políticos y jurídicos— que mantenga a raya los poderes fácticos para que éstos le permitan gobernar.

Como una persona preocupada por el respeto de los derechos humanos no puedo aceptar de ningún modo la militarización de la seguridad pública, una vez más, en el país; pero una cosa es que no la acepte y una muy otra es que no trate de entenderla. Como sociólogo que soy me queda claro que a Andrés Manuel hay que leerlo en una clave distinta a las que solemos recurrir cuando hacemos análisis, suponiendo que abordamos una realidad de normalidad democrática. Creo que nos hemos perdido en miradas parciales que tendríamos que intentar integrar en una panorámica mucho más amplia. La transición que estamos viviendo no es sólo un cambio de poderes, sino —al menos eso es lo que ha dicho reiteradamente el presidente electo— un cambio de régimen: uno que se propone revertir la relación de subordinación que desde el presidente De la Madrid hasta el presidente Peña ha tenido lugar entre Estado y Mercado a favor de éste último.

Este cambio es para nada menor; se trata literalmente de una subversión, que es el sentido fuerte en el que hay que interpretar la idea de una cuarta transformación, si es que aceptamos que la frase encierra mucho más que una balandronada. Las evidencias que pueden apoyar esta hipótesis las encuentro en el nerviosismo de los mercados, frente a provocaciones concretas que hemos visto en los últimos días: me refiero a la caída de la bolsa frente al amago de eliminar las comisiones en la banca, y como efecto de la iniciativa de reformas a Ley Minera según la cual la Secretaría de Energía tendría la facultad de declarar como inviables zonas para la explotación minera. Junto con la cancelación del aeropuerto en Texcoco, estos eventos constituirían una suerte de esgrima de sombra que, antes de ejercer el poder, el próximo gobierno ha puesto en marcha para tantear el terreno; para tener evidencia empírica, es decir, tanto del respaldo social que conserva, como de lo que tendrá que enfrentar si gobierna, como parece que lo hará, con una política económica intervencionista.

En ese contexto, ni la guardia nacional, ni la negativa a apoyar una fiscalía independiente, ni el nombramiento de los coordinadores estatales carecen de sentido pragmático. En primer lugar, porque el giro hacia un estado social supone un desafío directo a privilegios concedidos por años a los poderes económicos, a la oligarquía que configura el tipo de capitalismo que tenemos en el país; en segundo, porque la presencia de esos poderes en las estructuras de gobierno, muchos de los cuales permanecerán enquistadas en los gobiernos locales, es un riesgo permanente para el poder que pretende constituirse ajeno a ellos —en otras palabras: ¿qué tan independiente puede ser un fiscal independiente? ¿Qué tan confiables pueden ser las fuerzas armadas encerradas en sus cuarteles? ¿Qué tan confiables puede ser el uso que los gobernadores dan al dinero público? En tercer lugar, porque el desafío al mercado legal no puede obviar que hay otra cara de ese mismo mercado que representa una elevada fuente de inestabilidad, principalmente porque hay evidencia que supone que no hay un límite claro entre el dinero limpio, el dinero sucio y el dinero lavado. En mi perspectiva, estas son cuestiones que alguien que, no solo pretende gobernar un país que vive múltiples violencias —legales, ilegales y estructurales— y que genera tantas víctimas, sino que pretende transformarlo, tiene, necesariamente, que tomar en cuenta. En el nuevo tablero estratégico, es muy probable que el estado de derecho deba dejarle el sitio a un nuevo derecho del estado, funcional a una -nueva también- economía política.

En esta lógica recurrir a las fuerzas armadas no sólo significa darles un voto de confianza; es traerlas de su lado, es construir una línea de protección armada leal al nuevo proyecto de nación. Tener coordinadores que vigilen el desempeño de los gobernadores se vuelve fundamental para generar un control administrativo del dinero público e intentar garantizar que no sea privatizado. Tener los hilos del nombramiento de un fiscal en el que el presidente pueda confiar es crear una línea de defensa jurídica. En esa misma lógica, el perdón a los políticos corruptos juega también como garantía política de inmunidad.

Así vistas las cosas, lo que está haciendo el presidente electo es pertrecharse; es crear un nuevo entramado de control que funcione en todos esos ámbitos —protección armada y controles administrativos, políticos y jurídicos— que mantenga a raya los poderes fácticos para que éstos le permitan gobernar.

En este largo interregno, a riesgo incluso de perder un poco de la legitimidad ganada en campaña, el presidente electo está demostrando que tiene claro que una cosa es conquistar una nación, como indiscutiblemente lo hizo como candidato, y otra es pretender gobernarla, para lo que necesita poder y control sobre el Estado.

No he dicho que este proceder se justifique, al menos no en los parámetros de democracia en los que suponemos vivir; pero como dije, a Andrés Manuel hay que leerlo en una clave distinta, cifrada en una lógica económica, política y jurídica que habrá que aprender a interpretar para entenderla, estemos o no de acuerdo con ella.

 

@LGlzPlacencia

Close
Comentarios