Crisis en la sucesión de la CDHDF

En el contexto de crisis de violaciones a los derechos humanos que vivimos, se requiere en la CDHDF a una persona que dirija la institución con autonomía, independencia y acompañamiento a las víctimas.

Por: Omar Feliciano (@tipographo)

En las semanas recientes, la sucesión en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha estado en la arena pública gracias a la insistencia de varias organizaciones civiles que siguen este proceso. Este nombramiento deberá estar más allá de apreciaciones subjetivas o afinidades políticas; debe ser el resultado de una amplia deliberación pública, transparente y accesible, donde se aporten datos para el debate. En el contexto de crisis de violaciones a los derechos humanos que vivimos se requiere una persona que dirija la institución con autonomía, independencia, acompañamiento a las víctimas, y capaz de emitir y dar seguimiento a recomendaciones que atiendan a los problemas estructurales.

Un grupo de personas que fueron parte del consejo consultivo de la CDHDF hizo pública una carta donde pide que se recupere el piso mínimo de credibilidad de este organismo. Entre las características, solicitan una amplia trayectoria y conocimiento de los derechos humanos, además de cualidades gerenciales para que la institución se coloque como un contrapeso y referente, tal como lo ha sido en gestiones pasadas.

Entre los firmantes se encuentran José Woldenberg, Denise Dresser, Santiago Corcuera, Elena Azaola y Clara Jusidman. Señalaron con énfasis en su texto la “espiral de debilitamiento institucional” que se vivió en los últimos cuatro años, en los que la Comisión se distanció de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y la ciudadanía en general. Perla Gómez respondió a los cuestionamientos declarando que era un documento “poco serio” y que “ellos van a decidir que cambian al mundo, pero nunca han tenido una titularidad ni una responsabilidad”.

Las organizaciones y personas que siguen el proceso han llamado la atención sobre “la CDHDF que queremos”, apuntando a cuatro ejes: atención a víctimas, gestión interna, relación con consejo consultivo y con sociedad civil y la autonomía en relación con el gobierno. Se ha instaurado una política institucional de trato selectivo, por lo que a pesar de que cientos requerirían una reparación integral a las violaciones de derechos humanos, sólo unos pocos logran una recomendación; este año se emitieron siete recomendaciones. La administración presionó al personal para que se concluyera el rezago, por lo que este año se concluyeron 9 mil 903 quejas mientras que se recibieron 8 mil 196. Forzar la conclusión empeoró la atención a las víctimas: 69 % de las quejas concluidas alegaron que no se tenían elementos suficientes.

Sobre la gestión interna señalaron una política de despidos que ha sustituido al personal de carrera por personal de honorarios y que ha resultado en una erogación de 40 millones de pesos. Mientras que la relación con el Consejo Consultivo se erosiona al perder la voz y al existir irregularidades en el proceso de reemplazo. Los dos nuevos consejeros no han sido llamados para tomar protesta. En relación con la sociedad civil, se cerró la colaboración con organizaciones como en la elaboración conjunta de informes temáticos.

Las organizaciones civiles también señalaron que había personas que no deberían ser elegidas pues comprometerían la autonomía de la institución: Alfredo Rojas Díaz Durán, Armando Hernández Cruz, Daniel Balboa Verduzco, Juan Armando Ruíz Hernández, María Olga Noriega Saenz, Mucio Hernández Guerrero y Perla Gómez Gallardo, la actual presidenta de la institución. Esta última llegó al proceso con una demanda por peculado, tráfico de influencia, coalición de servidores públicos, entre otros, interpuesto por la ONEA (Organización Nacional Anticorrupción).

La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa no pudo ponerse de acuerdo y postergó la elección, pese a que se había decretado sesión permanente hasta dictaminar el nombramiento, demostrando así la crisis actual que se vive. Será hasta el martes que este cuerpo legislativo presente una propuesta consensuada al Pleno de la Asamblea Legislativa. De acuerdo a fuentes cercanas al proceso, Ma. Olga Noriega Saenz se perfilaría como una opción viable para quienes apoyan la reelección de Perla Gómez y para quienes quieren ver un cambio de administración. Lamentablemente la visión de la abogada e investigadora en materia de derechos sexuales y reproductivos deja que desear, siendo contraria a la interrupción legal del embarazo, de acuerdo a fuentes cercanas. Seguiremos con atención el proceso en estos días.

 

@GIRE_mx

Close
Comentarios