Adriana Manzanares, una más

La resolución de la Corte es un reconocimiento necesario de la inocencia de Adriana Manzanares, encarcelada casi 7 años por abortar. Ahora las organizaciones que la defendieron verán cómo ayudar para garantizarle techo y comida y ayudarla a recuperar a sus hijos, en un ambiente fuera de su comunidad a la que ya no quiere regresar.

Por: Alma Beltrán y Puga (@almandina19)

“Que le echen muchas ganas las mujeres, que no pierdan la fe”, dijo Adriana Manzanares al salir de la cárcel de Chilpancingo, Guerrero, el miércoles 22 de enero, fecha en que obtuvo su liberación gracias a un amparo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Las palabras de Adriana al salir de la prisión después de casi siete años de privación de la libertad y antes de reunirse con sus hijos, son conmovedoras porque demuestran una triste realidad del país: el caso de Adriana no es único, hay muchas mujeres mexicanas que son injustamente acusadas de homicidio o de aborto por no continuar con su embarazo, sea cual sea la razón que las coloca en esa circunstancia.

La maternidad, ese proyecto de vida que se ha históricamente achacado a las mujeres, parece ser un premio o un castigo, pero nunca una elección. En el caso de Adriana, como el embarazo era resultado de una infidelidad, fue golpeada por su padre y su esposo, y avergonzada por integrantes de su comunidad indígena por la terrible ofensa cometida a su marido, quien regresó de Estados Unidos después de 6 años de ausencia. El aborto que tuvo, seguramente ocasionado por los golpes, fue considerado un homicidio por el Juez Penal,  que la condenó a 22 años de prisión. Después de enterrar a su hijo en la montaña, fue denunciada ante el Ministerio Público por el Comisario Ejidal. La pareja de Adriana fue acusada de encubrimiento, pero liberada a los pocos meses.

En una sociedad católica como la mexicana, la culpa de la infidelidad, del embarazo, del aborto parece siempre ser de las mujeres. “Por mi culpa, por mi culpa, por mi propia culpa…” se repite el eco de las personas creyentes en las iglesias. Pero ni la culpa ni el castigo terrenal es impuesto de la misma forma para hombres que para mujeres. En general, las mujeres son las putas, las que “se lo buscaron”, las que usan minifaldas provocadoras o seducen a otros hombres mientras sus maridos se encuentran de viaje. Los hombres siempre caen en las redes de estas mujeres. Por eso hay que juzgarlas y castigarlas, a ellas.

Adriana fue juzgada y condenada no por los usos y costumbres indígenas de su comunidad, como se pudiera pensar, sino por los usos y costumbres de la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos. Tanto en las comunidades urbanas como en las rurales, la sexualidad de las mujeres siempre es objeto de juicio y escrutinio, de cuchicheo, represión y castigo. Es una sexualidad, parafraseando a Catherine MacKinnon, practicada y juzgada en función de las necesidades y los deseos masculinos. Y cuando a esa comunidad masculina no le parece tal o cual ejercicio de la sexualidad femenina, se castiga.

El proceso penal refleja también los prejuicios de género respecto del tema del aborto y la imposición de la maternidad, en la que las mujeres siempre son las responsables del embarazo, el parto, las complicaciones que hay durante el proceso, de si el hijo/a nació bien o mal, de si vivió o murió. No importa la causa o la circunstancia en la que la mujer se encuentre, no importa si ella deseaba continuarlo o no, si sufrió violencia durante el embarazo, si no puede mantener otro hijo o hija, si tiene apoyo de la pareja o es madre soltera, si no tuvo atención médica prenatal. En ningún caso debe abortar porque eso es un pecado, lo castiga Dios y la sociedad, por no cumplir los mandatos biológicos y sociales, por desafiar las normas para lo que están hechas las mujeres: ser madres.

Por estos mandatos biológicos, divinos y sociales, fue castigada Adriana. Aunque el proceso se siguió sin traductores que hablaran su lengua nativa y sin una defensa jurídica adecuada, el Juez Penal consideró que Adriana era culpable de haber cometido un homicidio. Posteriormente, la Clínica Jurídica del CIDE y la organización de derechos humanos de las mujeres de Guanajuato, “Las Libres”, encabezada por Verónica Cruz, tomaron la defensa y consiguieron su libertad. Como lo apunta Verónica Cruz, los argumentos de la defensa jurídica de Adriana se basaron en violaciones al debido proceso ya que “no había ninguna prueba válida en su contra”, la justicia comunitaria en este sentido no podía constituir una prueba legal ni tampoco la docimacia pulmonar, otra de las pruebas comunes en este tipo de casos, que carecen de sustento científico. Por lo tanto, Adriana, no tuvo una defensa jurídica adecuada y se violó la presunción de inocencia. Claramente, como dice Verónica, “no había delito que le pudieran comprobar ni razones para que estuviera en la cárcel”.

Por la trascendencia del caso, la SCJN atrajo el amparo y el asunto no pudo caer en mejores manos que en las del Ministro Arturo Zaldívar, quien fue el encargado de redactar el proyecto de sentencia, proponiendo el amparo de la justifica federal, de forma “lisa y llana”, lo que significaba una liberación inmediata. El Ministro Zaldívar consideró que se habían cometido efectivamente violaciones al debido proceso en la acusación y en el juicio de Adriana. La Primera Sala de la Corte aprobó la propuesta del Ministro Zaldívar considerando que no había pruebas suficientes que acreditaran la responsabilidad de Adriana en el delito, entre ellas, el dictamen de la necropsia donde se estableció que el feto había nacido vivo y había muerto por causa de un traumatismo craneal. En este sentido, el peritaje en cuestión no es contundente sobre la causa de la muerte.

Por otro lado, también se consideró que los derechos constitucionales a una defensa adecuada y a la no autoincriminación de Adriana habían sido violados en el proceso, toda vez que, siendo ella parte del grupo étnico tlapaneco de Guerrero, no contó en las diligencias llevadas ante el Ministerio Público con la presencia y traducción de un intérprete que conociera su lengua y su cultura.

En su jurisprudencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha reiterado la importancia de que las personas indígenas acusadas en un proceso cuenten con un intérprete que conozca la cosmovisión indígena y que actúe como un “puente cultural” para que la persona indígena entienda a cabalidad el juicio que está enfrentando y pueda defenderse adecuadamente.  Contar con un intérprete es parte fundamental del derecho a la defensa adecuada de las personas indígenas para lograr una comunicación efectiva en el juicio que  garantice el resguardo de sus derechos humanos.

La SCJN, por unanimidad de los cinco Ministros que integran la Primera Sala, resolvió otorgar el amparo, ya que el juicio penal llevado en contra de Adriana debió de haber cumplido con las particularidades que establece la Constitución con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, Adriana en ningún momento fue informada de este derecho y, en consecuencia, no contó con un intérprete que conociera su cultura, violándose su derecho de defensa adecuada.

La resolución de la Corte es un reconocimiento necesario de la inocencia de Adriana. Una parte fundamental de todo proceso legal injusto es el poder simbólico que tienen las sentencias de libertad. Es un poder reparador, en cierta medida, de lo sucedido. De acuerdo con lo que Verónica Cruz le platicó a GIRE, para Adriana éste ha sido un fallo muy importante para poder empezar a reconstruir su vida. Ella siempre les manifestó a Las Libres que no podía ni quería regresar a su comunidad. Una de sus mayores preocupaciones era recuperar a sus dos hijos – y que se reconociera que la criminalizó su familia y luego su comunidad. Ahora las organizaciones, en su próxima reunión con ella esta semana, verán cómo ayudar para garantizarle techo y comida. Necesidades apremiantes que ella tiene, y por supuesto, Adriana quiere tener a sus hijos consigo, los quiere recuperar, por lo que también se verá qué se puede hacer al respecto para reconstruir su tejido familiar y comunitario.

Sin duda, Adriana es una más de las mujeres que son injustamente acusadas y criminalizadas por la sociedad y el Estado. Sin embargo, es de las pocas que salen libres. Desde GIRE, una felicitación al CIDE y a Las Libres por el trabajo que han realizado en la defensa del caso, y a la Primera Sala de la SCJN por el otorgamiento del amparo, especialmente al Ministro Zaldívar.

Ojalá el caso de Adriana sirva para que el Estado no criminalice más mujeres que enfrentan una interrupción del embarazo, ni tolere el estigma social y los prejuicios de género discriminatorios que tan profundamente están arraigados en la sociedad mexicana. Por el contrario, se garanticen servicios públicos de salud reproductiva oportunos y accesibles para todas las mujeres, indígenas y no indígenas, de este país. Para que la decisión de ser madre o no serlo, sea eso: una decisión libre de las mujeres, apoyada por el Estado, y no un acto de fe.

 

* Alma Beltrán y Puga es Coordinadora Jurídica de GIRE

 

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